"es inherente a toda burocracia gubernamental
ajustarse a un conjunto de reglas e imponerlas de manera uniforme y
autoritaria. Si no fuera así, y el burócrata decidiera sobre los casos
individuales ad hoc, se lo acusaría, con justo derecho, de no tratar a cada
contribuyente y ciudadano de manera igual y uniforme. Sería acusado de
discriminación y de brindar privilegios especiales. Además, desde el punto de
vista administrativo es más conveniente para el burócrata establecer reglas
uniformes en toda su jurisdicción. A diferencia de la empresa privada, cuya
finalidad es obtener ganancias, a la burocracia gubernamental no le interesa
ser eficiente ni servir a sus clientes lo mejor posible. Al no tener fines de
lucro, y a salvo de la posibilidad de sufrir pérdidas, el burócrata puede
descuidar, y de hecho lo hace, los deseos y demandas de sus
consumidores-clientes. Su interés principal es "no hacer olas", y
esto lo logra aplicando equitativamente un conjunto de reglas uniforme, no
importa lo inaplicable que pueda ser en cualquier caso puntual." [1]
Sin embargo, a pesar de ser cierto lo anterior,
también es verdad que los burócratas discriminan, y es precisamente esto último
lo que se conoce con el nombre de corrupción, fenómeno cuya extensión -sobre
todo en Argentina- ha llegado a niveles alarmantes batiendo todos los récords
históricos hasta el presente. En realidad, como ha demostrado la Escuela de la
Public Choice -con James Buchanan y Gordon Tullock a la cabeza- los burócratas
si, tienen fines de lucro como cualquier ser humano normal.
Ahora bien, es cierto que, desde el punto de vista
institucional la burocracia no tiene fines de lucro, porque -en tanto
burocracia- fue creada para permanecer, con independencia de cualquier
circunstancia económica. No obstante, lo anterior, en cambio, los burócratas no
suelen ser los mismos, o no lo son por todo el tiempo. Esto hace que los
burócratas, conscientes de la transitoriedad personal en sus cargos, tiendan,
durante su paso por la burocracia, a tomar todo el dinero posible de ella, ya
sea por vías legitimas o ilegítimas, dando lugar a la corrupción tan denostada
por un lado y tan practicada por el otro. Pero la corrupción no está ínsita
-por regla general- en la persona del burócrata, lo que si esta inherente en la
institución es la potencialidad de promover o cobijar o -al menos- soportar
actos de corrupción. Si el empleado público -además- ve con buenos ojos el
cargo que ocupa como medio idóneo para lucrarse en y de él, la situación es,
por supuesto, tanto peor.
La burocracia -como entidad - no tiene fines de lucro,
pero el burócrata, contemplado desde la faz de un simple ser humano como todos,
si los tiene. Claro que, su lucro no proviene -en primera instancia- del
contribuyente, sino del organismo oficial que lo emplea. Sólo depende del
peculio del contribuyente de manera indirecta. Pero si perdiera su cargo de
burócrata (porque -por ejemplo- la repartición donde trabaja decidiera
cesantearlo) esto lo afectaría económicamente a él en persona. De allí que, es
natural que, desde su propio punto de vista, vea su puesto de burócrata como un
medio para beneficiarse económicamente de él, ni más ni menos que como
cualquier otro empleado privado ve su cargo en una empresa particular. Aunque
naturalmente los incentivos -tanto externos como internos- sean por completo
diferentes.
En la esfera política pasa algo bastante similar que
en la administrativa respecto de los funcionarios elegidos popularmente
mediante el voto. Su transitoriedad es mayor que la de los elencos estables
burocráticos y, por consiguiente, su tendencia a acumular durante tan breve
periodo también será más grande. De allí, la importancia de establecer
controles de todo tipo y de gran efectividad para evitar el enriquecimiento de
funcionarios y demás burócratas a costa del erario público.
Con todo, como apuntamos líneas más arriba, creemos
que hay que deslindar varios aspectos y dividirlos en dos partes al menos:
institucionales y personales.
La corrupción no sólo tiene que ver con las ansias de
ganancia del burócrata o gobernantes, tiene que ver con el diseño institucional
que, al hacer depender el funcionamiento de ciertos organismos estatales del
poder económico (grande o pequeño) de los contribuyentes, convierte a los
cuerpos gubernativos en sí mismos corruptos e inmorales, toda vez que para
hacerse de tales fondos necesitan del imperio y la fuerza bruta que les otorga
la ley respectiva que regula su creación y trabajo. Y de otra ley (superior o
paralela) que determina que su marcha será solventada con fondos del erario
público (en última instancia, impuestos vistos desde el lado del ciudadano).
No tiene tanto que ver en este punto la cantidad de
reparticiones u organismos estatales que se creen, sino las cantidades
efectivas de capital destinadas a su establecimiento y labor. Producirán mayor
daño tres organismos "públicos" que tengan un presupuesto del cien
por ciento del tesoro nacional (suponiendo por caso $ 1000) que diez de esos
organismos a los cuales se les destine un cincuenta por ciento de lo
presupuestado ($ 500) con independencia del total efectivamente recaudado. El
daño al contribuyente en el primer supuesto será del cien por ciento y en el
segundo de la mitad, pero en el primero sólo tenemos tres reparticiones públicas
y en el segundo diez. Claro que el análisis no es completo si no se considera,
no sólo la cuantía del gasto sino también su calidad, pero la cuantía luce como
el dato más importante, porque la calidad del gasto siempre dependerá que se
tenga algo para gastar, si esto falta es inútil entrar en un debate sobre
"la calidad del gasto" cuando no hay siguiera nada para gastar. Si
por $ 1000 puedo comprar un par de zapatos de la más alta calidad, vano es que
me detenga a comparar calidades si ni siquiera tengo $ 1000. La calidad, pues,
es una variable dependiente de la cantidad disponible para cada caso en
cuestión.
[1]
Murray N. Rothbard. For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. (ISBN 13: 9780020746904) Pág. 149-150
Gabriel S. Boragina
gabriel.boragina@gmail.com
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