"Trata de ser siempre honesto contigo mismo". Andrea Camilleri
La semana ha sido sumamente complicada, y se han gastado ríos de tinta
en comentarlo. Entonces, me limitaré a decir que el final del acto de la CGT me
dejó un horrible sabor a dejá vu; es que ver a las organizaciones trotskistas
comenzar a operar, y al kirchnerismo convertido en su compañero de ruta, trajo
a mi memoria lo sucedido a partir de los hechos de Ezeiza, cuando Perón volvió
al país.
En el marco del conflicto docente aún vigente –y que se transformó en
otro de los frentes elegidos por quienes quieren destrozar a la democracia-, me
parece más importante formular propuestas para un país mejor, y hoy será
entonces el turno de la Universidad pública.
Es mentira que ser pública y gratuita la convierta en una igualadora
social y, por eso, no lo es en Cuba, China, España, Brasil, Ecuador, etc. Ese
mantra populista perpetúa privilegios: ¿qué porcentaje de alumnos proviene de
las clases media-baja y baja?, ¿resulta lo mismo estudiar para alguien
mantenido por sus padres que integrar una familia obrera, que necesita del
trabajo del propio alumno para subsistir?, ¿es igual ir en automóvil que viajar
horas en medios públicos para llegar a clase? Y ya que se sostiene con
impuestos que pagamos todos, ¿es justo que los más pobres soporten una
Universidad que carece exigencias y será inalcanzable para sus hijos?
Pensemos por qué toda la comunidad tiene que pagar para que algunos
pocos estudien carreras que no sirven al conjunto social y que, en la enorme
mayoría de los casos, los graduados no encontrarán inserción laboral en el
campo elegido, produciendo frustración y resentimiento.
Finalmente, la vigente Ley Federal de Educación, al prohibir la difusión
pública de las evaluaciones de establecimientos educativos de niveles
secundario y universitario, iguala hacia abajo, porque impide la sana
competencia basada en la calidad y en la calificación de los títulos que otorga
cada uno, mucho de lo cual depende, precisamente, de los maestros y profesores,
que necesitan actualización y perfeccionamiento permanentes.
El promedio de permanencia de estudiantes de carreras de cinco años, es
siete y se gradúa sólo el 22% de quienes ingresan. Esa prolongación artificial
de la vida universitaria genera mayores gastos en salarios, en infraestructura,
en medios para la investigación, etc., y todo recae sobre la población en
general, inclusive de aquellos sectores cuyo único consumo son los alimentos de
primera necesidad, gravados con el IVA.
Lo reducido de los salarios docentes en todos los niveles hace que sólo
puedan ingresar a la enseñanza aquellos que, amén de una increíble vocación,
disponen de otros medios de subsistencia o que buscan, en la cátedra, un
galardón social. Ello no siempre es acompañado por la calidad de la enseñanza
impartida.
Finalmente, y para no extenderme más en el diagnóstico, un solo ejemplo:
en Japón (115 millones de habitantes), hay sólo 18 mil abogados autorizados a
ejercer la profesión; en Francia (55 millones), 15 mil; en la ciudad de Buenos
Aires (3 millones), somos más de 70 mil. El exceso de competencia hace que se
bastardee el ejercicio profesional, los honorarios sean más magros, y que cada
día menos letrados consigan vivir de su talento. Sin embargo, la UBA sigue
graduando futuros frustrados, y el costo lo soporta toda la población; ¡suena
raro! Mientras tanto, grandes conglomerados internacionales en industrias de
punta ven dificultada su instalación en el país porque no encuentran
suficientes ingenieros, expertos en alimentación, informáticos, petroleros,
geólogos, químicos, físicos, matemáticos, geógrafos, etc..
Mi propuesta es establecer cuántos nuevos graduados universitarios y
terciarios de cada una de las disciplinas necesitará el país a tres y cinco
años vista; basta con introducir en una computadora la información que
suministren las empresas y el sector público, incluyendo a los potenciales
inversores.
Con el resultado de esa investigación, se constituirá un primer cupo de
ingresantes a la Universidad. Para formar parte de él, los aspirantes deberán
rendir un muy exigente examen de ingreso –en matemáticas, lengua, ciencias y
ciencias sociales-, en especial para las carreras docentes, y mantener el nivel
de excelencia durante toda la carrera, comprobado mediante pruebas semestrales.
A los miembros de ese primer cupo no se les cobrará matrícula alguna y, además,
se les pagará un sueldo razonable para mantener a su familia durante sus
estudios. Como es obvio, quienes lograran graduarse integrando ese primer cupo
encontrarán una clara salida laboral, ya que tanto el Estado cuanto las
empresas los buscarán afanosamente.
Luego, crear un segundo cupo que tuviera en cuenta la capacidad física
(instalaciones) de cada una de las facultades. Quienes lo integren, es decir
aquellos que opten por carreras que el país no necesitará –y, por ende, es
injusto que deba soportar- o por estudiantes que no lograran el nivel de
excelencia requerido para el primero, deberá pagar para estudiar: ¡si quieres
hacerlo, báncalo tú!
Incorporaría, además, a esas normas una ley que impusiera al sector
público la obligación de contratar, como consultora externa, a la Universidad,
y pagar los honorarios correspondientes.
Veamos, antes de rechazarla in limine, qué efectos produciría la
solución propuesta. En primer término, mejores graduados y, con ellos, el país
dispondrá de profesionales excelentes en las disciplinas más indispensables.
Luego, impedirá la permanencia del “estudiante crónico”, ese al cual el bajo
nivel de exigencia le permite eternizarse en los claustros por muchos años,
incordiando a los verdaderos estudiantes, que quieren aprender.
Con el producido de las matrículas pagadas por los integrantes del
segundo cupo, más los honorarios que la Universidad generará por sus servicios
de consultoría externa y la generación de ingresos por nuevos desarrollos
propios aplicables a la industria, se formará un incremento presupuestario que
permitirá mejorar sensiblemente los salarios de los docentes e invertir en
infraestructura y en medios de investigación.
Al pagar verdaderos salarios, aumentará la aspiración por enseñar, y así
permitirá exigir más calidad a los profesores –incluyendo la verdadera
dedicación exclusiva de algunos de ellos- y el círculo virtuoso se cerrará con
el nivel de excelencia en los claustros, lo cual transformará a la Universidad
en un verdadero faro capaz de iluminar el futuro del país, dejando de ser otro
triste fanal que sólo permite ver la pendiente descendente en la que la
Argentina está embretada desde hace décadas.
Enrique Guillermo Avogadro
ega1avogadro@gmail.com
@egavogadro
Argentina
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