ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
La política en Venezuela es concebida como una actividad conducida por
los partidos políticos que electoralmente buscan el Poder. No es percibida como
una actividad del ciudadano, quien consciente de su vida en comunidad y de su
responsabilidad cívica en las ciudades, debe buscar la mejora permanente de su
calidad de vida y la de aquellos que conviven con él. En Venezuela existen
personas que viven juntas en las ciudades pero no como ciudadanos, sino como
habitantes. Esa es la razón fundamental por la cual la actividad política no se
corresponde con una actividad ciudadana, de manera que esta se vuelque en
beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo hacer para lograr que los
habitantes de las ciudades en Venezuela se conviertan en ciudadanos? O mejor
dicho, ¿cómo construimos ciudadanía?
Una vez alcanzada la liberación del territorio que ahora lleva el nombre
de Bolivia, El Libertador, consciente que el esfuerzo de la libertad era inútil
sin educación, envió a su propio maestro, Don Simón Rodríguez, para organizarla
en esa nueva República. Lamentablemente esta labor no pudo ser llevada a cabo,
al pasarle a Simón Rodríguez lo mismo que siempre les pasa a todos aquellos que
piensan muy adelantados a su tiempo: no fue comprendido.
El Maestro Rodríguez sostenía una tesis, a mi juicio muy avanzada tanto
para su época como para la nuestra, según la cual es una contradicción desear
Repúblicas sin republicanos. ¿Y cómo se
resolvía eso, de acuerdo a Simón Rodríguez? De la única manera que hay:
formándolos en las escuelas para que las Republicas que estaban naciendo y
obteniendo su libertad de la espada de sus soldados, se pudieran sostener. De
acuerdo al Maestro, la materia más importante de esa formación debía ser “la
sociabilidad”. Esa materia en términos modernos se llamaría “ciudadanía”.
Decía el Maestro Rodríguez citado por Arturo Uslar Pietri: “el que nada
sabe, cualquiera lo engaña, el que nada tiene, cualquiera lo compra”. En las
múltiples enseñanzas que Uslar Pietri nos legó, afirmaba que en esta tesis de
Simón Rodríguez, “se trataba de enseñar para que nadie pudiera engañar a otro y
de darle una base productiva para que nadie pudiera comprarlo, para que fuera
un ciudadano” (ver Arturo Uslar Pietri, Serie en video “Simón Rodríguez” en
Youtube, Partes 1, 2, y 3: https://youtu.be/uKEE7qCOox4,
https://youtu.be/9AgJbztyRgY, https://youtu.be/2ExSCFfHMe4). De acuerdo a esa
enseñanza, una primera aproximación conceptual del ciudadano sería aquel que no
puede ser engañado porque tiene una educación, ni tampoco puede ser comprado
porque tiene una base productiva que lo impediría, basada en esa misma
educación. Paradójicamente, si en el siglo XIX un planteamiento como ese pudo
haber sido ambicioso y fracasar, deberíamos preguntarnos porque todavía fracasa
en pleno siglo XXI.
Debemos entonces crear el sustrato necesario para que nazcan y se
desarrollen aquellos que deben realmente hacer la política: los ciudadanos. Si
esto no es así, quienes terminarán haciéndola serán los aventureros y los
oportunistas, individuos sin arraigo alguno con la ciudad y el país, quienes
buscaran alcanzar el Poder para su propio beneficio. No en vano los resultados
catastróficos que hemos tenido de las gestiones de gobierno en todos los
niveles: nacional, estadal y municipal, durante los casi 60 años desde 1958.
¿Se puede civilizar la política? Esto es, ¿se puede hacer que quienes
hagan la política sean los ciudadanos? Yo creo que si es posible. A más de dos
siglos de haber fracasado el Maestro Rodríguez en su intento de crear
ciudadanos en Bolivia, aun pretendemos hacer Repúblicas sin republicanos. Salvo
honrosas excepciones, quienes han ocupado las principales posiciones en
Venezuela han desestimado esa preocupación del Libertador al enviar a su
maestro a Bolivia.
Es imposible someter a un pueblo culto consciente de sus derechos. Por
esa razón los países con indicadores altos en materia educativa disponen de
gobiernos respetuosos de los derechos humanos con altos grados de desarrollo
social y económico.
Si la base de nuestro Pacto Social fundamental, la Constitución, está
estructurada de forma tal que sea el Estado quien distribuya (el Estado
benefactor), quien decida cuanto y en qué forma darle a los ciudadanos su parte
del reparto de la renta del país, conceptualmente estamos partiendo del modo
equivocado. Eso nos condiciona en el Pacto a que hay alguien que da y otro que
recibe, independientemente de las porciones que se repartan. Ese esquema
condiciona y genera de por si la lucha por el poder de quienes buscan repartir
en su propio beneficio.
No se plantea en la Constitución que son los ciudadanos los que deben
trabajar para el sostenimiento de las Instituciones del Estado. No existe la
capacidad ciudadana para manejar los impuestos y la discrecionalidad política,
administrativa y financiera necesaria para resolver su diario vivir y su
calidad de vida.
Al no ser eso así, queda en las manos de quien reparte proveer el
bienestar ciudadano, y de allí comienza la feroz lucha de los factores
políticos para alcanzar las posiciones de Poder que les permitan ejercer la
administración del Estado, pervirtiendo el objeto fundamental de su propia
razón de ser, que no es otro que el de proveer bienestar y calidad de vida a
los ciudadanos, generando corrupción y elites corruptas.
