Hace una
semana el sistema de monitoreo de la Defensoría del pueblo aseguraba que en lo
que va de este año cada hora se han desplazado siete ciudadanos para alcanzar
el numero de 11.150 colombianos. Sin embargo esta semana que termina acusó un
saldo adicional de otras 2000 personas que fueron forzadas a huir de sus
tierras para salvaguardar sus vidas y su integridad física en el Cauca. Para
terminar de agravar el drama humano, otras 5000 víctimas en la frontera con
Venezuela han venido a sumarse al contingente anterior como refugiados en
Arauquita. Estos obedecen a otro fenómeno: son el resultado de los
enfrentamientos de las fuerzas armadas venezolanas y los rebeldes colombianos y
sus socios en Venezuela.
Esta misma
entidad oficial reportó en un comunicado que los desplazamientos resultan ser
el hecho victimizante que más ha crecido desde que la paz fue decretada y que
el se alimenta de la población que se encuentra atrapada en hechos de
confrontación violenta entre los grupos armados o entre estos y las fuerzas
regulares del orden. La mas de las veces el fenómeno es similar al que hemos
visto en el estado Apure en el cual quienes buscan hacerse con el control de un
corredor estratégico de la zona para controlar el tráfico de armas y otros
productos ilegales se enfrentan con otros grupos irregulares o con las fuerzas
armadas.
Los entes
oficiales colombianos insisten en que hay tres factores instigadores de este
crimen. La disputa entre el ELN y el Clan del Golfo es uno de ellos y también
el fenómeno de la dispersión de este Clan por la geografía colombiana que se ve
presionado por la fuerza pública regular del país. El Clan del Golfo es la
principal banda criminal de Colombia, con lazos con el narcotráfico y con una
relación de asociación inestable con la guerrilla del ELN. Las alianzas que se
van armando entre grupos irregulares que tienden a consolidar sus mandos a
través de la cooperación es otro fenómeno que dispara los enfrentamientos y
alimenta los desplazamientos.
Pero otro
elemento que aún no se conceptualiza como un disparador de los desplazamientos
internos pero que en la medida en que el tiempo avance será más reconocido por
la Defensoría, es el de los éxodos que se están originando en la violencia del
otro de lado de la frontera con Venezuela. Estos no solo alimentan los
históricos dramas de miedo y pobreza sino que representan una carga humanitaria
incremental para el gobierno colombiano. Los desplazados de Apure son
venezolanos que han sufrido muy severas violaciones a sus derechos humanos en
manos de las fueras bolivarianas: desapariciones forzadas y allanamientos de
morada son solo algunas.
Solo que
este fenómeno lleva implícito una carga política susceptible de crear estragos
adicionales más allá de la atención humanitaria a los desplazados a la que está
obligada Colombia. Álvaro Uribe se ha atrevido a calificarlo: “La dictadura
venezolana se alía con un grupo narcoterrorista y combate al otro por el
control del negocio”. No se aleja de la verdad el expresidente.
La estrecha
vinculación del régimen venezolano con el ELN y sus actividades ilegales ha
enfrentado a sus fuerzas armadas contra las disidencias de las FARC y dentro de
este contexto todo lo que sirva para desestabilizar el gobierno legítimo del
país vecino es útil a sus fines. Pero en el Estado limítrofe la situación es
bastante más compleja que ello. Desde Miraflores están usando el poder de
ataque de las Fuerzas Armadas para combatir a las disidencias de las FARC en
contra de las fuerzas de la Nueva Marquetalia, todo ello con el fin de mantener
el control sobre el contrabando de todo tipo de bienes- droga incluida- que
transitan por la frontera. El pronunciamiento del Ministro de la Defensa
venezolano inculpando a Colombia y a la CIA de ser los financistas de grupos
envueltos en los ataques no hace sino enredar las cosas.
El giro que
toma todo este ajedrez fronterizo no trabaja a favor de buenas relaciones entre
los dos países. Y el fin, hay que decirlo, no está cerca.
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