Señalar que el gobierno complementa el salario con la
adjudicación de bonos y con las cajas CLAP es esconder el problema primordial:
la desintegración del salario. Muchos de esos bonos son mayores incluso que el
sueldo devengado, situación anómala que refleja el desastre de la política
salarial del gobierno. Acabó con el salario integral, con las prestaciones
sociales, con el fideicomiso de los intereses de éstas, con la seguridad social
de los trabajadores y con todos los derechos adquiridos, conquistados y
defendidos en el pasado adeco copeyano. Si se suman todos esos bonos al sueldo
percibido, el total seguirá siendo ridículo por lo insuficiente ante un costo
de la vida gigantesco. Y este deterioro se inició, al igual que la inflación,
antes de las sanciones estadounidense, y tuvo su causa en la dilapidación y el
robo del gigantesco ingreso petrolero recibido durante una década, las
políticas de endeudamiento externo y la inundación del mercado con dinero
inorgánico.
La otra área, en la que el Presidente presentó en su
informe un panorama que tiene poco que ver con la realidad, fue la de salud,
pues habló de haber fortalecido al sector en plena pandemia. Para nadie es un
secreto el estado crítico en que se encuentran todos los centros de salud:
problemas de infraestructura, inexistente dotación, falta de personal médico y
auxiliar, escasez de insumos y sin agua ni electricidad. Baste decir que 309
integrantes del personal de salud, en su inmensa mayoría médicos, han fallecido
víctimas del coronavirus, lo cual constituye un 30 por ciento de las muertes
totales ocurridas en el país por esta causa. Dicho de otra forma: de cada mil
muertes por coronavirus, 280 son trabajadores de la salud, algo espantoso por
no decir imposible de entender. En México, por cada mil decesos por
coronavirus, sólo mueren 26 personas del sector salud, es decir 10 veces menos
que en Venezuela, y el gobierno mexicano considera que es una cifra muy
elevada.
De ser ciertas las cifras de morbilidad y mortalidad
por la pandemia dadas por el gobierno, habría que decretar una emergencia
sanitaria inmediata, pues el virus está matando con una preferencia inaudita a
los trabajadores del sector salud. Pareciera que estos van sin ninguna
protección a atender los pacientes contagiados con el SARS-CoV-2 o que
quisieran suicidarse, además de no recibir la atención requerida una vez
infectados y enfermos. La otra explicación es que las cifras que se manejan no
son reales. No es posible que la tasa de mortalidad del personal de salud por
cada mil muertes por coronavirus sea de 280. Esperaría una investigación y explicación
urgente del Ministerio de Salud respecto a esta impactante situación, así como
la apertura de una investigación por parte de la AN recién instalada. Menos
aplausos y más eficacia.
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