El Municipio, unidad básica y fundamental del territorio que reúne bajo
su seno a las comunidades agrupadas en ciudades, en la actualidad dependen para
sus necesidades más elementales del auxilio financiero del Estado. La
organización que nos hemos dado a través de ese Pacto Social, desde hace varias
Constituciones aún reparte la renta del país hasta en un 20% a todos los
Estados y Municipios, a través de una figura jurídica denominada Situado
Constitucional (Artículo 167.4 Constitucional). De ese 20%, los Municipios han
recibido históricamente a su vez un 20%, quedándole al Estado regional el 80%
restante de ese 20%. Es un Pacto absurdo donde los ciudadanos reciben la menor
parte y solo gana quien reparte, que se queda con el 80%.
En otras palabras, el Municipio, el lugar donde viven las personas,
donde desarrollan sus actividades, su trabajo, su recreación, se educan y
conviven, recibe la parte más ínfima en el reparto, quedando al arbitrio de una
entidad superior, “El Estado”, la buena o mala administración de la parte más
grande. Los impuestos nacionales como el IVA, no se regresan a ellos en la
misma proporción, así como tampoco los impuestos de transacciones
inmobiliarias, y aquellos provenientes de los registros y notaría de
documentos. De esta manera, en ninguna parte de Venezuela los ciudadanos
disfrutan de los impuestos que ellos mismos generan, quedando estos a la
discrecionalidad de quien conduzca el Estado, y de su buena o mala
administración, y no de los ciudadanos que los producen. Eso no ocurre en
ningún lugar del mundo.
¿Puede ser ese un esquema viable? ¿Cómo pueden las personas
consustanciarse con sus problemas y sus soluciones en las ciudades cuando no
está en ellas el poder resolverlos? ¿Qué interés puede tener? En pocas
palabras, ¿cómo puede alguien ejercer su ciudadanía, si de entrada esta
cercenada su capacidad de ejercerla? El sistema que tenemos no está diseñado
para hacer ciudadanos sino habitantes, o peor aún, borregos sin criterio que
deben ser conducidos al matadero de quien tiene el poder.
Tenemos entonces ciudades repletas de personas -habitantes- esperando
que “alguien” resuelva que las calles están rotas, que llegue el agua, que
funcione el servicio eléctrico, que haya trabajo, y pare usted de contar. Con
las complejidades de hoy, los problemas se han multiplicado exponencialmente y
es imposible para pocas personas, aun teniendo los recursos, poder
administrarlos eficiente y oportunamente para las grandes mayorías. Y cuando
los recursos son escasos esa tarea es virtualmente imposible.
Entonces debemos empezar por el principio: volver al ciudadano.
Plantearnos que un sistema que se base en que alguien lejos del propio
ciudadano pueda resolver los problemas y necesidades mejor que aquellos que
habitan en sus propias comunidades, es un sistema que debe ser sustituido por
otro que efectivamente esté consustanciado con los problemas de la gente. Pero
que ese nuevo sistema le entregue no solo el poder político sino también los
recursos y las responsabilidades, a fin de que las comunidades puedan hacer
contraloría y seguimiento cercano.
Para cambiar esa relación tóxica que tenemos en la actualidad entre el
Estado y la sociedad debemos discutir de nuevo los términos de ese Pacto
constitucional. No es el Estado el que debe “darle” a los ciudadanos, son los
ciudadanos los que deben ejercer sus derechos al asumir a conciencia su
responsabilidad de conducir el Estado en todos sus niveles. Y en ese Pacto
establecer su plena autonomía para hacerlos efectivos.
En palabras más sencillas, los ciudadanos no necesitan que la
Constitución diga, por ejemplo, que los Estados y Municipios tienen el derecho
de recibir un Situado Constitucional de X porcentaje de parte de un Estado
benefactor, sino que diga que sus administradores tienen el deber, el derecho y
la responsabilidad de cobrar los impuestos en todos los órdenes que
correspondan y la obligación de administrarlos y ejecutarlos a favor de los
ciudadanos en las comunidades donde se producen. Y que los ciudadanos de esas
comunidades tienen el derecho y el deber de realizar la contraloría ciudadana
necesaria para controlar que efectivamente eso ocurra. La vieja máxima de no
dar un pescado sino enseñar a pescar. Esa es la manera más antigua y elemental
de crear responsabilidad ciudadana.
Y dadas esas atribuciones constitucionales, entregarles asimismo la
responsabilidad de velar por la salud, seguridad, infraestructura, etc., que
hasta ahora detenta el Estado centralizadamente por construcción
constitucional. Romper constitucionalmente con la forma de Estado centralizada
en los hechos, entregando a los Estados y Municipios la autoridad y el derecho
de administrar los recursos del país que hasta este momento detenta un solo
administrador: el Poder Ejecutivo a cuya cabeza está el Presidente de la
República.
El lugar por excelencia para discutir ese nuevo estado de cosas y
debatir un nuevo Pacto Social constitucional, político y ciudadano se denomina
Asamblea Nacional Constituyente. Nos encontramos convocando ahora ese nuevo
Pacto para las nuevas generaciones, y eso pasa por la redefinición del papel
del ciudadano en la política y a su vez por la redefinición del papel del
Estado en esta nueva ecuación social. De los ciudadanos depende cambiarlo e
imponerlo como una nueva forma de cultura ciudadana de concebir la política en
el país, dejando a un lado de una vez y para siempre, la separación y el
enfrentamiento de la política con la ciudadanía, entre otras cosas porque al
finalizar este sueño, la política será la obra perfecta de los ciudadanos.
Luis Manuel Aguana
luismanuel.aguana@gmail.com
@laguana
Caracas - Venezuela
luismanuel.aguana@gmail.com
@laguana
Caracas - Venezuela
No hay comentarios:
Publicar un comentario