Hace pocas horas, mientras escribía ésta columna, los integrantes de la llamada “Mesa de Diálogo” conjuntamente con integrantes del régimen Madurista, se encontraban reunidos en un hotel de la ciudad de Caracas, coordinando cuales serían los posibles nombres para integrar la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral.
El anterior señalamiento, sería producto de la aplicación tras bastidores, una vez más, de la fórmula de la Omisión Legislativa, que otorga prácticamente la potestad al Tribunal Supremo de Justicia de designar mediante un procedimiento propio, no previsto en la Ley del Orgánica del Poder Electoral, a los integrantes del CNE, como ya ocurrió en anteriores oportunidades.
Todo fuera más o menos normal, si al menos la toma de esa vital decisión, se basara en las propuestas y el trabajo del Comité de Postulaciones Electorales, que dentro de la pluralidad se hubieran postulado un número significativo de ciudadanos, que se cumplieran las etapas de evaluación de perfiles, entrevistas y depuración, hasta llegar al número indicado e ideal para efectuar la tan ansiada designación del ente comicial.
Por lo visto eso no sucederá, de nuevo una Sala Constitucional, de un Tribunal cuestionado y sin credibilidad, procederá a saltarse los pasos y en acuerdos oscuros con una rama de la supuesta oposición política, hará lo propio y sacará de un sombrero los nombres de quienes asumirán el control de un área tan delicada como es la electoral.
Todo lo que hagan, traerá como consecuencia, la extensión del drama e inestabilidad que se vive en Venezuela, ya que cualquier proceso en los actuales momentos carecería de la confianza tan necesaria para aceptar resultados y efectuar transferencia de poder, además con un CNE a la medida del Chavismo, nadie los creería.
“Vamos en vía al caos y a la profundización de la crisis”, indicó el diputado Ángel Medina Devis, quien preside el comité de postulaciones de la Asamblea Nacional - liderada por Juan Guaidó - para renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE), no tenemos duda de eso, con más razón, cuando en dicho comité hay legisladores de la oposición, del
Partido Socialista Unido de Venezuela y miembros de la sociedad civil, quienes trabajan desde noviembre de 2019 para renovar el CNE y lograr elecciones libres y transparentes en Venezuela; el fallo número 0068-2020 de la Sala Constitucional del TSJ desarma todas esas diligencias, lo que crea un abismo más en la muy intrincada vida política y social de nuestro país.
Importante y volviendo a nuestro artículo anterior, es recordar que el día de instalación del referido comité, la estimación fue que entre 60 días aproximadamente podría quedar conformada una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), eso fue en el mes de marzo, con la emergencia mundial a causa del virus Covid-19, todo quedó suspendido, lo que debió tomarse en cuenta antes de declarar la omisión legislativa perjudicando el proceso y enturbiando el resultado final.
No hay que olvidar, que la Constitución de 1999 creó en Venezuela nuevas instituciones, con las que se buscó garantizar el ejercicio pleno de un nuevo derecho constitucional que también se creó en dicho texto, el Poder Electoral con el mecanismo del derecho a la participación política reforzado, también incorporando nuevos mecanismos de democracia directa (referendos).
Quizás la más relevante de esas instituciones fue, la creación del Poder Electoral como una rama específica del Poder Público establecida con autonomía e independencia plena respecto de los otros Poderes Públicos (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Ciudadano), en tal sentido, se pasó de la clásica separación tripartita de poderes, a una nueva separación pentapartita de los poderes del Estado.
El órgano constitucional al cual corresponde el ejercicio del Poder Electoral es el Consejo Nacional Electoral (CNE), al cual la Constitución garantiza la mencionada autonomía e independencia, que en los últimos tiempos con la rectora Lucena al frente y sus rectores colaboradores incluyendo al supuesto de oposición, no ha cumplido, echando por tierra la premisa de que es el Poder Electoral, el llamado a garantizar los derechos políticos de los ciudadanos al sufragio, y a la participación política mediante los referendos.
En conclusión, no debemos aceptar que éste nuevo secuestro del Poder Electoral a manos del régimen, se consume sin más ni más, se deben y tienen que activarse todas las alarmas posibles, para oponernos a lo que ya se ha convertido en un mecanismo perverso de control político por parte del régimen Chavo/Madurista, pretendiendo legalidad y legitimidad en dicha acción, así de simple y sencillo.
Reinaldo J. Aguilera R.
reinaldoaguilera1968@gmail.com
@raguilera68
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