LA UNA Y/O LA OTRA
La fractura de la
sociedad venezolana es evidente. En las elecciones legislativas de diciembre de
2015 el gobierno fue derrotado aunque mantuvo un 40 por ciento de los votos.
Los 14 meses transcurridos desde entonces fueron un constante enfrentamiento
entre los poderes Ejecutivo y Judicial contra el Legislativo. Ni la Unasur ni
Jorge Bergoglio, desde el Vaticano, pudieron encontrar eco en el chavismo para
un diálogo que viabilice una salida institucional. La OEA paulatinamente ha
endurecido su postura hacia Maduro y podría llegar a aplicarle la Carta
Democrática. El Mercosur también le ha dado la espalda.
El miércoles 19 de
abril hubo dos grandes manifestaciones en Caracas y diversas movilizaciones en
varias ciudades venezolanas. Una, de apoyo al presidente Nicolás Maduro y al
gobierno chavista. Otra, convocada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que
partió desde 26 puntos diferentes de la capital venezolana para confluir en
cuatro grandes concentraciones- sus organizadores hablan de dos millones de
manifestantes- e intentar, por quinta vez, llegar hasta la sede del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) para exigir la destitución de sus integrantes,
quienes a fines de marzo en 48 horas anularan y luego restauraran al Poder
Legislativo.
Una, ocupó la céntrica
avenida Bolívar cuya capacidad se estima en 200 mil personas- sus organizadores
hablaron de tres millones de participantes - se desplazó sin problema, en clima
de fiesta. Otra, fue dispersada a punta de gases lacrimógenos, perdigones y
golpes procedentes de la guardia nacional bolivariana.
Una, defendió la
permanencia de Maduro en el gobierno, cuya popularidad en las encuestas se
ubica en un 20 por ciento. Otra, reclamó elecciones generales inmediatas y
liberación de los presos políticos.
En una, veinte
periodistas fueron agredidos según la ONG Espacio Público a los cuales los “colectivos”,
grupos paramilitares armados por el gobierno, les prometieron “plomo”.
El gobierno, en ese día
de manifestaciones, quitó del aire las señales de un canal colombiano de TV- de
El Tiempo- y del canal Todo Noticias (TN) de Argentina, que se suman a las
anteriormente censuradas CNN en español, las televisoras RCN y NTN de Colombia
y numerosos medios venezolanos.
El miércoles 19 hubo
tres ciudadanos muertos, 60 heridos, y más de 500 detenidos según
organizaciones venezolanas de derechos humanos. Un saldo infinitamente menor
que las 43 muertes que dejaron las manifestaciones antigubernamentales de
febrero a mayo de 2014.
Maduro convocó a un
nuevo diálogo con la oposición al tiempo que prometía enjuiciar al presidente
de la Asamblea Nacional Legislativa, Julio Borges, uno de los líderes de la
MUD, con el argumento de que incita a la violencia.
Días antes había
inhabilitado por 15 años al ex candidato presidencial Henrique Capriles, a
quien derrotó en 2013 con un ajustado 50,6%.
En 2014 expulsó de la
Asamblea Nacional a la diputada más votada de esas elecciones, María Corina
Machado y en julio de 2015 la inhabilitó por 12 meses. Mantiene en prisión
desde febrero de 2014, mediante un juicio amañado, a otro de los principales
líderes opositores, Leopoldo López. El Grupo de Trabajo de la ONU en agosto de
ese año opinó que “la detención del Señor Leopoldo López constituye una
detención arbitraria (…) por consiguiente recomienda la inmediata libertad del
Sr. Leopoldo López y que se le otorgue una reparación integral, incluida la
compensación de carácter indemnizatorio y moral, así como las medidas de
satisfacción como pudiere ser una declaración pública de desagravio en su
favor”. Comunicación N°26/2014 dirigida a la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo, Maduro el
lunes 17, dos días antes de la marcha convocada por la MUD, anunció que serían
entregados 500 mil fusiles a otros tantos “milicianos” para “defender la
revolución”, lo que generó la inmediata advertencia al Ejecutivo venezolano
desde la Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos: “lo que se necesita en este contexto de conflicto es que la tensión se
apacigüe, no que se incremente, y cuantas más armas en la calle más
posibilidades de que puedan ser usadas“, indicó el portavoz de la Oficina,
Rupert Colville y agregó que “dar armas a los civiles implica muchísimo
riesgo”.
