En los países con democracias jóvenes y culturas
políticas inmaduras como Latinoamérica, el fenómeno de “mezcla de intereses” es
mucho más marcado que en aquellos Estados con niveles altos de
institucionalización como la Europa nórdica.
En nuestra región, es lugar común observar como
quienes llegan al poder quieren enclaustrarse en él para convertirse en élite
política y posteriormente en élite económica, el chavismo es el ejemplo más
fidedigno de este fenómeno en el siglo XXI, tanto que finalmente decidió
sustituir la democracia por el castrismo, con aderezos de regímenes
emparentados.
¿Cómo salvar la democracia? Este tema lo hemos tratado
principalmente en otros artículos internacionales, motivado que a lo interno de
Venezuela la realidad exige abordar otros tópicos, sin embargo, lo traemos a
colación porque sí queremos pensar en un país distinto es determinante tener
claras las nuevas bases en que será cimentado. El secreto de la democracia no
es la ideología, al contrario, estas resultan ser un veneno autodestructivo muy
eficaz, el secreto es la institucionalidad, es decir, el irrestricto apego a la
ley por parte de las instituciones del Estado.
¿Cómo lograr la institucionalidad? En Venezuela, a
menos que la descentralización sea tomada en serio, los poderes públicos
nacionales son el sostén de la democracia, conforme actúen éstas marcha la
democracia, el país. En consecuencia, es la Asamblea Nacional, y los poderes
que ella elige, la responsable del bienestar del país más que el presidente, a
pesar que somos un arcaico sistema presidencialista, el resto de los poderes
nacionales constitucionalmente pueden/deben controlarlo, pero sí estos poderes
incumplen su rol, el ejecutivo nacional se convierte en una especia de
caudillo, reyezuelo y es lo que ha ocurrido los últimos 20 años.
Para lograr la institucionalización, nuestra carta
magna debe ser otra muy distinta a la actual, donde prevalezca la
descentralización, la separación de poderes, el respeto irreductible de las
libertades y derechos de los ciudadanos por parte del Estado, donde el trabajo
y la educación sean los motores del desarrollo. Mientras, ayudaría mucho que en
los actuales artículos 249, 263, 280, 284, 288 y 296, donde se describen los
perfiles exigidos para ser Procurador General, Magistrado, Defensor del Pueblo,
Fiscal General, Contralor General y Rectores respectivamente, se prohíba
taxativamente ejercer estos cargos a ciudadanos vinculados (pasado y presente)
con partidos políticos.
De este modo, nos aseguraríamos no solo la
imparcialidad de los poderes públicos sino de la idoneidad de los titulares,
tendremos como magistrados a los mejores abogados, como defensor del pueblo y
fiscal general a los paladines reales de DDHH, como rectores CNE a venezolanos
comprometidos con el país, no con tendencia partidista alguna.
En la forma como hoy rige la ley, la burlesca firma de una supuesta renuncia al partido es la determinación fehaciente de imparcialidad e independencia, aunque publica y notoriamente esa persona sea una figura partidista rimbombante ¡Es una burla! Por tal motivo, en lugar de poderes públicos nacionales tenemos extensiones partidistas, los partidos y sus destructivas ideologías (serviles a pocos) nos está asesinado la patria ¡Para pensarlo!
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