La
primera alternativa corresponde a conflictos en donde una de las partes gana
todo y la otra pierde todo; pudiera ser, por ejemplo, el resultado de una
partida de dominó. La segunda alternativa corresponde a una situación en donde
una parte gana una fracción de lo que está en juego y la otra gana el resto;
pudiera ser, por ejemplo, en un divorcio la esposa se queda con la casa y al esposo
le queda el carro y el perro.
La
Tercera Alternativa corresponde a la solución de conflictos en donde dos o más
partes, a través del proceso de sinergia —acción de dos o más causas cuyo
efecto es superior a la suma de los efectos individuales— logran crear una
nueva realidad que es muy superior a la realidad actual. Este magnífico
resultado tiene lugar cuando dos o más grupos de personas respetuosas deciden
ir más allá de sus ideas preconcebidas para vencer el reto que tienen ante sí.
El
proceso para construir el ambiente propicio para iniciar el proceso de sinergia
es descrito detalladamente, en leguaje sencillo, en el libro de Stephen R.
Covey mencionado arriba. (En el caso en que tenga dificultades en obtenerlo a
través del enlace indicado, me lo puede solicitar por correo electrónico).
Las
Partes en Conflicto
A fin
de intentar el uso de la Tercera Alternativa, para llegar a una solución
verdadera y perdurable a la crisis que sufre la sociedad venezolana, es
menester revisar las formas que se han utilizado en el pasado para el mismo fin
y las razones por las cuales no se ha logrado el éxito. Me refiero a las
conversaciones o negociaciones que han tenido lugar en Oslo, República
Dominicana y Barbados.
Desafortunadamente
yo no he logrado revisar ningún informe que indique lo intentado, lo decidido o
las razones específicas por las cuales esos esfuerzos se perdieron. Lo que sí
está claro es que las partes en conflicto, el Poder Ejecutivo del Gobierno y la
Oposición (formada por representantes de partidos políticos y otras
organizaciones), no tienen el mismo rango o poder de representación. Lo
aconsejable pudiera haber sido una reunión o negociación entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, dos poderes de igual rango dentro de la
Constitución nacional http://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf .
Si este hubiese sido el caso, tampoco era necesario ir a Noruega, Barbados y la
República Dominicana. Todo el país está interesado y tiene el derecho de saber
que se propuso, en qué condiciones, como se recibió y porqué fue rechazado.
Todavía estamos a tiempo de enterarnos y podría ser muy útil para un futuro.
Al
analizar la posibilidad de utilizar la Tercera Alternativa para la solución del
problema de la crisis venezolana tuve dificultad en identificar las partes en
conflicto. Las reuniones ente el Poder Ejecutivo y la Oposición mencionados
arriba no parecen representar con precisión a las partes involucradas en el
conflicto. Las partes en conflicto son: El Pueblo de Venezuela y el Poder
Público Nacional del Gobierno de Venezuela.
El
Poder Público Nacional está constituido por cinco poderes separados; cada uno
con responsabilidades específicas que cumplir y el deber de presentar cuentas
de ellas. Estos poderes son: Ciudadano, Ejecutivo, Electoral, Legislativo y
Judicial. El Gobierno, visto desde el punto de vista del Pueblo —entiéndase la
mayoría de la población venezolana— tiene o ha tenido recientemente dos
versiones de gobierno, cuya coexistencia es legalmente luctuosa y
funcionalmente aborrecible.
El
Pueblo como Poder Originario es de mayor rango que todos los otros poderes
juntos. Para entrar en acción, su problema principal pudiera ser el encontrar
una manera ágil de expresar sus valores, sus ideas y sus deseos —de manera
coherente y representativa— en las reuniones de importancia, como pudieran ser
aquellas que son necesarias para construir un ambiente que conduzca al proceso
de sinergia que se intenta o pretende utilizar. Creo que no es tan difícil de
lograr esa expresión, basta con seleccionar algunas personas, entre aquellas
que han sido las que han apoyado, sugerido o mencionado llevar al Pueblo las
grandes decisiones que hay que tomar para salir del atolladero en que está el
país y evitar aquellas personas que, sistemáticamente, han tenido aversión en
solicitar o en tomar en cuenta las opiniones y preferencias del Pueblo.
La
Reunión de Tanteo
El
primer paso que, eventualmente, puede llevar a la utilización de la Tercera
Alternativa consiste en aceptar que pueda existir una forma de lograr, en un
futuro no determinado, volver al orden Constitucional, aunque —por ahora— luzca
muy difícil. Para ello, solamente basta un poco de curiosidad para averiguar lo
que piensan los demás en como lograrlo. En extremo, está claro que el retorno
al orden Constitucional ha de tener lugar en algún momento del futuro, de una
manera o de otra; lo deseable es que sea lo más pronto, lo menos dolorosa y lo
más aceptable posible para la población.
