ORLANDO VIERA-BLANCO: CADENA PERPETUA

Acompañado del H.E. de Venezuela en Honduras, Claudio Sandoval, destacado Abogado y profesor en Derecho Internacional, y del Diputado y ex Embajador Walter Márquez-infatigable activista de DDHH-nos fuimos a La Haya. Márquez fue a darle seguimiento a un par de denuncias que tiene contra la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda; complementar su denuncia sobre deportaciones forzosas y darle impulso a otra petición de investigación a Maduro por delito exterminio [la cual por cierto ha sido admitida en el marco del examen preliminar dictado por la Fiscal en fecha 8 de febrero de 2018]. Participamos como observadores ante el Mecanismo de Supervisión Independiente que sustancia la denuncia contra la Fiscal, y presentamos ante la Unidad de Información y Evidencia de OTT (Office of The Prosecutor), el Acuerdo de Cámara de la AN de fecha 03 de Septiembre 2019 que rechaza la presencia de las FARC y la narcoguerrilla colombiana en Venezuela.

Adicionalmente sostuvimos encuentros con varios Embajadores en aras de sensibilizar la impostergable necesidad de hacer justicia.

Alertar y prevenir

El artículo 7 del Estatuto de Roma tipifica delitos de lesa humanidad. a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Diez de esos once delitos han sido manifiestamente violados por el régimen de Maduro según se desprende de los 85 párrafos del reporte de la Alta Comisionada de DDHH de las UN, Michelle Bachelet. Y esos delitos constan en más de 110 reportes e informes presentados, reporte de expertos de la OEA y denuncia de seis naciones de los Estados Partes: Argentina, Chile, Colombia, Canadá, Paraguay y Perú.

La presencia de las FARC-EP en nuestro país supone peligro inminente en la región La CPI tiene el deber de castigar y prevenir estos delitos, por lo que hemos presentado a la Unidad de Informe y Evidencia de la Fiscalía, el citado Acuerdo de Cámara de nuestra AN que rechaza la presencia de grupos guerrilleros armados por libre en territorio nacional.

El preámbulo del Estatuto de Roma apela a la unidad de los pueblos y sus culturas como patrimonio común y a la “preocupación que este delicado mosaico pueda romperse en cualquier momento por causa de millones de niños, mujeres y hombres que han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”. Reconoce el Estatuto de Roma que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, por lo que siendo de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, “no deben quedar sin castigo, debiendo [la CPI] poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes”.

Nuestro informe de contextualización ante la CPI evidencia la grave situación que significa para Venezuela y Colombia, la presencia activa y cooperación confesa del régimen venezolano con las FARC, esto es, la servidumbre de libre tránsito de la narcoguerrilla por territorio Venezolano.

Justicia universal como factor de quiebre y solución

Algunos piensan que órganos como la CPI, ONU, OEA son una suerte de teatro de operadores diplomáticos sin potestad real de actuar y producir soluciones, donde los principios de no intervención, no injerencia y autodeterminación de los pueblos, son camisas de fuerza para prevenir y reprimir efectivamente a regímenes autoritarios, cómplices de organizaciones criminales.

Pero en un mundo globalizado no sólo en lo económico sino también en la valoración, tutela y defensa de los DDHH, los derechos fundamentales del hombre y los delitos contra la humanidad, la voluntad política de las naciones también encuentra articulación y mecanismos coercitivos, que debemos impulsar. Esta lucha no podemos darla desde feudos o bloques grupales o normativas. Todos los venezolanos conocedores de la Justicia Penal Internacional, diplomáticos en funciones de seguimiento y control de procedimientos y jefes de Estados, deben hacer causa común en esta causa. Urge unidad de propósitos y esfuerzos en este importantísimo campo de la justicia penal global que no albergo duda es un factor fundamental para lograr una salida forzosa institucional en Venezuela.

