En gran medida, este es el resultado de un fenómeno
inédito de violencia, marginación y deterioro tanto de las condiciones de vida
como del cambio climático que azota a algunos de los países centroamericanos.
Para dimensionar apropiadamente la alarmante combinación de retos en materia de
desarrollo económico, migración, inseguridad y escasez de oportunidades que
golpean a estas naciones, tómense en cuenta los siguientes datos. Cuatro de los
seis países más pobres de América Latina son centroamericanos, lo mismo que
cuatro de los cinco países del hemisferio con los más altos niveles de
informalidad y dos de los tres países más violentos del mundo. En esos mismos 4
países, 60% (5,4 millones) de los niños y adolescentes en edad de estudiar no
tienen acceso al sistema educativo y los costos asociados al crimen, se
calculan en alrededor del 8% del PIB regional superando los gastos en salud y
seguridad social. Lo anterior se mezcla a la disfuncionalidad de gobiernos con
una rampante corrupción pública y una recaudación notoriamente insuficiente
–equivalente al 14% del PIB regional- que han limitado seriamente la capacidad
de ofrecer servicios públicos de calidad y con adecuada cobertura.
Si bien las élites locales no tienen excusa alguna de
la grave situación de estos países, es justo decir que los problemas asociados
a la migración centroamericana son también la consecuencia de políticas y
enfoques inadecuados para abordarlo, de manera integral, por parte de
prácticamente todos los países involucrados, entre ellos el país de destino. En
un contexto caracterizado por la ausencia tanto de un acuerdo bipartidista alrededor
de una reforma a la política migratoria o un enfoque para la gestión de la
frontera sur, las decisiones de la Casa Blanca en los últimos años han dejado
mucho que desear en materia humanitaria y no han articulado una propuesta de
desarrollo integral para la región. Desde que la administración del
expresidente Obama deportó a migrantes en cantidades récord, hasta las brutales
políticas del expresidente Trump que separaron a decenas de miles de familias
migrantes, obligaron a los países centroamericanos y a México a contener los
flujos migratorios mediante acuerdos de tercer país seguro y que violaron el
derecho de asilo y refugio, Estados Unidos no ha logrado sostener una política
que responda a las razones últimas del desarraigo de las poblaciones centroamericanas.
No obstante, el contexto del cambio de administración
en Estados Unidos parece propicio para relanzar un esfuerzo de interlocución
con el gobierno del presidente Biden que ha lanzado un “Plan para fortalecer la
seguridad y la prosperidad con los pueblos de Centroamérica” que contempla
4.000 millones de dólares en asistencia, y que ha sido incorporada en algunos
de sus elementos a la reforma migratoria recientemente enviada al Congreso,
conocida como el the U.S. Citizenship Act of 2021.
Esta es una oportunidad que las naciones del istmo
centroamericano no deben desperdiciar y frente a la cual un grupo de ciudadanos
de la región, hemos formulado algunas recomendaciones con el objetivo de
complementar y robustecer la eficacia y el impacto de las políticas de la
administración Biden hacia Centroamérica.
En el documento intitulado “Centroamérica y Estados
Unidos: hacia una relación de fructífera vecindad” advertimos de tres
importantes elementos a tomar en consideración. En primer término, la necesidad
de ir más allá de los países del llamado Triángulo Norte (Guatemala, El
Salvador y Honduras), y considerar a la región en su conjunto. Los efectos de
las grandes amenazas que pesan sobre la región como el crimen organizado, el
cambio climático, y el deterioro democrático se hacen sentir en otros de los
países. Las operaciones de las bandas criminales alcanzan a toda la región, los
huracanes y las sequías golpean corredores transfronterizos, los
desplazamientos de población no son sólo hacia el norte, también se dirigen
hacia el sur, y la deriva dictatorial en Nicaragua hace palidecer los faltantes
democráticos de sus vecinos del norte. No sólo los retos son compartidos,
también las respuestas tienen un fuerte condicionamiento regional, considerando
los instrumentos que estos países han diseñado para gestionar procesos
comerciales, energéticos, aduanales, de seguridad, migración y otros.
El segundo elemento que recomendamos, es ampliar la
interlocución con actores no gubernamentales. La región tiene una asignatura
pendiente para presentarse unida y con una voz común frente a los grandes temas
que conciernen a sus habitantes, entre otras razones por las divergencias entre
los liderazgos políticos de quienes gobiernan estos país. Adicionalmente,
algunas de las élites han fallado en sostener esfuerzos significativos de
reforma institucional como lo demuestran la finalización de las misiones contra
la corrupción en Guatemala (CICIGI) y en Honduras (MACCIH) y la aún limitada
capacidad técnica y cuestionada independencia de la CICIES en El Salvador. Un mayor protagonismo y participación de la
sociedad civil en los procesos de reforma institucional que la región urgentemente
necesita, podría blindar los avances frente a presiones políticas y
corporativas.
Finalmente, para evitar que una estrategia de
cooperación no termine en el reduccionismo de la agenda migratoria de los
Estados Unidos, se deberán integrar diversos componentes que atiendan problemas
de fondo como la acción climática, la integración económica y comercial, la
apuesta por la educación, la innovación y el uso de la tecnología como medios
para combatir la desigualdad y la inclusión, el apoyo a las respuestas a las
emergencias de salud y el fortalecimiento al combate de la inseguridad
alimentaria y la desnutrición. En este orden de cosas, resulta inevitable el
llamado que hemos hecho a las nuevas autoridades de la administración Biden, a
dar un paso decidido para replantear la estrategia de guerra contra las drogas
que ha prevalecido en los últimos veinticinco años. El reciente informe de la
Western Hemisphere Drug Policy Commission, reconoce el “fracaso colectivo” de
los esfuerzos por controlar el uso indebido y el tráfico de drogas en el
Hemisferio, que han generado un destructivo saldo humano e institucional,
especialmente para Centroamérica.
Tenemos la oportunidad de hacer de nuestra vecindad y
amistad con los Estados Unidos de América, una fortaleza que abone a la
realización de las aspiraciones de prosperidad, seguridad, paz y estabilidad de
los ciudadanos centroamericanos, y que prevenga las trágicas caravanas de
migrantes que todos los días cubren de luto a estas pequeñas naciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario