UN MURO CONTRA LAS ELECCIONES
Nicolás Maduro quiere mantener la ficción del diálogo. No puede patear
la mesa, como lo hizo Marcos Pérez
Jiménez en diciembre de 1952, cuando
perdió las elecciones ante Jóvito Villalba. El Vaticano, la OEA y Mercosur lo
siguen con un monitor al que no se le
acaba la pila. Su cínico y artero subalterno, Jorge Rodríguez, insiste en que
de forma “terca” el Gobierno persistirá
en el “diálogo” y nada lo apartará de él.
¿De cuál diálogo habla el
gobierno? Todo sería muy sencillo si respetase a la mayoría opositora de la
Asamblea Nacional, con más de ocho millones de votos; reconociese a la MUD,
primer partido nacional, por encima del PSUV; y fijase el calendario electoral
en el cual se establezcan la fecha de los comicios para gobernadores, vencidos
desde el año pasado, y se determinase la
consulta para elegir alcaldes. Estas dos últimas citas son constitucionales. En
la Carta del 99 se señala que cada cuatro años vence el período de las
autoridades regionales y locales
Pero, resulta que el régimen levantó una muralla para impedir la
realización de esas consultas. Diosdado Cabello, con su sutileza
característica, ha dicho en numerosas ocasiones que en este país se acabaron
las elecciones por una temporada muy larga; hasta que los rojos puedan volver a
ganar, es decir, nunca más. Héctor Rodríguez, jefe de la fracción parlamentaria
del PSUV declaró que para su partido
“los comicios no son prioritarios”, forma poco elegante de lanzarlos al
basurero. Para cerrar el círculo, Vladimir Padrino López, general de los
centuriones del régimen, luego de declarar que la FAN es “Zamorista,
Anti-Oligárquica y Propulsora de la Igualdad Social y la Unión Cívico-Militar”,
denuncia que pedir elecciones forma parte de un plan para “desprestigiar al
gobierno”.
A la elección de los mandatarios estatales, una de las conquistas más
significativas de la segunda mitad del siglo XX, Nicolás Maduro y sus cómplices
tratan de desterrarla.
Como el atentado contra la Constitución y la descentralización resulta
tan burdo, fue preciso idear un mecanismo que maquillara la operación. La
patraña consiste en ilegalizar la MUD e impedir que los partidos políticos que
la integran se legitimen en un plazo breve. Las armas con la que se comete el
delito son el TSJ y CNE. La MUD supuestamente se encuentra inhabilitada por el
TSJ, debido al “fraude” cometido por esta organización con la recolección de
las firmas para el referendo revocatorio de 2016. En consecuencia, al no
existir legalmente esa plataforma unitaria, sus partidos integrantes tienen que
realizar los trámites necesarios para legalizarse ante el organismo electoral.
Ahora bien, ¿cómo puede ilegalizarse el primer partido nacional, ese que obtuvo
más de ocho millones de votos en diciembre de 2015 y creado por los requisitos
impuestos por el CNE? Los plazos y el cronograma establecidos por las señoras
que dominan la cúpula electoral es imposible cumplirlos. Estamos en presencia
de una institución electoral sui generis: obstaculiza las consultas comiciales
ordenadas por la Constitución y boicotea a los partidos, organizaciones
fundamentales de la lucha electoral. Entonces, ¿para qué sirve un organismo que
no cumple con la misión para la cual fue creado y que aparece claramente
delineada en la Carta Magna y en la Ley de Procesos Electorales? Sirve solo
para tratar de perpetuar el régimen dándole a sus tropelías un tenue barniz de
legalidad. Esta función la desempeña en comandita con el TSJ.
Nicolás Maduro intenta reproducir el mismo esquema aplicado por Daniel
Ortega en Nicaragua: segrega a la oposición, se vale de unos esperpentos que se
desempeñan como “opositores” y le da una
capa de maquillaje electoral a su régimen autoritario. Carece del coraje
para declararse dictador e ignorar las elecciones, expediente utilizado por
Pérez Jiménez en 1957, por eso se vale de
tretas burdas como las que estamos presenciando.
Maduro y sus compinches quieren un diálogo sin elecciones ni partidos
políticos. En otros términos: buscan aniquilar la democracia contando con el
consentimiento de la oposición y el espaldarazo de la comunidad internacional.
Para la MUD sería un suicidio aceptar las condiciones fijadas por las
amanuenses del CNE. Ahora la primera condición que debe exigirle al régimen es
el reconocimiento y aceptación de su propia condición de interlocutor válido e
insustituible. La MUD posee una legitimidad avalada por el voto de millones de
venezolanos y el reconocimiento internacional. La legitimación de los partidos
en la actualidad es una trampa inadmisible.
Sin la MUD no hay diálogo.
Trino Marquez Cegarra
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Miranda - Venezuela
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