Venezuela no puede seguir sometida perpetuidad. El autoritarismo se vence de tres formas. Con desarrollo sostenible, las armas o la justicia. Por lo pronto no hay modelo sustentable aplicable. Tampoco tenemos armas. Nos queda sólo la justicia. En La Haya [justicia]... está la salida.

Orlando Viera-Blanco

@ovierablanco

Embajador (E) en Canadá

ROMÁN IBARRA, CADENA PERPETUA

Al haberse declarado culpable de recibir sobornos por mil millones de dólares, y siendo el soborno un delito que compromete, no sólo al sobornado, sino también a quien soborna, no hay dudas de que estamos en presencia de un par de delincuentes de alta gama; Alejandro Andrade y Raúl Gorrín.

El primero acaba de ser sentenciado en una Corte del Sur de la Florida al cumplimiento de una pena de diez años, bajo un esquema de colaboración con la justicia norteamericana para denunciar a otros cómplices y autores de más casos de corrupción en nuestro país, a cambio de recibir una sentencia menos fuerte, o larga en términos de duración.

En cuanto al segundo, se sabe que vive en Venezuela, que es prófugo de la justicia norteamericana, pero contra quien el Fiscal impuesto por la ANC, no ha movido un dedo hasta el presente, esto es, no se conoce ninguna averiguación en su contra, a sabiendas de que es dueño de un canal de televisión, así como de bancos y empresas de seguro.

Vale la pena advertir que los sujetos de marras han tenido vinculación con la más grande corrupción conocida en el mundo, gracias a que una estructura corporativa criminal dirigida por Chávez-Maduro, lo ha permitido.

Es decir, el gobierno de los últimos 20 años en nuestro país, a nombre del tramposo socialismo del siglo XXI, estructuró toda una banda para asaltar las arcas de la República, como en efecto ha ocurrido; y extenuadas éstas, dar manos libres para la participación en cualquier tipo de negocios, entre los cuales se cuentan: tráfico de armas; contrabando de gasolina; extracción de oro y otros minerales; protección a la guerrilla colombiana en nuestro territorio; financiamiento del terrorismo, y hasta narcotráfico, todo en perfecto conocimiento y con la connivencia de la cúpula militar, también comprometida hasta los huesos en la corrupción y la entrega de nuestro país para ser colonizado por la dictadura cubana.

Pero volviendo a la sentencia contra Andrade, uno puede comprender que el sistema estadounidense permita reducir las penas de manera considerable a quienes colaboren con una investigación de mayor envergadura que pueda dar alcance a los demás miembros de la trama corrupta. No obstante, nos permitimos diferir de la sentencia en cuestión, por cuanto en primer lugar el delincuente convicto y confeso Andrade, ya había engañado a las autoridades norteamericanas al no decir toda la verdad, lo cual, lo hace reo de perjurio.

De otro lado, el juez de la Corte ha debido tomar en cuenta que junto a la comisión de este delito, se cometieron  otros como la violación de los derechos humanos de los venezolanos, hoy impedidos de acceder a hospitales de calidad; a comida suficiente; a servicios de transporte público, entre otros servicios, en virtud de que delincuentes vinculados al gobierno, se combinaron para estafar los recursos que tenían que ser utilizados en el bienestar y desarrollo de nuestros ciudadanos.

Los jueces en su misión de buscar la verdad, deben concluir que este tipo de delitos tienen conexión directa con la inviabilidad de la vida de los ciudadanos venezolanos, por lo cual, esta pena de 10 años, con la posibilidad de reducirla a la mitad, o a un tercio, termina siendo doblemente mala porque ofende la dignidad humana, y deja impune la violación de derechos humanos fundamentales.

Basta con ver las cifras de muertos entre niños, mujeres, ancianos, y demás ciudadanos por la imposibilidad de acceder a alimentos, medicinas, hospitales, educación, empleo, entre otros derechos consagrados en la Constitución.

