De acuerdo al reporte, en lo corrido de este año se documentaron 66 matanzas en las que 255 ciudadanos fueron ultimados, en 18 departamentos y se recogieron datos sobre el homicidio de 120 defensores de derechos humanos solo en el año que está a punto de finalizar. Por si lo anterior fuera poco, el informe de Naciones Unidas da también cuenta del hecho de que desde la firma del Acuerdo de Paz , a fin de 2016, han sido señalados y denunciados 244 homicidios de excombatientes de las FARC.
Leer el instrumento emanado de esta organización no puede sino espeluznar a los observadores de los hechos domésticos colombianos, porque su advertencia pone de relieve que en toda esta danza macabra que se vive en el país vecino, participa no el hampa comunidad sino “bandas armadas no estatales, grupos delincuenciales y otros grupos provistos de armas en Colombia y en contra de comunidades campesinas, etnias o comunidades indígenas y población afrodescendiente”.
Pareciera que son las poblaciones más vulnerables de Colombia las que acusan el golpe frontal de la violencia en primera instancia y en ello se afinca Bachelet para exigir la intervención de lo alto del liderazgo político colombiano. Esta situación no admite cegueras ni inacción, parecería que clama la ex presidenta chilena desde la importante posición que hoy ocupa.
El caso es que los señalamientos del informe tocan mucho más de cerca la distorsión de vida ciudadana en la provincia que en las grandes ciudades del país colombiano. Su lectura haría concluir que dos realidades opuestas cohabitan de tal manera que la vida en estas ciudades representa una especie de salvo conducto para mantenerse al margen de la violencia que cunde en las áreas rurales más apartadas del país, las que además son las que albergan comunidades de pobreza y de pobreza extrema.
La ONU no se quedó allí. Los expertos dedicaron buena parte de sus observaciones a mostrar la otra cara de la moneda al hacer referencia a la existencia de numerosos casos de presuntas privaciones arbitrarias de la vida y de otras actuaciones por parte del ejército y la policía que también configurarían violaciones a los derechos humanos.
Pretender analizar en este corto articulo la toma de posición oficial de la institución del sistema de la ONU que cuenta con el equipo investigativo más vasto y mejor preparado para este fin particular sería irresponsable. Al mismo tiempo, no es sensato disertar en pocas en pocas líneas sobre la complejísima situación de la violencia en Colombia que lleva décadas enteras de formación.
Lo que si es preciso recalcar es que la reacción de las altas esferas del gobierno frente al reporte no pudo ser más inconveniente. La violencia colombiana obedece a múltiples y diversos factores y no es una consecuencia inercial de sus batallas internas. Además está siendo alimentada desde adentro y desde afuera de sus fronteras por quienes tienen que algo que ganar del marasmo, del descontento, de las economías ilícitas y del empobrecimiento de la población.
No es cierto que los distintos gobiernos hayan mantenido a la deriva la atención a un problema al que se le asigna inmensa prioridad y frente al cual se ejecutan múltiples planes muy estructurados para eliminar las causas que favorecen la criminalidad y la persistencia de la violencia. Pero las autoridades lo menos que hicieron a raíz de la intervención de Bachelet, fue calificar al reporte de la ONU de impreciso y sesgado. Iván Duque se lanzó en ristre contra el mismo calificándolo de “intromisión en la soberanía nacional”. Uno de sus jerarcas lo tildó de “chambonada”.
Naciones Unidas está allí no solo para diagnosticar sino para proponer y colaborar en la solución de estos dramas. Juntar esfuerzos es lo valiente, además de lo apropiado.
Beatriz de Majo
beatrizdemajo@gmail.com
@beatrizdemajo1
España-Venezuela
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