A
partir del 10 de enero pasado, con la autoproclamación de Maduro, así como, la
posterior actuación de la Asamblea Nacional, la situación política de nuestro
atribulado país, llega a una encrucijada y a un punto de inflexión definitivo
para nuestro futuro.
Maduro
asume un nuevo período presidencial sin legitimidad para ello, se juramenta
ante un Tribunal Supremo de Justicia, igualmente ilegítimo y ante la presencia
de poderes, también cuestionados..
Este
no sólo tiene un problema de legitimidad de origen al ser “re-electo” en un
proceso electoral donde no se garantizó el derecho al voto directo y secreto,
con un sistema electoral vulnerado y sin garantías políticas para que los
ciudadanos pudiesen ejercer el voto libremente, sino que además se
inhabilitaron partidos, se encarceló e inició una persecución contra
precandidatos o potenciales candidatos a la presidencia, entre ellos, este
servidor.
El
gobierno de Maduro, también ha perdido su legitimidad al incumplir las
obligaciones inherentes al cargo para el que fue nombrado: se ha desviado de
sus fines y funciones, del objeto de su investidura y ha violentado de manera
reiterada la Constitución vigente, en particular, los derechos fundamentales,
humanos y políticos de todos los venezolanos y venezolanas consagrados en ella.
Ha
incumplido con su obligación de “procurar la garantía de los derechos y
libertades de los venezolanos y venezolanas, así como, la independencia,
integridad, soberanía del territorio y defensa de la República” (art. 232 de la
Constitución). Por el contrario, ha violentado de manera sistemática los
derechos de los ciudadanos y sus libertades, a la vez que ha permitido que
nuestra soberanía sea violentada, haciendo caso omiso, a la presencia y
actividad, desde hace aproximadamente cuatro años, de transnacionales
petroleras y mineras en aguas y tierras del territorio Esequibo en reclamación
con Guyana.
Así
mismo, ha incumplido con “la defensa y desarrollo de la persona, el respeto a
su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción
de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y
bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento, derechos y deberes
reconocidos y consagrados en esta constitución.” (art. 3 de la Constitución),
con lo que ha llevado a nuestro país a un abismo, donde el pueblo vive en un
estado de calamidad y atraso permanente.
Ha
fallado en su obligación de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las
Leyes”, en particular, en el ámbito económico: la soberanía sobre el petróleo,
el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de nuestras reservas
petroleras y mineras, el funcionamiento del BCV, y en general, de la totalidad
de la institucionalidad del Estado: El Poder Judicial, El Poder Moral y el
Poder Electoral, han sido convertidos en apéndices del gobierno y han
convalidado la reiterada violación de nuestra Constitución y nuestras leyes.
No
existe la esencia del Estado de Derecho, que se basa en la independencia de
Poderes y funciones, establecidas por la Constitución de 1999, justamente para
defender al ciudadano y al país del abuso y desviación del poder.
Se
han nombrado magistrados del TSJ de manera fraudulenta, sin cumplir los
requisitos ni mecanismos establecidos en la Constitución. Estos se han nombrado
a dedo, la mayoría de las veces sin la mínima calificación requerida, más allá
de su incondicionalidad al madurismo, para ocupar altísimas responsabilidades,
desde donde han vulnerado el Estado de Derecho y dictado sentencias violatorias
de nuestra Constitución y Leyes, en especial, todo el régimen legal relativo al
ejercicio de nuestra soberanía sobre el petróleo y nuestra soberanía
jurisdiccional.
El
Ministerio Público ha sido convertido en un agente del madurismo, un aparato de
convalidación de crímenes y violaciones permanentes del Estado de Derecho, del
debido proceso, de la presunción de inocencia y demás derechos consagrados en
la Constitución, incluyendo los Derechos Humanos.
El
Poder Electoral ha perdido su capacidad de actuación independiente, al ceder a
la manipulación y presiones políticas del gobierno, además de haberse
desmantelado los complejos mecanismos informáticos y procedimientos que
garantizaban la protección del voto y el artículo 293 de la Constitución.
La
Asamblea Nacional Constituyente ha sido deslegitimada, al ser utilizada para un
fin distinto del que establece la Constitución: un órgano supraconstitucional,
temporal, con el objetivo de redactar un proyecto de Constitución. Pero la
realidad, es que la Constituyente es un apéndice del gobierno, que se ha
utilizado para convalidar la entrega, promulgar leyes contrarias a las vigentes
y a la misma Constitución, así como, para convalidar cualquier acción del
gobierno, por más ilegal que ésta resulte. Se ha convertido en un órgano
legislativo, permanente en el tiempo en vez de temporal, como exige la
Constitución, y no ha presentado a la discusión de los ciudadanos ningún
proyecto de Constitución.
Por
su parte, la Asamblea Nacional actúa ilegalmente, al auto proclamar un
“Presidente de la República”, sobre una declaración de “falta absoluta” del
presidente con base en una sentencia emitida por el “Tribunal Supremo de
Justicia con sede en el Exterior” que, evidentemente, no cumple con lo
establecido en nuestra Constitución, por lo cual, sus actuaciones carecen de
legitimidad.
La
Asamblea Nacional, aunque con legitimidad de origen, se ha deslegitimado al
desviarse de sus funciones y atribuciones claramente establecidas en el
artículo 187 de la Constitución y, en vez de “legislar y controlar”, se ha
dedicado, desde su inicio, a intentar sustituir al gobierno. Su primer
presidente proclamó, apenas instalándose, su manifiesta intención de derrocar a
Maduro en un período de seis meses, intención que ratificó su segundo
presidente y ha sido la tónica permanente de este órgano legislativo,
abrogándose incluso funciones jurisdiccionales para juzgar y condenar la
gestión del gobierno del presidente Chávez, violando “la cosa juzgada” por las
anteriores Asambleas Nacionales.
De
manera que, ambas fuerzas en conflicto, aunque no se diferencian en nada
sustantivo en lo ideológico, son capaces de llevarse al país por el medio con
el objetivo de aferrarse en el poder, o hacerse con él.
El
escenario de “aniquilación del contrario” planteado por ellos en este momento,
no podrá sacar al país de la terrible crisis en la que se encuentra; y, por el
contrario, hará la situación mucho peor, alejando cualquier posibilidad de
detener la caída, salir del abismo e iniciar la recuperación de la Patria.
Lo
más peligroso es que, cualquiera de los grupos en conflicto por hacerse o
mantenerse en el poder, están dispuestos, no sólo a seguir hundiendo al país en
el caos y destruyendo las posibilidades de superar los tremendos desafíos de
gobernabilidad y sostenibilidad que tenemos, sino que ahora asoman, de manera
irresponsable, la posibilidad de un conflicto armado o militar de proporciones
impredecibles.
Unos
han agitado la posibilidad de un conflicto militar con Colombia, mientras los
otros, piden a gritos una intervención militar extranjera que, por primera vez
en nuestra historia Republicana, permita que nuestra soberanía sea vulnerada
por tropas y ejércitos extranjeros.
Cualquiera
de estos escenarios, lo único que traerá es derramamiento de sangre, más
destrucción y, seguramente, el colapso del Estado y la vulneración de nuestra
integridad territorial.
Entendemos
que, más allá de un problema legal o de materia Constitucional, ésto es
fundamentalmente un problema político, por lo que hay que hacer algunas
consideraciones.
El
madurismo ha cumplido su tarea de desmantelar al chavismo como movimiento
político, y ha cumplido su objetivo de debilitar al Estado venezolano y a todas
sus instancias políticas. Ha debilitado tan profundamente al país que, por
primera vez, probablemente desde la época de los sucesivos períodos de
inestabilidad y fragmentación que caracterizaron al país durante mediados y
finales del siglo XIX, Venezuela está en un riesgo cierto de sufrir una
agresión externa, de perder parte de su territorio o de convertirnos en un
Estado fallido que sería tutorado por fuerzas extranjeras.
Estamos
en la antesala de un saqueo generalizado de nuestros inmensos recursos
naturales, que al final es el objetivo de cualquiera de las economías
industrializadas e intereses transnacionales que nos acechan, o que ya han
tomado una buena tajada de nuestros recursos de mano del madurismo.
