Es difícil escribir sobre los combates violentos que
ocurren desde el 21 de marzo pasado en el estado Apure, que han afectado la
población fronteriza de La Victoria y que enfrentaron a la FANB con grupos
armados irregulares de origen colombiano. La ofensiva nacional fue en respuesta
a los ataques de puestos militares y otras instalaciones del país, el minado
del territorio y su ocupación por parte de los irregulares. Como consecuencia,
se han producido heridos y muertes en nuestros soldados y oficiales y la huida hacia
Colombia de pobladores civiles, que han abandonado sus viviendas en búsqueda de
seguridad personal y familiar. La dificultad en hacer una aproximación certera
al problema radica en la inexistencia de información creíble de las distintas
fuentes, pues los intereses de los sectores enfrentados, tanto venezolanos como
colombianos, así como los referidos a las relaciones entre ambos países, son
muy importantes y están muy relacionados con la política interna de ambos
países.
Se trata de una región fronteriza alejada y
deshabitada, en la que los gobiernos venezolano y colombiano no ejercen el
control debido del territorio, con una población civil cuyas actividades de
todo tipo se realizan a ambos lados de la frontera, la cual es casi inexistente
para la mayoría de ella. Y donde actúan a sus anchas distintos grupos armados
colombianos: bandas delictivas del narcotráfico y todo tipo de contrabando,
efectivos del ELN, organización guerrillera enfrentada al gobierno de Colombia y
dedicada en Venezuela, desde hace décadas, a la búsqueda de financiamiento
mediante actividades delictivas; grupos para militares colombianos,
identificados con el uribismo, al servicio de las políticas agresivas y
despiadadas de la oligarquía colombiana; grupos disidentes de las FARC, con
distintos intereses y motivaciones, y la GNB que en distintas formas se
relaciona y convive con todos ellos.
A lo complejo de la situación se agrega la falta de
transparencia con la que el gobierno de Maduro enfrenta el problema, siempre
tratando de obtener algún rédito político interno del mismo y desplegando una
conducta en la zona, que lejos de beneficiarlo lo perjudica enormemente interna
y externamente. Las detenciones de periodistas que están cubriendo los sucesos
y de campesinos residentes, son acciones de fuerza que comprometen enormemente
el apoyo de los venezolanos que habitan la zona. Al mismo tiempo, pero en
sentido inverso, están los intereses de la oposición violenta extremista de
Venezuela, que no sólo sueña, sino que impulsa este tipo de enfrentamientos,
como lo hizo con el ingreso sí o sí de la ayuda humanitaria, para crear junto
con el gobierno colombiano una crisis fronteriza, que permita el escalamiento
de las acciones hacia la intervención militar extranjera del país.
Desde principios de este siglo, denuncié a través de
la prensa la infiltración y práctica toma del estado Táchira y su reparto
consensual entre el ELN y los paramilitares uribistas. Describí su control de
pueblos, ciudades y vías de comunicación; el cobro compulsivo de “vacuna”, la
complicidad de la GNB y la “extraña” ausencia de enfrentamientos en Venezuela
entre enemigos a muerte dentro de Colombia. Aquella denuncia fue luego
confirmada por muchos, pero no derivó en ninguna actuación del gobierno de Hugo
Chávez. Se permitió negligentemente que grupos armados extranjeros actuaran
libremente dentro de nuestro territorio. Hoy, estos grupos están prácticamente
en todo el país y le disputan al Estado venezolano el control territorial. Algo
similar a lo que pasó luego con las bandas delictivas nacionales, al aplicar la
política tristemente famosa de las zonas de paz, cuyas graves consecuencias las
vivimos hoy.
Como ejemplos evidentes tenemos el caso actual de
Apure y el ya mencionado del estado Táchira, los archiconocidos casos de la
amplia zona minera de Bolívar; la Goajira y el resto del estado Zulia, Sucre
desde San Antonio del Golfo y todo el norte de la península de Paria, la Faja
petrolera del Orinoco, Amazonas y paro de contar. De esta situación, el principal
responsable es el gobierno nacional, que a lo largo de más de 20 años ha
permitido la presencia inconstitucional de grupos armados colombianos en
nuestro territorio. No hay excusa posible. Hecho aprovechado hoy por quienes
quieren cercar al gobierno externamente, no para liberarnos sino para terminar
de desmembrar a nuestro país y anexárselo, un plan muy antiguo de nuestros
vecinos, que hoy ha encontrado apoyo en una parte de la oposición venezolana,
que no le importa el destino de la nación sino el derrocamiento de Maduro a
como dé lugar
Dejamos claro que estamos al lado
de la FANB en su lucha contra agresores externos de nuestra nación. Lamentamos
la caída en combate de efectivos venezolanos y expresamos nuestra solidaridad a
sus familiares y compañeros. Por otra parte, exigimos a la FANB que saque a
todos los grupos irregulares colombianos de nuestro territorio, sin importar
sus posiciones políticas al interior de Colombia, ni las simpatías declarativas
con el gobierno. Quienes se declaren amigos deberían salir del territorio con
sólo pedírselos. El narcotráfico y el contrabando deben ser eliminados. Pedimos
que se enfrente sin vacilación la complicidad con los irregulares de efectivos
de la GNB o del ejército. Que se garantice un adecuado control fronterizo y se
impida incursiones posteriores apoyadas o no por el ejército colombiano. Que se
proteja a la población civil y no se la trate como enemiga, pues se trata de
compatriotas que además han sido afectados por el abandono y la desidia
gubernamental en las fronteras.
Luis Fuenmayor Toro
lft3003@gmail.com
@LFuenmayorToro
Venezuela
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