El
presidente venezolano, Nicolás Maduro, ahora arremete contra las universidades;
las ahoga quitándoles el presupuesto, entre otras estrategias. / EFE
El
presidente venezolano, Nicolás Maduro, ahora arremete contra las universidades;
las ahoga quitándoles el presupuesto, entre otras estrategias. / EFE / Agencia
EFE
US$0,045
dólares. Ese fue el pago que recibió una profesora de la Universidad de Zulia
en la primera quincena de marzo por su trabajo como docente en esa institución
pública. El desembolso de su salario no estuvo a cargo del centro educativo,
como siempre había sucedido, sino que fue el mismo Banco Central de Venezuela
el responsable de consignar el monto con el que no alcanza ni para comprar un
pan.
A las
universidades públicas de Venezuela la dictadura les quitó un espacio que les
quedaba de independencia: su capacidad de administrar los escasos fondos con
los que intentan mantenerse abiertas. El régimen de Nicolás Maduro emitió una
directiva por la que el presupuesto de esas instituciones es manejado por el
Gobierno, no por cada alma máter.
Ahora, para
hacer pagos y desembolsos las instituciones dependen de la intermediación del
régimen, un Ejecutivo que lleva siete años afectando los centros de educación
superior: estudiantes y docentes detenidos, reducción de recursos y un
allanamiento a la Universidad de Carabobo están en la lista de sucesos contra
esas instituciones y quienes las dirigen.
Y es que el
movimiento estudiantil ha sido epicentro de la oposición: fomentó la
resistencia a Hugo Chávez en 2007, también encabezó las manifestaciones contra
Maduro de 2014, 2017 y 2019. Los estudiantes y profesores tomaron la consigna
democrática en las calles y se convirtieron en otras víctimas de la represión
del oficialismo.
“La
autonomía universitaria es esencial para garantizar la libertad académica y el
resto de libertades que coexisten con esta. Si la universidad no tiene
presupuesto, no puede tomar decisiones autónomas”, afirma Ricardo Villalobos,
profesor y coordinador de investigaciones e incidencia internacional de Aula
Abierta.
Los cambios
se dieron en cuestión de días. A comienzos de marzo la Oficina de Planificación
del Sector Universitario notificó que los pagos se harían a través del Sistema
Patria y para el primer salario de ese mes ya los colaboradores educativos
tenían en sus cuentas bancarias una transacción en nombre del régimen.
El Sistema
Patria es la plataforma mediante la cual Venezuela entrega mercados, auxilios y
servicios solo a ciudadanos inscritos. Pero hay un problema: los opositores
desconfían y no quieren que sus datos estén en manos del Palacio de Miraflores.
El
presupuesto para la educación fue alejado de las instituciones y quedó en manos
de terceros. Una acción más contra la universidad pública venezolana que se
suma a la imposición de vicerrectores, el aplazamiento de elecciones de
autoridades universitarias y la asfixia presupuestaria.
La CIDH
detalló en marzo que “este tipo de medidas puede configurar violaciones a la
autonomía universitaria y los derechos laborales, inhibiendo el ejercicio de la
libertad académica y la libertad de expresión del profesorado y personas
trabajadoras de las universidades públicas”.
Desde 2008
el Gobierno emitió aumentos de presupuesto anual que no iban en línea con la
inflación del país. Los bolívares escasearon de manera progresiva hasta que
para 2019 el monto asignado a las instituciones fue de alrededor del 1 % del
que necesitaban para operar, según reporta Aula Abierta.
Gabriel
Cabrera, estudiante de Derecho de la Universidad de Carabobo, relata que las
aulas virtuales estuvieron, prácticamente, cerradas en 2020 porque los
profesores no recibían su salario y la conexión a internet era insuficiente
para dar cátedra. Las clases se dictan por WhatsApp, a veces a través de un
video pregrabado, y la falta de exámenes ha retrasado el grado de alumnos como
Cabrera.
Antes la
comunidad educativa tenía comedores gratuitos, transporte subsidiado en buses
propiedad de las instituciones, los docentes contaban con respaldo económico
del sector público para cursar maestrías y doctorados en el exterior y la
inyección de presupuesto hacía de las universidades venezolanas líderes en la
región.
Sin
embargo, el panorama cambió. El caso de la Universidad Central de Venezuela, la
más importante del país, sirve como ejemplo: descendió en el ranking mundial QS
de instituciones de educación superior de la posición 551 a la 751. Mientras
los profesores siguen comprometidos con dar sus cátedras así los pagos sean
irrisorios, el oficialismo deterioró las condiciones que propiciaban un buen
entorno educativo.
En 2019 los
comedores se quedaron sin alimentos para brindar un almuerzo completo a los
alumnos, la escasez de combustible hizo que algunos no tuvieran cómo
transportarse hasta sus facultades y la hiperinflación (2.959,8 %, según el
Banco Central) dejó a otros sin cómo pagarse la matrícula y pulverizó el
salario de los docentes.
Un pago que
puede ser de US$0,045 o, como mucho, de US$5, pero que ni siquiera alcanza para
un mercado completo.
* Investigadora adscrita al proyecto “Esto no es una frontera, esto es un río” del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en colaboración con Diálogo Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/asi-persigue-y-ahoga-nicolas-maduro-a-las-universidades-en-venezuela/
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