Estamos
ante un altísimo riesgo de colapsar de manera definitiva. El madurismo ha sido
absolutamente rapaz e incapaz de gobernar el país, ha provocado sufrimiento,
pobreza del pueblo, destrucción y el mayor éxodo de habitantes de nuestra
historia. La entrega de nuestros recursos estratégicos ha sido criminal y
lesiva a los intereses de la Patria.
Por
otra parte, la derecha y extrema derecha, agazapada detrás de la acción de la
Asamblea Nacional, además de intolerante, sólo promete revancha y odio, al estar
llenos de un resentimiento proto fascista que llevará a nuestro país a un nivel
insospechado de ingobernabilidad, violencia y mayor entrega de nuestra
soberanía: volveremos al Estado neocolonial que nos caracterizó durante buena
parte del siglo XX.
En
esta disputa política, donde se confrontan dos caras de la misma moneda, el
gran ausente es el pueblo, justamente su principal víctima.
Ahora
bien, así como las bases sociales de la oposición no se sienten representados
por los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional, las del chavismo no
nos sentimos representados por el gobierno, ni por el madurismo.
La
gran mayoría del pueblo venezolano está ausente de la discusión o participación
política en la situación planteada, o bien porque están fuera del país, o
porque están decepcionados, apartados, desmovilizados u ocupados en la lucha
diaria por subsistir. Al país se le arrebataron los espacios para el ejercicio
de la Democracia Participativa y Protagónica consagradas en la Constitución.
De
manera que hemos retrogradado a los tiempos donde las élites, ávidas de poder,
deciden, mediante pactos o confrontación, el destino de todo el país. Eso no lo
podemos tolerar, no podemos sucumbir ante chantaje de ningún tipo, ni el
secuestro y vulneración del derecho que tenemos, a decidir nuestro futuro por
élites que no representan al pueblo y que han resultado ser profundamente
perjudiciales al país.
De
todas las interpretaciones que se hacen a nuestra vapuleada y vulnerada
Constitución, donde cada grupo de poder la ajusta a sus propios intereses,
existe un solo principio que no puede interpretarse a conveniencia, un
principio claro y fundamental: “La Soberanía reside intransferiblemente en el
pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución…”
(art. 5 de la Constitución)
Es
decir, más allá de cualquier disputa entre poderes y élites que han secuestrado
el poder originario del pueblo, la soberanía del país, la autoridad donde
reside el poder político, su existencia como entidad territorial y política,
única e independiente, reside en el pueblo. El pueblo es el único que tiene
legitimidad para decidir los destinos de la patria.
Este
artículo está lleno de consideraciones Constitucionales y políticas de manera
expresa, porque ambas comportan los elementos fundamentales de la legitimidad
de un sistema de gobierno, y son las bases fundacionales de la V República que
se tambalea ante la acción depredadora de las élites político económicas en
disputa. Si nuestro atribulado país y su sistema político pierde legitimidad y
es vulnerado en su soberanía, entonces estamos expuestos al colapso del Estado
en su capacidad de defensa del pueblo, sus riquezas, sus derechos y ser objeto
de cualquier situación de agresión externa o incluso una intervención
internacional.
Una
institución que resulta fundamental en estos momentos difíciles que atraviesa
nuestro país, son la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sobre todo por tener
el monopolio de la violencia, por las facultades y mandatos que le confiere la
Constitución en su artículo 328 y por la propia Doctrina Militar Bolivariana,
que resume parte fundamental de su esencia en aquella última proclama del
Libertador desde su lecho de muerte, cuando las instaba a actuar “empleando su
espada en defender las garantías sociales”
Ésto
es más importante aun cuando la soberanía del país y su integridad territorial
están amenazadas por los factores en pugna. Por un lado, el madurismo entrega
las riquezas y recursos estratégicos de la patria, reservados por la Constitución
bajo control del Estado por “razones de conveniencia nacional… y de carácter
estratégico…”, tal como el petróleo y los minerales. Así como actúa
negligentemente en la defensa de nuestras fronteras al permitir y consentir la
actuación, durante más de cuatro años, de transnacionales que operan para
producir petróleo en aguas del territorio Esequibo en reclamación con Guyana.