El
segundo paso —de tanteo— consiste en la presentación de valores, perspectivas y
planes de cada organización, en favor del orden Constitucional. Como guía, cada
presentación pudiese ser del orden de diez minutos y las organizaciones,
tentativamente, serían:
1. El Poder Ciudadano (una persona)
2. El Poder Ejecutivo (dos personas, una
para cada gobierno)
3. El Poder Electoral (una persona)
4. El Poder Legislativo (dos personas, una
para cada gobierno)
5. El Poder Judicial (dos personas, una
para cada gobierno)
6. El Poder Originario (cinco personas,
para la presentación de sus diversos valores)
Teóricamente
la fase de presentación duraría un poco más de dos horas. Esa primera reunión
no será para discutir, disentir o debatir.
Le seguirá, en otra fecha, una segunda reunión de preguntas, que servirá
para aclarar la información presentada. Hay que dar tiempo a los participantes
para absorber el significado de los conceptos presentados y prepararse para el
tercer paso, posiblemente de varias reuniones, en donde se hacen propuestas y
discuten soluciones.
Todas
las reuniones relacionadas con la Tercera Alternativa deben ser anunciadas a la
ciudadanía. Los participantes con voz serían los indicados en la lista anterior
u otra versión de ella. La información resultante será pública, de tal manera
que todos puedan enterarse de que se está haciendo un esfuerzo y de que nadie
está o estará excluido. Nada se mantiene escondido.
El
Pueblo de Venezuela debe convencer, con hechos, que el orden Constitucional se
ha perdido. Para tal fin no hace falta un análisis global del gobierno, basta
con introducir un razonamiento impecable que lo compruebe. La presentación de
hechos irrefutables, sin la introducción de opiniones, dudas, imprecisiones,
lamentaciones, exageraciones, excepciones o desconocimiento, basta para darle
fuerza, credibilidad y aceptación al razonamiento. A continuación, un resumen
de mi versión de tal razonamiento.
Con la
intención de estudiar la educación en el país tuve necesidad de consultar la
Memoria y Cuenta del MPP para la Educación. Comencé con la Memoria del año
2019. No la encontré. Intenté con la del año 2018 y pasó lo mismo. Un amigo que
trabaja en educación superior me facilitó la Memoria del año 2015 y me dijo que
era la última que hubiese sido entregada.
La
Memoria del 2015 (Memoria15) fue presentada a la Asamblea Nacional a principios
de 2016, tal como lo establece el artículo 244 de la Constitución:
“Artículo
244. Para ser Ministro o Ministra se requiere poseer la nacionalidad venezolana
y ser mayor de veinticinco años, con las excepciones establecidas en esta
Constitución”.
Los
Ministros o Ministras son responsables de sus actos de conformidad con esta
Constitución y con la ley, y presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de
los primeros sesenta días de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre
la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior, de conformidad con
la ley”
La
Memoria15 es un documento importante, tanto por su contenido como por su
extensión. Con el texto de su presentación a la Asamblea Nacional, cuenta con
1085 páginas. Su estudio permite visualizar los rendimientos, los costos, los
problemas, las posibles soluciones y planear los cambios y las innovaciones en
la transmisión y el contenido de la instrucción. Cumple asimismo la obligación
del MPPE de dar cuenta de su gestión e informar a la ciudadanía.
El
hecho de que no hubiese más Memorias y Cuentas —y las busqué— después del 2015.
me intrigó. Pensé que el MPPE había sido una excepción desafortunada y
especial. Al buscar las Memorias de otros ministerios me di cuentas que era un
problema muy común. Me pregunté por las
posibles razones por las cuales un ministro no cumpla con el artículo 244 de la
Constitución. Pudiera ser por: Ignorancia, desidia, falta de tiempo, resistencia
a dar cuentas, no hay quién se lo exija, o no tiene quién lo supervise o
evalúe.
Amplié
mi búsqueda a otros ministerios para el período posterior al año 2015. Me
conseguí con el hecho incontrastable de que, la mayoría de los treinta y tres
ministerios con que cuenta el país, no ha cumplido con la formalidad
Constitucional de entregar cuentas de su actuación a la Asamblea Nacional y, lo
que es más grave, privó a la población de información sobre los resultados de
su actuación que incluyen: Una exposición razonada y suficiente de las
políticas, estrategias, planes generales, objetivos, metas, resultados,
impactos, obstáculos de la gestión y la
Cuenta correspondiente.
Si eso
fuera poco, tal flagrante irrespeto a la población no ha sido ni reclamado, ni
acompañado de las acciones correctivas por parte de la Asamblea Nacional, la
Contraloría General o la Presidencia. Estamos delante de una devastadora
evidencia de que el Poder Público Nacional ha sido incapaz de funcionar dentro
de las condiciones que prescribe la Constitución —por lo menos— durante los
últimos cinco años. Este comportamiento es un hecho consumado. Es lo
suficientemente amplio y duradero que permite calificar al Gobierno Nacional
como Gobierno de Facto o Gobierno No Constitucional; es decir, ha perdido la
legitimidad.