Por su parte el número
dos del gobierno, el capitán ® y diputado socialista Diosdado Cabello, desde
los medios de comunicación incitó a la violencia contra la ciudadanía
opositora. Sostuvo que debe leerse el “Manual del Combatiente Revolucionario”
donde se consignan fotografías, nombres, direcciones, teléfonos y actividades,
de los principales referentes de la oposición política venezolana. “Sabemos
para donde tenemos que ir”, sostuvo Cabello, “ahí están: marcaditos”, agregó,
en lo que se considera una exhortación al odio y la violencia, delitos
tipificados en la legislación venezolana. Cabello, contra quien hay denuncias
por narcotráfico, intimidó también a la prensa: "no se equivoquen con
nosotros. Sabemos a qué medios
tenemos que ir"
dijo ante las cámaras de televisión en la que aparece con un garrote en primer
plano.
La MUD por su parte
mantuvo las movilizaciones el jueves 20, convocó a manifestar de manera
pacífica en las urbanizaciones y para el sábado 22 llamó a la “Marcha del
Silencio” en rechazo a la violencia gubernamental desplegada el miércoles.
Esta movilización se
dirigirá a partir de las 10:00 a.m. a las sedes de la Conferencia Episcopal
ubicadas en el territorio nacional y se exhortó a la ciudadanía concurrir con
vestimenta blanca. El miércoles 12 el cardenal católico de Venezuela, Jorge
Urosa Savino, fue agredido por integrantes de un colectivo chavista en el
interior de la Basílica de Santa Teresa de Caracas, cuando oficiaba la homilía.
El lunes 24 está
previsto realizar un “Gran Plantón Nacional” consistente en ocupar las
principales vías del país y permanecer en ellas todo un día en protesta contra
lo que la MUD denomina la “dictadura” chavista.
La fractura de la
sociedad venezolana es evidente. En las elecciones legislativas de diciembre de
2015 el gobierno fue derrotado aunque mantuvo un 40 por ciento de los votos.
Los 14 meses transcurridos desde entonces fueron un constante enfrentamiento
entre los poderes Ejecutivo y Judicial contra el Legislativo. Ni la Unasur ni
Jorge Bergoglio, desde el Vaticano, pudieron encontrar eco en el chavismo para
un diálogo que viabilice una salida institucional. La OEA paulatinamente ha endurecido
su postura hacia Maduro y podría llegar a aplicarle la Carta Democrática. El
Mercosur también le ha dado la espalda.
Parece difícil que una
nueva instancia de diálogo prospere si nos atenemos al discurso agresivo de los
dirigentes chavistas que califican de “terroristas” y “antipatria” a millones
de sus compatriotas. O, al nivel de exigencia de la MUD que ha crecido
concomitantemente con esa agresividad verbal oficial. Pero si no es así, el
camino que seguirá Maduro parece evidente: incrementar la represión, lo que
redundara en más muertes en la calle. ¿Lo hará?
No la tiene fácil en lo
económico el gobierno chavista, debido a que la falta de divisas genera escasez
e inflación, esta última prevista por el Fondo Monetario Internacional en 720
por ciento para 2017 y los precios se multiplicarán por más de 21 en 2018, lo
que supondría una inflación del 2.068,5 por ciento. El
desempleo también
aumentará y pasará del 21,2 por ciento del 2016 a 28,2 por ciento en el 2018,
según el FMI.
¿Diálogo? El jueves 20
Maduro reiteró su apuesta al dialogo hecha el día anterior con el argumento de
que presidentes, expresidentes y personalidades se lo han pedido en calidad de
voceros de grupos de la MUD dispuestos al diálogo.
Pero al mismo tiempo,
Maduro anunció que enjuiciará a Capriles por “difamación” e “injuria” –lo que
se entiende como un reforzamiento en el despeje del escenario electoral de
candidatos fuertes -; acusó a la empresa telefónica Movistar de alentar el “golpismo
de la derecha” venezolana y también acusó al Departamento de Estado de estar
detrás de eso supuestos planes golpista, horas antes de que se conociera que
Citgo filial estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA –
poseedora de los activos externos de PDVSA que contabilizan 7.000 millones de
dólares- donó medio millón de dólares para los festejos de investidura de
Donald Trump, según un documento oficial difundido el jueves 20.
Acusaciones chavistas
que también involucran al secretario general de la OEA, el uruguayo Luis
Almagro, calificado como un “agente de la violencia”, por el embajador
venezolano ante la OEA, Samuel Moncada, durante una conferencia de prensa
ofrecida en Washington el miércoles 19 en que la OEA, entre otros temas, homenajeaba
los cien años de La Cumparsita uruguaya.
Hugo Machín Fajardo
hugomachinfajardo@gmail.com
@hmachin
Uruguay
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