Veamos
el tema un poco más de cerca. Dos tipos de sanciones han sido impuestas
internacionalmente que tocan de cerca a nuestro país. Las que comenzaron en el
año 2014 contra personeros del régimen de Nicolás Maduro que estaban
encaminadas a penalizar a funcionarios
gubernamentales activos y retirados, incluyendo a miembros del Tribunal Supremo
de Justicia, de la ANC, miembros de las Fuerzas Armadas y de cuerpos de
seguridad y empresas privadas acusados, por estar “ involucrados en abusos de
derechos humanos, corrupción, degradación del Estado de derecho y represión de
la democracia”. Los Estados Unidos
dieron ese primer paso a través de una reglamentación legal- Venezuela Defense
of Human Rights and Civil Society Act of 2014- y pusieron en marcha una
importante batería de sanciones personales que en algunos casos fueron copiados
por algunos países europeos.
Estas
sanciones no tienen ningún tipo de incidencia en la dinámica económica ni
social nacional. Lo que si son es molestas al extremo para aquellos a quienes
las mismas han estado dirigidas. Las más recientes apuntan al entorno
presidencial involucrado en el negocio del narcotráfico.
Otro
grupo de medidas de bloqueo del comercio petróleo impuestas desde Washington en
2016 llevaban como propósito quitarle oxígeno al régimen de Nicolás Maduro a
través de la vulneración del flujo de caja que este extraía de la actividad
petrolera y otros negocios internacionales.
El fin último era facilitar, a través del debilitamiento del régimen, el
restablecimiento de la democracia. Para el momento en que estas ocurrieron, la
actividad petrolera venezolana, fuente casi única de generación de divisas por
exportaciones del país, acusaba ya un vertical e indetenible descalabro,
atribuible únicamente a un manejo ineficiente de la actividad. Recordemos que
ese año Maduro había decretado la emergencia económica, una suerte de estado de
excepción prevista en la Constitución para hacerle frente a la crisis que
sufría el país. Según cifras oficiales, Venezuela ya había registrado en 2015
la inflación más alta del mundo: 180%.
Estas
formas de bloqueo impulsadas por Washington impidieron, más adelante, la
emisión de nueva deuda por parte del gobierno y de la industria petrolera y
buscaron penalizar a quienes internacionalmente facilitaban, tanto en la banca
como en las empresas, la materialización de pagos en los que se encontraba
involucrado el régimen dictatorial o las empresas controladas por él.
Ahora
bien, si dentro de los esfuerzos de la Comunidad Internacional por darle una
salida democrática al país prevalece la tesis de dialogar con el régimen
venezolano, lo que puede ser la inclinación de la Unión Europea y del mismo
nuevo presidente americano Joe Biden, habría que preguntarse cuál sería el
contenido o la agenda de negociación de estos diálogos. ¿Qué estaría dispuesta
a poner sobre la mesa la Comunidad internacional para que Nicolás Maduro acceda
a dejar el cargo? No hay duda de que el levantamiento de las sanciones es el
único elemento sobre el que el madurismo accedería a conversar.
El
gran “pero” es que no existe flexibilidad ninguna en este terreno. Las
sanciones a los individuos por crímenes de lesa humanidad no son negociables
por encontrarse las acusaciones en medio de procesos judiciales irrenunciables
en instancias internacionales como la Corte Penal Internacional. Las sanciones
de orden económico y comercial si pudieran levantarse, pero si lo fueran, las
consecuencias no podrían ser peores, porque lo que lograrían es darle más
aliento al dictador que hoy siente gozar de una gran fortaleza. La grosera
parodia de elecciones parlamentarias que Nicolás Maduro y su camarilla hoy
exhiben ante el mundo como un gran triunfo, no ha hecho sino afianzarlos en su
tesis de continuar en el poder al menos hasta 2024, cuando inercialmente toque
un llamado a elecciones generales.
Si
las sanciones económicas fueran levantadas, el declive económico del país
continuaría su lenta marcha hacia la quiebra total, una vez que se abra el
grifo de las transacciones internacionales y las exportaciones de la exigua
producción petrolera que viene quedando y que apenas sobrepasa los 300.000
barriles diarios. La oxigenación de las cuentas nacionales no será al hombre de
la calle al quien beneficie. Y lo que es peor, con los pocos recursos que se
generen el festín será de nuevo para los buitres gubernamentales. La grosera
ineficiencia ya demostrada en el manejo del negocio petrolero y la total
incapacidad de generar nuevas maneras de crecimiento condenarán al país y a sus
ciudadanos a un colapso y a una miseria que será lento pero será
ineluctable.
La
batalla del dialogo la habrá ganado el régimen de Nicolás Maduro sin moverse un
ápice de su determinación de continuar en el poder.
Beatriz de Majo
beatrizdemajo@gmail.com
@beatrizdemajo1
España-Venezuela
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