UNA INSTITUCIÓN RESPETABLE
El general Padrino
López ha lanzado reiteradamente advertencias a quienes cuestionan al régimen y
piden la salida de Nicolás Maduro. Según
el Ministro de la Defensa la Fuerza Armada “está blindada contra llamadas insurreccionales”.
Y a pesar de reconocer que existen "perturbaciones a nivel nacional”, dice
Padrino que los militares no aceptan esos llamados porque están eternamente
comprometidos con Maduro y con la revolución de Chávez.
Se pregunta uno, al
conocer esas declaraciones, si ciertamente la sociedad venezolana soportará por
más tiempo el proceso de destrucción de la legalidad que sufre hasta ahora
impunemente el país. Proceso de destrucción que incluye a esa Fuerza Armada, a
la que se le desvía de sus funciones constitucionales cuando se le convierte en
herramienta del minoritario PSUV, y en el único soporte a la precaria
estabilidad de un sistema repudiado por la gigantesca mayoría de los
venezolanos.
En ese camino de
demolición de la civilidad y la convivencia, el gobierno pretende hacer
naufragar la salida electoral y democrática ante la seguridad de que esa vía
significa la derrota del proyecto totalitario. En función de ese objetivo se
impide el revocatorio mediante grotesca maniobra ejecutada por el poder
judicial oficialista; se mantiene en suspenso la elección de gobernadores; se desconoce la
elección de los diputados de Amazonas, se anula mediante decisión del TSJ a la
Asamblea Nacional, genuina y legítima expresión de la voluntad popular, y se
secuestra a la autoridad nacional de Copei, utilizando como instrumento a ese
patético tribunal.
La alta jerarquía
militar avala, pretendiendo representar a todo el universo castrense, estos
graves hechos cometidos por la ilegal “alianza cívico militar” que preside el
señor Maduro. De esa manera, gracias a un generalato, supuestamente socialista,
se va definiendo la naturaleza totalitaria del gobierno.
La responsabilidad que
asume el alto mando de la Fuerza Armada, convirtiéndose en parte responsable de
la más grave crisis que haya sufrido el país desde que se inició el siglo XX
hasta nuestros días, reviste características catastróficas muy difíciles de
dimensionar no sólo para esa institución sino también y fundamentalmente para
la paz y la estabilidad social de la nación.
Convertir los cuarteles
en trincheras armadas al servicio del régimen, es olvidar que los militares son
ciudadanos que sufren, al igual que los
civiles, las penurias originadas en la crisis económica y social que sacude a
la nación. Y es forzarlos a violentar el mandato constitucional de ser
institución no deliberante, al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso
de persona o de grupos políticos
Durante décadas el
mundo castrense fue apreciado como una de las instituciones de mayor
respetabilidad y confianza por parte de la ciudadanía venezolana. Ni siquiera
en los tiempos de Pérez Jiménez el ejército fue usado como factor de amenaza
para el mundo civil. Se esmeró el dictador en mantener a los militares al
margen de la represión que con implacable furor ejerció la Seguridad Nacional.
En los estertores de ese régimen, el círculo de uniformados cercanos a Pérez
Jiménez le obligó a salir de Pedro Estrada y Vallenilla cuando la policía
política se desbordó contra la población, y pretendió invadir y controlar los
espacios de la institución armada.
En 1958, fue un
militar, el contralmirante Wolfgang Larrazábal, quien condujo al país hacia su
recuperación democrática. Luego, durante cuarenta y un años de gobiernos
civiles, los militares fueron fieles
subordinados a la constitución de 1961. En ese entonces, los presidentes de la
república ejercieron con toda autoridad el comando supremo de las fuerzas
armadas, mientras el Congreso Nacional decidía los ascensos de los oficiales
superiores, y controlaba el funcionamiento de las distintas fuerzas y su manejo
presupuestario.
Los medios de
comunicación, en aquellos tiempos
practicaban libremente su derecho a opinar en torno los acontecimientos
militares. Por cierto el mismísimo José Vicente Rangel desde su programa de
televisión y a través de sus artículos de prensa, atacaba a generales y
vendedores de armas calificándolos como “perros de la guerra” sin que cerraran
la estación televisora, le quitaran el papel al periódico que publicaba las
denuncia, o metieran en la cárcel a ese denunciante que siempre disfrutó de
buena salud en esa Venezuela de libertades plenas.
En contraste con
aquella realidad, en esta turbia etapa de la historia nacional ningún medio
televisivo o radial permite en sus espacios tocar temas como las millonarias
compras de armas a China, a Rusia y a otros gobiernos amigos del régimen. Ni
siquiera el acucioso doctor Rangel se molesta ahora en tocar estos asuntos.
Tampoco nadie investiga ni puede opinar en profundidad sobre los más de 10
accidentes ocurridos, en los últimos cuatro años, a helicópteros y aviones
militares, la mayoría de ellos de fabricación rusa. Por cierto, sobre el último
siniestro ocurrido el 30 de diciembre pasado a una de estas aeronaves vendidas por el gobierno del señor Putín nada
se ha informado en forma oficial. Sólo se sabe
que viajaban 15 personas a bordo, en el espacio aéreo del Estado
Amazonas.
Podemos recordar,
además, como en la etapa de gobiernos civiles, la opinión de la oficialidad fue
respetada al tocarse temas relacionados con las fronteras y la integridad
territorial de la nación. Así fue como, durante el gobierno de Luis Herrera
Campins, esa opinión impidió la aprobación de la llamada Hipótesis de
Caraballeda, en la que Venezuela salía afectada negativamente frente a Colombia
en la delimitación de la zona del Golfo de Maracaibo. Y en tiempos de Jaime
Lusinchi cuando la corbeta Caldas penetró el espacio marítimo del Golfo,
generando una peligrosa tensión que estuvo a punto de conducirnos a una guerra
con el vecino país, los militares al lado del Presidente asumieron la defensa de nuestra frontera
acatando las decisiones del poder civil, y haciendo retroceder a las abusivas
pretensiones de Colombia.
En cambio hoy, nuestros
espacios fronterizos están tomadas por el nacotráfico, por las FARC el ELN y
los paramilitares colombianos. Y además en complaciente y calculada negligencia
se abandona el reclamo histórico de Venezuela en la Guayana Esequiba, y se
entrega el arco minero del Orinoco a poderosas mafias que se roban nuestros
metales preciosos, cometen crímenes de forma impune y violentan nuestra
soberanía territorial. Todo con el
respaldo de la cúpula militar socialista.
Julio Cesar Moreno Leon
juliocesarmorenoleon6@gmail.com
@juliocesarml44:
Miranda - Venezuela
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