Desde 1999, pocas cosas en Venezuela han estado
exentas de ponerse en cuestión, por tanto no debe sorprendernos que la
cooperación internacional sea uno de esos aspectos. En mi opinión, otro asunto
irresuelto, puesto que no hemos avanzado a una legislación sobre este tema, lo
que ha dado lugar a un conjunto de prácticas y discursos, que se amparan en ese
espacio opaco, que es la discrecionalidad.
Hoy es clave que la Asamblea Nacional, delibere y
establezca una legislación sobre la cooperación internacional, que entre otras
cosas obligue a los cooperantes a estar registrados y a sus contrapartes
locales rendir cuentas públicas, así como la institucionalidad necesaria para
este sector. Un instrumento jurídico sobre este aspecto, debe ser construido
con la participación de los sectores políticos y sociales, que están
relacionados con la cooperación internacional en nuestro país, en el marco del
diálogo que se convocó desde la Asamblea Nacional, pero con una orientación
clave: la cooperación es para la paz y en buen vivir.
Un avance de este calibre evitaría que los apoyos de
sectores políticos globales a actores políticos venezolanos, sean camuflados
como cooperación internacional y sirvan para cimentar intereses contrarios a
los establecidos en nuestra constitución. Dicho de otro modo: separar el grano
de la paja.
Demos la bienvenida a quienes desde cualquier parte
del mundo quiera cooperar con el pueblo venezolano, pero dentro de un marco
claro, a sabiendas que no es la panacea, ya que la resolución de nuestros problemas
pasa por el cese de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y la
liberación inmediata de los fondos confiscados ilegalmente a la República.
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