El fortalecimiento del Estado de derecho es un
objetivo importante en todo el mundo. Para que sea efectivo se requiere
claridad sobre las características fundamentales que lo definen, así como una
base adecuada para su evaluación.
El Índice de Estado de derecho presenta un panorama de
la situación en 128 países, mediante puntajes y jerarquías en ocho factores: 1)
límites al poder gubernamental, 2) ausencia de corrupción, 3) gobierno abierto,
4) derechos fundamentales, 5) orden y seguridad, 6) sometimiento a las reglas,
7) justicia civil y 8) justicia penal. La evaluación se basa en las
percepciones de las poblaciones nacionales y expertos en justicia de todo del
mundo (World Justice Project, 2020).
Venezuela, que alguna vez fuera una de las democracias
más estables y prósperas de América Latina, ocupa la última posición. De hecho,
ha estado en el último lugar por tres años consecutivos. El informe de este año
destaca que, en el ámbito regional, es la última de la lista en los ocho
factores estudiados. En el ámbito mundial repite la última posición en las
categorías 1 (límites al poder), 6 (sometimiento a las reglas) y 8 (justicia
penal); además, se ubica entre las últimas cinco en el resto de ellas, a
excepción del factor 2 (corrupción), en el cual aparece en la posición 117 de
128. La puntuación general es un vergonzoso 0,27 sobre 1, que implica un
descenso estadísticamente significativo en derechos humanos de -0,02 (World
Justice Project, 2020).
Incluso para quienes no creen en los índices, esta es
una clara señal de que Venezuela está lejos de garantizar que «todas las
personas y organizaciones dentro del Estado, ya sean públicas o privadas, están
sometidas —o tienen el derecho a beneficiarse de— leyes promulgadas
prospectivamente y administradas públicamente en los tribunales», según la
comprensión general del concepto de Estado de derecho (Bingham 2010: 48). En
pocas palabras, en Venezuela no hay derecho que valga, porque prevalece un uso
instrumental de la ley como herramienta del poder político (Waldron, 2020).
La situación ha empeorado en todos los frentes a un
ritmo vertiginoso, después de años de negligencia y mala administración de
ingentes recursos, por parte de los regímenes autocráticos de Hugo Chávez y
Nicolás Maduro. Bajo la llamada revolución socialista del PSUV, la economía de
Venezuela se ha derrumbado, las libertades políticas y civiles han sido
groseramente conculcadas y la corrupción ha invadido la administración pública
(McCain Institution, 2019).
Esto ha sido posible debido a la inexistente
separación de poderes. El gobierno y una Corte Suprema sumisa a sus dictámenes
despojaron efectivamente a la Asamblea Nacional de la mayoría de los poderes,
sin dejar «ningún espacio para el debate» (International Comission on Justice,
2019).
La Asamblea Nacional Constituyente convocada por
Maduro, mediante Decreto No. 2.830, el 1 de mayo de 2017, en un clima de
extrema polarización política, actuó hasta su reciente disolución como un
parlamento de facto, desconociendo su naturaleza, lo que la coloca más allá del
imperio de la ley. Entre otras cosas, rescindió la inmunidad parlamentaria de
los representantes de la Asamblea Nacional, destituyó al fiscal general y
aprobó medidas electorales, administrativas y legislativas en apoyo de la
agenda del Ejecutivo (CIJ, 2019).
Ahora la ilegitima nueva Asamblea Nacional, producto
de unas elecciones cuestionadas internacionalmente, se prepara para secundar
abiertamente el ejercicio de Maduro con «reformas urgentes a un grupo de leyes
para hacerlas más simples y funcionales» (El Nacional, 22 de enero de 2020).
Como si esto fuera poco, existe una evidente presión política sobre el poder
judicial, que se ha visto privado de su independencia e imparcialidad, lo que
se traduce en falta de acceso a la justicia para las víctimas de violaciones
graves y generalizadas de derechos humanos por parte de las fuerzas de
seguridad (CIJ, 2019). Según la ONU, estas violaciones «equivalen a crímenes de
lesa humanidad» (UN News, 2020).
La misión internacional independiente de determinación
de los hechos, en sus conclusiones publicadas en septiembre del año pasado,
citó pruebas de ejecuciones ilegales, desapariciones forzadas, detenciones
arbitrarias y torturas en el país desde 2014. «Es probable que altas
personalidades militares y ministeriales estuvieran al tanto de los crímenes»,
dijeron los investigadores, lo que abre la puerta a la justicia internacional
(UN News, 2020).
La covid-19 le está dando a Maduro un pretexto para
silenciar a los críticos y consolidarse en el poder. Según Casal y Morales
(2020), el estado de alarma decretado el 13 de marzo de 2020 no solo contradice
las disposiciones constitucionales para los estados de excepción, sino que se
emplea para imponer limitaciones abusivas a los derechos humanos, agravar la represión
política y la persecución, desdibujar la gravedad de ciertos problemas
socioeconómicos y contener las protestas sociales.
Como afirma Bulmer (2018), las disposiciones de
emergencia son necesarias porque permiten al Estado responder de manera efectiva
a las crisis. Sin embargo, muchos gobiernos han abusado traspasando los límites
democráticos. En su opinión: Si están bien diseñadas y se aplican correctamente,
las disposiciones de emergencia son un mecanismo de autodefensa, una forma de
garantizar la resiliencia democrática al proporcionar el poder necesario para
hacer frente a amenazas y desafíos graves en el marco de la ley. Pero, muchos
gobiernos las han utilizado de manera inapropiada, no para restaurar la
normalidad democrática sino para eludir cualquier canal de responsabilidad,
hostigar a los disidentes, manipular elecciones, censurar a la prensa y, en última
instancia, dejar de lado una constitución nominalmente democrática e imponer un
régimen abiertamente dictatorial (Bulmer, 2018: 6).
Tal es el caso de Venezuela. La ausencia de controles
judiciales y parlamentarios que pudieran contrarrestar estos excesos de poder
ha dado lugar a un giro autocrático, en un contexto que ya era autoritario. Si
bien en varias regiones del mundo se han intensificado los esfuerzos para
recuperar cierta «normalidad», interrumpida por la pandemia, en Venezuela es
necesario restablecer la normalidad democrática para recuperar el Estado de
derecho.
María Gabriela Mata Carnevali
matacarnevali@gmail.com
@mariagab2016
Venezuela
http://www.debatesiesa.com/venezuela-sin-derechos/
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