Revuelo en el personal, los gremios y las autoridades
universitarias. La noticia circuló pocos días antes del pasado 8 de marzo.
Voceros del MPPEU anunciaron, de manera repentina, que a la brevedad los pagos
de las nóminas universitarias dejarían de hacerse por el procedimiento legal
acostumbrado. De ahora en adelante sería mediante otro proceso, ilegal e
inconstitucional, que implicaría la utilización de la plataforma del sistema
Patria. Un instrumento propagandístico y de control social y político que
utiliza el régimen para pagar pensiones y bonos a determinados sectores de la
población venezolana; y ahora supuestamente ajustado para cancelar también
sueldos y salarios de la administración pública, según lo dicho por algunos
funcionarios gubernamentales.
El régimen le exigió a cada universidad la entrega
inmediata de la data de profesores, empleados y obreros en el formato requerido
por el mencionado sistema. Una exigencia para un propósito que viola lo
previsto en el numeral 4 del artículo 9 de la Ley de Universidades y lo
establecido en el artículo 109 de la Constitución: el derecho de nuestras casas
de estudio de organizar y administrar eficientemente su patrimonio.
Autoridades rectorales rechazaron la orden ministerial,
antes, durante y después de las conversaciones con el ministro Trompiz. Al
parecer hubo acuerdos que luego no fueron respetados por el citado funcionario.
Asimismo, hubo protestas de los distintos gremios con algunas movilizaciones en
diferentes puntos de la geografía nacional. En todos esos desacuerdos con la
medida salieron a relucir argumentos jurídicos y de otra naturaleza. Además de
angustias diversas por las consecuencias negativas que cabe esperar con el
nuevo procedimiento.
De nada valió que varias universidades se opusieran y
no consignaran formalmente ante la Oficina de Planificación del Sector
Universitario la data requerida. No fue impedimento para que se emitiera la
orden de pago para su personal a partir del 17 de marzo, aunque no se sabe por
quién. Una jugada en la que de paso se hicieron efectivos los pírricos aumentos
de la nuevas tablas salariales negociadas y acordadas con el ilegítimo y pro
gubernamental Frente de los Trabajadores Universitarios, sin la participación
de la Fapuv y de otras agrupaciones gremiales representativas.
En la oscuridad queda por los momentos la respuesta a
la pregunta de quién usurpó la elaboración de las nóminas correspondientes de
esas instituciones. Razones para pensar que el régimen se apropió de las
mismas, con lo cual le asestó otro duro golpe a la autonomía universitaria,
dando un paso importante de avance en su afán de control total de nuestras instituciones
educativas.
Una grave y penosa situación donde, me duele mucho
decirlo, uno echa de menos la oportuna y regular información oficial sobre lo
que realmente ocurre y ha estado sucediendo en varias universidades acerca de
los hechos antes relatados, así como una movilización más contundente y
unitaria del personal y de los gremios en la defensa de sus legítimos derechos
y de los que conciernen a los centros de estudios en su conjunto.
Es para presagiar días más oscuros para la universidad
autónoma venezolana. No solo porque su más enconado enemigo, hoy en el
ejercicio del poder, sigue profundizando sus acciones contra ella; sino también
por el cada vez más grande y desesperante aletargamiento que continúa
apoderándose de los que están llamados a defenderla para evitar su muerte
definitiva.
Eleazar Narváez
narvaez.eleazar@gmail.com
Venezuela
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