Información dada a conocer por las Naciones Unidas aseguró, al inicio del año, que 85 rebeldes ex miembros de las FARC habían sido dados de baja. La organización mundial consideraba que estas muertes no eran atribuibles a las fuerzas oficiales colombianas, sino a grupos ilegales que se han hecho dueños de los viejos territorios ocupados por la fuerza guerrillera. Para este momento, los crímenes se han llevado más de 130 vidas.
Los acuerdos de paz llevan ya dos años de puestos en vigor y esa persecución continúa, es lo que aseguran los altos jerarcas de las fuerzas guerrilleras sin diferenciar a quien son atribuibles los ajusticiamientos, si a los grupos paramilitares o a los militares en ejercicio.En todo caso el Presidente Iván Duque está siendo responsabilizado por los detractores de sus políticas por las muertes de los antiguos rebeldes hoy pacificados. Consideran que durante el gobierno actual se ha debilitado notablemente el aparato estatal, el cual hoy es incapaz de controlar las regiones aisladas del país donde operan.
Naciones Unidas da cuenta, igualmente, de que cerca de 400 activistas sociales y defensores de derechos humanos han encontrado la muerte en manos de los antiguos componentes no desmovilizados de las FARC o las fuerzas criminales organizadas al margen de la Ley. Todo ello sigue configurando una situación de gran inseguridad fuera de las ciudades la que el gobierno no es capaz de controlar.
El caso es que una diatriba importante existe en torno a los temas inherentes a la protección del más sagrado de los derechos que es el de la vida. Sectores cercanos al gobierno y miembros del partido Conservador le han pedido al Presidente declarar el estado de conmoción interior previsto en el artículo 213 de la Constitución para contener estas olas criminales. El gobierno no ha hecho caso de estas peticiones y más bien se ha plegado a la posición del Partido Liberal y de las mismas FARC, hoy convertidas en parlamentarias, quienes no lo consideran apropiada tal declaratoria de conmoción interna.
El destacado analista político colombiano Eduardo Mackenzie lo señala en un reciente artículo de prensa en el que aborda el desacomodo de la brújula presidencial cuando dice: “Ante la impotencia del gobierno, los problemas se agravan…El pie de fuerza de la narco-guerrilla crece rápidamente: una tercera parte de las FARC retomó las armas y 31 grupos de ese sector operan en las áreas de cultivo de coca y de minería ilegal”.
El número de disidentes de las FARC en proceso de rearme es considerablemente alto y la mayoría de este contingente armado se dedica a la actividad del narcotráfico desde distintas regiones del país, ubicándose en las zonas limítrofes con Venezuela, y Venezuela misma, algunos de sus grandes santuarios. Los principales se encuentran en Norte de Santander, Vichada, Guainía, Vaupés, Guaviare, Putumayo, Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó.
Según Insight Crime, un ente independiente que estudia grupos de delincuencia organizada, existen en este momento más de 2800 guerrilleros disidentes. Esa cifra supone que 2 de cada 5 los integrantes de las viejas FARC, antes de los acuerdos de paz, hoy se dedican a estos criminales menesteres. No existe conexión entre estos grupos criminales con los antiguos postulados ideológicos de las FARC. Lejos de allí. Su trayectoria de origen es criminal y buena parte de sus miembros provienen de estructuras sicariales. Estas disidencias se enfrentan entre ellas por temas de liderazgo, límites territoriales o el control del negocio de la marihuana o cocaína.
En síntesis, el vecino país atraviesa una hora amarga por razones que tienen que ver no solo con seguridad ciudadana sino con el evidente peligro de la lesión a las instituciones y con la posibilidad de vaciar de su contenido a los acuerdos de paz. No existe desatención a los problemas. Lo que se está poniendo de manifiesto es la incapacidad gubernamental de poner orden en donde el país lo requiere desesperadamente.
Beatriz de Majo
@beatrizdemajo1
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