Una clara
señal envió Bruselas al imponer sanciones a Pekín por motivos humanitarios: es
menester detener las prácticas discriminatorias y opresivas contra uigures y
personas de otras minorías étnicas musulmanas en Xinjiang. La batalla contra la
violación de los derechos humanos es ya una gesta enarbolada por los 27 de la
Unión a la que se han sumado Canadá y los Estados Unidos. Un ejercicio de
memoria nos lleva a 1989, cuando también los europeos reaccionaron con
sanciones frente a los asiáticos como consecuencia de la masacre de la plaza de
Tiananmen.
Es
inequívoca la posición asumida por los líderes del mundo libre al no dejar
pasar por alto los crímenes en este terreno. Pero las represalias del otro lado
no esperaron. Esta vez las autoridades chinas respondieron a la afrenta europea
adoptando sanciones contra cuatro entidades y diez ciudadanos europeos entre
los que se encuentran cinco diputados de la Eurocámara. Las entidades están
vetadas para desarrollar actividades de toda índole en suelo chino y las
personas no pueden pisar el espacio chino continental ni los territorios de
Macao y Hong Kong.
La
consecuencia de esta confrontación en materia de derechos humanos puede ir
bastante más lejos. Está en juego un importante instrumento de acercamiento
entre China y Europa que ha estado siendo negociado por ambas partes desde 2014
y que debería ser suscrito en menos de un año. El CAI, Acuerdo Integral sobre
Inversiones, sustituiría 26 acuerdos bilaterales de facilitación de inversiones
que se considera vital para el buen manejo de los negocios bilaterales. Este
tendría como finalidad homogeneizar el marco jurídico dentro del cual se
desarrollan las inversiones mutuas.
Resulta
imposible deleznar la trascendencia de este único instrumento con el que
contarán las empresas europeas y chinas para obtener protección jurídica a sus
negocios frente a prácticas discriminatorias, no equitativas o expropiaciones.
Estamos hablando de cifras muy gruesas: el flujo de inversiones directas de
China a la Unión Europea en las dos últimas décadas ha alcanzado 120.000
millones de euros mientras que Europa ha colocado algo más de 140.000 en la
geografía de su contraparte china.
Ya en
diciembre pasado los gobiernos de los dos socios habían avanzado hasta poner a
punto la letra del Convenio que, sin duda también será una pieza vital del
reequilibrio de la relación comercial bilateral. El intercambio entre ambos se
ubica en 1.000 millones de euros cada día.
Un
descarrilamiento de este esfuerzo representaría para Europa un perjuicio de
envergadura ya que la firma del convenio permitiría reequilibrar la
descompensación y la desigualdad de oportunidades que tienen sus inversiones en
territorio chino en relación con las inversiones de origen local. No es ese el
caso de China que se encuentra en una posición ventajosa en Europa. Un claro
ejemplo es la eliminación del requisito chino impuesto en la actualidad que
obliga a las empresas europeas a invertir con empresas locales para entrar en
el mercado de determinados sectores. Ello favorecería a las industrias
automotrices europeas, a la producción de equipos sanitarios y de transporte y
a la industria y tecnología bio-química europea. Es evidente que China puede
usar al CAI como elemento de presión con Europa aunque los afecte por igual.
Así pues,
las violaciones de los derechos humanos por parte del coloso asiático se han
convertido en un detonante de enormes dificultades con sus más importantes socios
comerciales, los Estados Unidos y la Unión Europea. La solidez de estas
relaciones seguirá siendo puesta a prueba.
Esta es
otra, la gran guerra de los derechos humanos y ella apenas comienza a mostrar
su garra.
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