Por otro lado, la extrema derecha clama por una intervención militar
extranjera, lo cual vulnera de manera abierta nuestra soberanía e integridad
territorial.
Una
parte integral y fundamental de la Doctrina Militar Bolivariana asumida como
propia y natural por nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encontrará que
el Libertador Simón Bolívar, aún sumergido en la más cruenta guerra contra el
imperio Español, siempre, en cualquier circunstancia, estuvo subordinado a la
Ley, entendiendo a la misma como el asiento, la legitimidad de todo su accionar
político y militar, las bases fundacionales de las nuevas Repúblicas. Mal podría
él mismo subvertirlas.
La
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el gran árbitro, por lo que debe
preservar su institucionalidad Bolivariana, no caer en la tentación de
comprometerse con ninguno de los actos ilegales o inconstitucionales de ninguno
de los grupos en pugna, preservarse íntegras en su moral, mandato y doctrina,
no permitir que el gobierno lo corrompa y lo vincule a los actos que atentan
contra nuestra soberanía como lamentablemente sucede hoy dia tanto en el manejo
del petróleo, en PDVSA y el manejo de nuestros recursos minerales, en el Arco
Minero.
Tarde
o temprano, llegará el momento en que tengan que rendir cuentas, civiles o
militares, los que hayan violado las Leyes y la Constitución vigente.
La
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al tener el monopolio de la violencia, es
la única capaz de evitarla, además de ser la única institución con la capacidad
para impedir que se instale la violencia en nuestro territorio, tanto por
conflictos de orden interno, como por una agresión extranjera.
La
norma para algunos políticos es decir que la “Ley no importa”, que estamos ante
“ésto” es un problema de poder. Es lo que han hecho de manera permanente tanto
el madurismo como la oposición aventurera y, violenta.
Pero
resulta que, contrariamente a lo que ellos pregonan, cuando la Ley se convierte
en el “Libro de todos”, como lo ha sido nuestra Constitución de 1999, entonces
actuar apegado a la misma reviste un tema de legitimidad, más aún cuando fue el
resultado aprobada producto de un proceso constituyente y de la voluntad
mayoritaria del pueblo.
No
es casual que el Presidente Chávez fuera escrupulosamente respetuoso de la
Constitución, y de las Leyes, incapaz de violarlas de ninguna manera. Porque
subordinarse a la Constitución es subordinarse a la voluntad del pueblo,
mantenerla viva, vigente, es honrar el poder originario delegado por el pueblo
a sus gobernantes.
La
Constitución ha sido y sigue siendo violentada y transgredida por los actores
políticos que hoy se confrontan: el madurismo con el control del gobierno y la
oposición atrincherada en la Asamblea Nacional, bregando por tomar el poder.
Ninguno
tiene la legitimidad, como lo hemos discutido arriba, para hacer lo que hacen,
ni lo que pretenden. Ninguno tiene legitimidad para conducir al país.
Quien
sí la tiene es el Pueblo, según lo establece el artículo 5to de la
Constitución, aunque es evidente que se le ha negado la posibilidad de
ejercerlo. Tanto por la trampa como por la violencia, se ha usurpado el poder
originario del pueblo. Por ello se requiere de una acción política de activa
movilización popular, que restablezca el principio Constitucional de que la
Soberanía reside en el pueblo. Que le ponga punto final a este desastre y que
sea capaz de evitar el asalto del fascismo.
Son
muchas las tareas hacia el futuro. Estamos listos para asumirlas. Lo más
importante es resolver esta encrucijada que mantiene paralizado al país y que
ha usurpado el poder del pueblo y, la soberanía de la Patria. El futuro nos
pertenece. Será un esfuerzo colectivo, con los mejores, los más conscientes y
capaces, más allá de las parcialidades, pequeñeces, egoísmos, intereses
grupales, sectarismos e intolerancia.
Se
trata de reconquistar el futuro del país posible, el sueño de tantos hombres y
mujeres de esta tierra de gracia, un sueño que ha sido truncado pero que está
vivo en los corazones de todos los patriotas. Es el momento de las definiciones
y de la grandeza ¡Venceremos!
Rafael
Ramirez
@RRamirezVE