El
Poder Público Nacional, a través de sus componentes, debe convencer de que
conoce la situación en que está la población venezolana, que comparte sus
sufrimientos y, si está preparado, presente su plan para restablecer el orden
constitucional, que incluya la capacidad de restablecer y mantener los
servicios que, según la Constitución, el gobierno debe cumplir. Una lista
ilustrativa de dichos servicios incluye: Una educación integral para todos, un
sistema de salud eficiente, un efectivo sistema de seguridad personal,
oportunidades de desarrollo personal, salarios que permitan vivir con dignidad,
la distribución de energía (eléctrica y de combustibles), la comunicación por
Internet etcétera.
Superficialmente
pareciera que el llegar a un acuerdo entre El Pueblo de Venezuela y el Gobierno
No Constitucional actual es una misión imposible. Sin embargo, yo pienso que es
factible —con sinergia— llegar a una solución que favorezca a ambas partes. El
Pueblo quiere un nuevo Gobierno y al Gobierno No Constitucional también le
conviene lo mismo.
Para
salir de la crisis actual se requiere de una economía pujante, capaz de
producir bienes eficientemente y en abundancia. Para ello es indispensable
establecer las condiciones básicas para la inversión, como lo son la seguridad
personal, la claridad y el cumplimiento de las leyes y los reglamentos, los
servicios de energía en sus diversas formas, la agilidad gubernamental para
contestar solicitudes y un personal calificado en múltiples áreas. A su vez,
para establecer esas condiciones, el gobierno debe solicitar préstamos, ya que
no cuenta con suficientes fondos. El Gobierno No Constitucional tenía para 2018
una deuda externa estimada de US$ 156 miles de millones, incluyendo las deudas
con China y Rusia. Esta información puede obtenerse con el enlace a
continuación:
https://markets.businessinsider.com/news/stocks/venezuela-debt-explodes-to-156-billion-report-2019-3-1028013380
. Esta deuda no incluye la deuda interna que fue adquirida por el gobierno con
compañías y particulares, cuyas propiedades fueron expropiadas, pero su valor
todavía no ha sido compensado. Haciéndole seguimiento al valor del producto
interno bruto de Venezuela (PIB) de los últimos años (1985-2019), se observa
que en el 2015 —precisamente en el año en donde los Ministerios entregaron su
última Memoria y Cuenta— comenzó una vertiginosa caída del PIB, que pasó de
323,6 miles de millones de US$ en 2015 a 63,96 miles de millones de US$ en 2019
(ver la gráfica):
https://www.statista.com/statistics/370937/gross-domestic-product-gdp-in-venezuela/
). Esto significa que la economía venezolana ha empeorado continuamente desde
2015 hasta el presente y, el gobierno ha probado ser incapaz política- y
administrativamente de resolver el problema. De seguir así, lo que puede
esperase es un estado fallido o el poner en peligro la misma soberanía de la
nación.
Debido
a que el Gobierno actual ha probado ser un mal administrador de los bienes de
la República y, que algunos de sus dirigentes han sido acusados, imputados o
indiciados por actividades reñidas con los derechos humanos y, que otros son
prófugos de la justicia internacional, hace casi imposible que a tal gobierno
le sean otorgados préstamos de importancia, como para reactivar los servicios
esenciales básicos —quizás de un monto del orden de las decenas de miles de
millones de US$.
Aunque
el gobierno actual ha perdido la capacidad de resolver directamente la crisis
venezolana, no ha perdido la capacidad de colaborar para que eso se logre de
una manera pacífica, rápida y sin intervenciones foráneas. En este proceso, es
posible que el gobierno reciba considerable crédito en hacerlo. La alternativa
de tratar de mantenerse en el poder, en las condiciones actuales, es mucho,
pero mucho peor y más peligrosa, para todos los involucrados.
Lo que
sigue en esta sección es un producto de reflexiones personales y seguramente
será objeto de discusión y críticas, que serán bienvenidas. En las reuniones
del tercer paso de la Tercera Alternativa, en donde se hacen propuestas y
discuten soluciones, es factible un acuerdo en donde se tomen decisiones y
acciones que no están consideradas en la Constitución, pero que resuelven el
problema de regresar a ella. Por ejemplo: El Presidente actual accede a nombrar
a una persona, determinada previamente por el Pueblo, como Vicepresidente y
luego renuncia. El Vicepresidente recién nombrado toma el cargo de Presidente e
inmediatamente nombra a su Vicepresidente, el cual ha sido previamente
determinado por el Pueblo. Estos dos cargos deberían tener una vigencia no
mayor de seis meses y servirían esencialmente para organizar las elecciones del
Poder Público Nacional.
Este
periodo transitorio es de la mayor importancia porque conlleva el peligro de
que el gobierno resultante no esté a la altura de las circunstancias y/o no sea
un buen representante de la opinión del Pueblo. En la segunda parte, que sigue,
voy a presentar mis preferencias en cuando a la forma de llevar a cabo la
elección o determinación de las próximas autoridades del Poder Público
Nacional. Yo espero que muchas otras personas hagan lo mismo y que se pueda
lograr el mejor procedimiento posible bajo las presentes circunstancias.
38jcaj@gmail.com
@JeanPasquali1
Venezuela
