Son
tan protuberantes los eventos que tienen lugar en suelo venezolano que ello ha
impedido prestarle atención a las difíciles horas que vive Colombia como
consecuencia de la decisión del presidente Iván Duque de exigir al gobierno
cubano la extradición de los 10 líderes del ELN que estarían detrás del
atentado de bomba que acabó con la vida de 21 cadetes hace una semana en la
Escuela de Formación policial de Bogotá. Los miembros de la criminal fuerza
guerrillera elena se encontraban en La Habana en calidad de negociadores de
paz, en el momento en que los insurgentes reivindicaron formalmente la autoría
del atentado.
El
tono del reclamo de Bogotá se ido tornando más severo y terminante en la medida
que el tiempo avanza y Miguel Diaz-Canel se rehúsa a dar un paso en favor del
reclamo que el Presidente de Colombia ha reiterado desde Davos. El Jefe del
Estado cubano sostiene que su negativa se ciñe al texto de un protocolo secreto
que fue firmado entre el gobierno colombiano y el ELN para el caso de una eventual
ruptura de los diálogos. Este protegería a la delegación insurgente, mientras
se encuentran en suelo cubano.
La
tesis del gobierno colombiano que ha sido aireada frente al mundo, es la de que
tal documento "no fue ideado para amparar al terrorismo". Además el
actual gobierno de Colombia asegura que desconoce formalmente este acuerdo que
permaneció en la sombra por varios años y que fue rubricado por un gobierno que
no fue el suyo. El protocolo acordaba el regreso de los guerrilleros a suelo
colombiano en caso de ruptura de las tratativas e incluso prevé fórmulas para
su internación en las selvas de Colombia.
Los
países garantes del acuerdo- Brasil Chile y Noruega-, quienes respaldan al
gobierno en repudiar el acto terrorista no convienen con Duque en que el
acuerdo solo compromete al gobierno actuante y no al Estado, y otro tanto han
manifestado expertos internacionalistas dentro de la geografía colombiana. Esta
es también la razón por la cual el Consejo de Seguridad ha sido tímido en su
apoyo al gobierno colombiano actual. El órgano cimero de Naciones Unidas ha
coincidido con Colombia en reprobar el acto criminal, pero no se ha pronunciado
sobre la pertinencia y validez del convenio secreto. Simplemente insiste en una
búsqueda negociada de la paz.
El
caso es que la captura de los líderes guerrilleros del ELN se ha tornado
espinoso para el mandatario y se está convirtiendo en un elemento de
desencuentro con su electorado, en el momento en que su popularidad se
encuentra en baja. El gobierno no puede permitirse debilidades en este
particular caso en el que está envuelta una fuerza guerrillera que se ha estado
fortaleciendo al interior de su país por falta de atención de su predecesor.
Las
investigaciones independientes de la Fundación Paz y Reconciliación señalan que
entre los años 2017 y 2018, esta guerrilla se expandió a 19
nuevos
municipios colombianos. Antes dl 2017 estaban en 96 poblaciones y, hoy tienen
asiento en 115 territorios del país.
Pero
el corolario es que el único que tiene un escenario difícil frente a si no es
el jefe del Estado neogranadino. Diaz-Canel tiene que medir milimétricamente su
inclinación hacia la inamovilidad en estas tensas horas. Se trata de su primera
real prueba de fuego. La Habana se encuentra en estrecha observación bajo la
lupa mundial y sometida a un escrutinio serio que va en paralelo y se agrava
con el soporte que le han estado proporcionado al régimen narco terrorista de
Venezuela.
La
intervención de La Habana en el continente suramericano en contra de la
seguridad de los Estados Unidos es otro tema que lo ha puesto en el tapete el
caso venezolano. Una actitud proactiva hacia el ELN o la facilitación cubana al
accionar de un grupo guerrillero caracterizado por su actividad de narcotráfico
además de su talante terrorista, no es poca cosa en épocas de Donald Trump.
Beatriz
de Majo
@beatrizdemajo1
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