En los años sesenta, ante la insurgencia del PCV y del
MIR contra el gobierno represivo de Rómulo Betancourt, el Congreso de la
República fue allanado y los diputados de esos partidos encarcelados sin
cumplir con las normas constitucionales. Hubo también terrorismo de Estado
aplicado por organizaciones paramilitares como la “Cobra Negra” contra líderes
estudiantiles, políticos y sociales. Los insurgentes, por s parte, efectuaron
atentados terroristas, como el asesinato de policías, bombas de bajo poder en
sitios públicos y secuestros; adicionalmente asaltos a bancos para proveerse
del financiamiento necesario.
Las acciones gubernamentales incluyeron la creación de
los “Teatros de Operaciones”, sitios militares donde se detenía a los enemigos
del gobierno y se violaban gravemente los derechos humanos: secuestro,
incomunicación, maltratos, torturas y asesinatos. Sin juicios, sin asistencia
médica, sin testigos. Hubo además los enfrentamientos gobierno-guerrilla, con
un saldo mayor de muertes y heridos del lado de los insurgentes, que no
llegaron a constituir peligro para la democracia representativa naciente.
Allanamientos de las universidades, hostigamiento permanente, modificaciones de
la Ley de Universidades y un saldo de estudiantes muertos, heridos y detenidos.
Se efectuaban además allanamientos nocturnos en
barrios populares, con detenciones ilegales y robo de pertenencias. Luchas en
varias ciudades entre manifestantes y encapuchados con la policía,
detenciones, uso de piedras y bombas Molotov por los manifestantes y disparos
de perdigones y armas de fuego, gases lacrimógenos y agua coloreada a presión,
por el gobierno. Estos incidentes se extendieron mucho más allá del fin de la
lucha guerrillera, que se produjo con la pacificación de Caldera.
La primera gran sorpresa con el gobierno “bolivariano”
fue ver como sus funcionarios, víctimas directas de atropellos y violaciones de
los gobiernos adecocopeyanos, han repetido con total naturalidad las mismas
conductas denunciadas y enfrentadas: detenciones arbitrarias, allanamientos
ilegales, uso de funcionarios enmascarados, confinamientos, secuestros,
maltratos y torturas, juicios militares a civiles y sin permitir el legítimo
derecho a la defensa. Pero además con mayor ensañamiento. Chávez y sus
insurrectos sufrieron prisión por dos años; el general Baduel lleva cerca de
una década. Es una desfachatez.
Defensores de los DDHH en el pasado hoy justifican
este tipo de conducta. ¡Insólito! Pero que la lucha política actual les haya
nublado el entendimiento a muchos venezolanos es increíble. Quienes hoy se
creen ya en el poder se preparan para la limpieza ideológico política del país,
del cual eliminarán, asesinándolos supongo, a todo quien sea sospechoso de
haber tenido alguna simpatía con Chávez o con Maduro. Profesores,
profesionales, periodistas y otros del campo opositor extremista, no tienen
empacho en decir que la libertad de información, expresión u opinión, tiene que
estar sujeta a una racionalidad; que no se puede caer en esas “veleidades” que
permiten que cualquiera diga lo que le parece.
Cuando lo leí recordé la lucha del gobierno por
imponer la información veraz, la cual terminó siendo la del gobierno y le
permitió criminalizar cualquier otra diferente. Pues bien, sus sucesores se
aprestan a hacer lo mismo y mejorarlo. Los cierres de emisoras de radio,
programas de opinión, televisoras, lejos de desaparecer se profundizarán,
repitiendo una conducta que han condenado todos estos años. ¡Inaudito! Pero
real. Esto como que no se acaba pronto; aún si hay un cambio de gobierno, si
quienes vienen lo hacen con estas intenciones, los enfrentamientos continuarán.
Lamentable, pero será así.
Luis Fuenmayor Toro
@LFuenmayorToro
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