Obviamente, entre los
principales objetivos que se buscan con esta acción, si no el más importante,
es poner en marcha una medida populista que genere dividendos políticos en las
próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, tal como se hizo hace
dos años en las vísperas de las elecciones municipales de diciembre de 2013,
cuando se produjo el fenómeno conocido como el Dakazo, en respuesta a la orden
presidencial de reducción forzosa de precios y liquidación total de mercancías,
lo cual llevó a la compra masiva de artículos abaratados, e incluso al saqueo
de varios comercios, algunas tiendas de la cadena Daka entre ellos.
Ya se han producido
una serie de acciones y decisiones relacionadas con la nueva normativa,
fijándose unilateralmente por la Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos (Sundde) los “precios justos” de algunos productos
de consumo masivo, que están muy por debajo de los existentes en el mercado;
esto ha condenado a múltiples comercios a sufrir severas pérdidas, por estar
esos precios decretados muy por debajo de sus costos. Igualmente, se han
realizado confiscaciones de mercancías, aduciéndose falsamente acaparamiento
por parte de esos establecimientos, acciones que les han generado severos
perjuicios, en particular a pequeños comercios que no tienen el músculo
financiero para absorber las pérdidas que ello les acarrea.
Es incomprensible como esas decisiones se están tomando, cuando ha quedado demostrado hasta la saciedad que las mismas no son efectivas para lograr los objetivos económicos que, según las autoridades, estas persiguen. Esas normas le dan a funcionarios medios la potestad para establecer caprichosamente los precios de una gama casi ilimitada de bienes y servicios, o sancionar a comercios que, según su criterio, están acaparando mercancías o están especulando. Ello fomenta la corrupción y crea el ambiente propicio para extorsionar, particularmente a pequeños comerciantes o productores, los cuales no cuentan con los medios y las estructuras requeridas para defenderse o protegerse de esas prácticas o acciones indebidas, causándoles grandes daños y perjuicios, que los pueden llevar incluso a la quiebra y al incumplimiento de obligaciones con proveedores y con sus propios trabajadores.
Esas regulaciones y
restricciones lo que harán es agravar la escasez y el desabastecimiento que
padecemos, fomentando la inflación y el comercio informal (bachaqueo), ya que
cada vez será más difícil adquirir los bienes y servicios requeridos para
satisfacer las necesidades de los consumidores en los establecimientos
tradicionales, teniendo estos que acudir a los vendedores informales para
conseguirlos, pero a precios muy superiores a los fijados o impuestos por las
autoridades.
Según el gobierno, lo que se busca con esos controles y castigos desproporcionados es proteger el salario y los derechos socioeconómicos del pueblo, así como salvaguardar la economía nacional y asegurar el pleno abastecimiento y los precios justos a toda la población. Nada más alejado de la realidad. Lo que se obtendrá con esas decisiones y acciones es mayor escasez, inflación, pobreza y menores posibilidades de empleo.
Como ya se dijo, lo
que realmente se persigue es crear una ilusión de que el gobierno está actuando
para proteger a los más desposeídos de la especulación y la explotación, para
así obtener dividendos políticos en la próxima elección. Costosa forma de ganar
votos, ¿no?
Pedro A. Palma
palma.pa1@gmail.com
@palmapedroa
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