Entendemos, pero no compartimos la sentencia. Merecen cadena perpetua en EEUU!

Román Ibarra

@romanibarra

LUIS MARIN, CADENA PERPETUA

Las cadenas son una violación masiva de Derechos Humanos, si se considera que la libertad de expresión y comunicación son derechos humanos fundamentales. Importa poco que éstos sean despreciados por un acuerdo tácito de élites porque siguen siendo irrenunciables, no taxativos y su catálogo es tan elástico como la osadía de los tiranos.

Por un lado, cuando uno solo acapara el espectro radioeléctrico excluye a los demás del acceso a un medio al que todos tienen idéntico derecho; por otro lado, les está privando de la posibilidad de elegir lo que quieren ver u oír y, en la mayoría de los casos, obligándolos a ver y oír lo que no quieren.

De manera que la violación es doble: una, impidiendo hacer lo que se quiere; la otra, obligando a hacer lo que no se quiere. Ambas son atropellos intolerables, pero lo primero que llama la atención es la escasa resistencia que despiertan, sea en los afectados directos, esto es, la población usuaria; luego en la élite dirigente, el liderazgo político y los hacedores de opinión que también son afectados directos; por último, de los medios mismos que, en principio, son negocios privados.

Para poder explicar una situación tan incomprensible habría que apelar a un poco de historia, que en nuestro caso resulta muy sencillo porque desde su fundación Venezuela siempre ha estado regida por caudillos militares que nunca han tenido el menor respeto por las opiniones de los demás.

Pero luego ha estado dirigida por caudillos civiles de ideología socialista, sea marxista o cristiana, que tampoco han mostrado ninguna atención por las opiniones ajenas, al contrario, el afán de homogeneidad y nivelación de la opinión han sido siempre objetivos íntimamente acariciados y explícitamente declarados.

Las cadenas, hay que reconocerlo, son un legado del período democrático, lo mismo que las confiscaciones, expropiaciones y el llamado “fin social de la propiedad”; pero claro, como en todos estos casos, antes se ejercían con moderación y dentro de parámetros de cierta legalidad y racionalidad, única diferencia tangible entre socialismo y comunismo.

Esta es otra demostración, si hiciera falta alguna, de que el chavismo no es otra cosa que la etapa superior del adequismo, es decir, una suerte de exacerbación de los vicios pasados, dentro de los que hay que incluir la corrupción, el nepotismo, el sectarismo y el más olímpico desprecio por las demás personas, incluso, por supuesto, sus derechos a tener una opinión libre y responsable, basada en una información independiente.

Así puede explicarse, de paso, el porqué la oposición oficial no protesta por las cadenas sino muy por el contrario, muestra una suerte de satisfacción al participar en ellas, como si prefiguraran lo que sería su propio gobierno, teniendo en sus manos las posibilidades de arbitrariedad y abuso consolidadas en estos años de tiranía militar comunista.

Todos demonizan al unísono la palabra “privatización” como un anatema mortal; ninguno dice que haya que eliminar el control de cambios, ni de precios, el monopolio estatal sobre la industria petrolera o cualquier otra, dar libertad económica o cualquier  libertad, porque eso sería “liberalismo” que, como se sabe, está proscrito del leguaje oficial, tanto del gobierno como de su alternativa democrática.

Debe observarse que la oposición se define democrática pero aclara que no es liberal, lo que es significativo considerando, por ejemplo, que la República Democrática Alemana, de Vietnam o del Congo, entre otras, ponen de relieve que comunistas y demócratas han encontrado un denominador común: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo como coartada para la tiranía perfecta.

De manera que no debe abrigarse la menor esperanza de que el “¡abajo cadenas!” tenga algo más que el significado simbólico de himno para ser canturreado cuando convenga.

Habrá cadenas para todos y para rato.

Luis Marin

lumarinre@gmail.com

@lumarinre

Caracas - Venezuela