Estas pasadas semanas los titulares de la prensa libre del país y de algunos países ribereños del Caribe han puesto de relieve un caso de barbarie ecológica que está a punto de producirse dentro de nuestras aguas territoriales y a la cual el régimen no le presta la atención adecuada y minimiza su importancia, con el fin de evadir la responsabilidad que le atañe. Me refiero al caso del buque Nabarima, que desde este fin de semana pasada ya ha sido puesto en el tapete de lo internacional por el gobierno de Trinidad y Tobago, llamando la atención y haciendo un reclamo formal sobre el peligro del hundimiento del buque en el Golfo de Venezuela y el derrame de su carga petrolera superior a un millón de barriles. Resulta imposible anticipar cuales medidas tomarán la autoridades y entes responsables para prevenir tan horrendo daño, pero a juzgar por el historial de negligencia que caracterizado a la administración chavista y madurista, lo que vemos venir no es bueno.
Es que hay toda una vertiente muy elocuente del destrozo y de la depauperación venezolana protagonizada por las instituciones, entes y empresas estatales y regionales, de la cual es también necesario llevar buena cuenta.
Me refiero a las muchísimas otras catástrofes que a lo largo de dos décadas han golpeado el patrimonio de los venezolanos y que son solo el producto de la más absoluta incapacidad gerencial del equipo que ha manejado empresas y recursos de la nación. Dentro de estas catástrofes caen los derrames de crudo de las refinerías, la contaminación del Lago de Maracaibo y del lago de Valencia, la quema y el venteo de gas asociado que se pierde constantemente en la atmosfera. Caen en esta categoría de impericia, pésima gestión, desconocimiento craso e indolencia mayúscula el manejo de nuestra industria de la generación, transmisión y distribución eléctrica, el sector petroquímico, la producción de gasolina, gas doméstico y otros derivados petroleros, el colapso de las empresas agroindustriales en producción que fueron expoliadas por el gobierno.
El país se ha venido al suelo no solo por el robo orquestado desde cada frente productivo y empresa en manos del Estado. El colapso del manejo de todos los servicios que se le deben a los ciudadanos es una constante: ¿no es de un dramatismo feroz la manera en que sobrevive la población de a pie por la falta de luz, agua, telecomunicaciones, servicios sanitarios, transporte, mantenimiento de las vías públicas, servicio de aseo urbano?. ¿Cómo es posible explicar la colosal pérdida de valor del bolívar que ha redundado en su cuasi desaparición? ¿Qué viene quedando de la hotelería heredada de épocas pretéritas, la que llegó a ser factor de orgullo para el país?
Este recuento puede ser infinito porque dentro de él se inscribe todo aquello que durante más de veinte años ha sido gerenciado por el sector público revolucionario. ¿Es que alguno de estos destrozos puede ser atribuible a las sanciones implementadas por los Estados Unidos en contra del régimen de Miraflores?
El caso del Nabarima no es sino un ejemplo más de la irresponsable dejadez y del abandono estatal, de su incapacidad para dotarse de talento y su indiferencia frente a la obligación de todo aquel que administra de rendir cuentas sobre lo administrado.
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