El 28 de noviembre de
2008 fue detenido Kamel Salame. Cinco días antes había ganado la alcaldía de
San Felipe, aunque los resultados ofrecidos por el CNE dieron por ganador al
candidato oficialista.
Se hizo creer que fue
imputado como narcotraficante. Le quitaron sus bienes. Lo expusieron al
escarnio público. Lo separaron de su familia. Lo dejaron sin trabajo. En estos
siete años su salud se ha deteriorado.
Sus abogados tardaron
cuatro años para poder ver el expediente, en grosera obstrucción por parte de
los funcionarios a cargo del asunto. El Fiscal Superior de Aragua, donde está
radicado el caso, se niega a entregar copia certificada del expediente.
La Defensa solicitó
al Ministerio Público que se enmendara la presunción que ese Organismo difundía
en su página web sobre la vinculación de Kamel con el narcotráfico.
En año y medio nada
respondieron. Acudieron a la Sala Constitucional del TSJ en amparo y el
resultado fue una sentencia de esa Sala instruyendo a la Fiscalía para que
respondiera la pretensión en amparo.
El Ministerio Público
tuvo que aclarar ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que Kamel
no estaba procesado por drogas. Con todo eso, ni el Ministerio Público ni la
Juez han revisado la medida.
Hicieron un trabajo
sucio y meticuloso colocándole la impronta de narcotraficante a un inocente y
se niegan a corregir el error por las implicaciones que ese hecho tendría.
Ante un procedimiento
equivocado nadie asume responsabilidades. La Juez de la causa sigue como si
nada, aun cuando está siendo investigada penalmente por el caso y se le ha
abierto un expediente administrativo disciplinario por presuntas
irregularidades procesales.
Igualmente
involucrados están los fiscales que formaron parte de la causa y quienes
realizaron el procedimiento judicial.
Por las implicaciones administrativas, civiles y penales para quienes se
confabularon en abuso de poder, en forjamiento de un proceso judicial y en
haber causado daño moral sin fundamento, a todo se le echa tierra y se mantiene
en la oscuridad y en secreto.
Ante este escandaloso
caso de violación de Derechos Humanos la única respuesta del Poder Judicial y
del pomposamente llamado Poder Moral es el silencio. Nada dice el Defensor del
Pueblo y la Asamblea Nacional ni se da por enterada.
Claudio Fermin
claudioefm@gmail.com
@claudioefermin
Caracas - Venezuela
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