Venezuela se convirtió desde hace diecisiete años
en el país de las paradojas y las extravagancias. En medio de la mayor bonanza
petrolera en la historia nacional, el gobierno revolucionario se endeudó y
derrochó la inmensa riqueza. Resultado: tenemos un país arruinado, insolvente y
desacreditado. Nadie quiere prestarles dinero a los rojos por maulas. Con gente
pasando hambre, sin agua, ni electricidad, y la población sometida a largas
horas de cola para conseguir las migajas que llegan a los mercados y
supermercados, Nicolás Maduro celebra un nuevo aniversario de haber llegado
Chávez a Miraflores y los 24 años del aciago 4-F de 1992.
En
esta marcha hacia el suicidio emprendida por el régimen, aparece una nueva excentricidad: oponerse a la Ley de
Títulos de Propiedad de la Misión Vivienda. Hasta 1999, e incluso durante la
etapa inicial de la era de Chávez, los distintos gobiernos construían viviendas
acompañando su otorgamiento a los beneficiarios con el título que los acreditaba como legítimos
propietarios. Es lo racional. La propiedad solo existe si quien la usa, goza y
disfruta, también puede disponer de ella (artículo 115 de la Constitución). La
propiedad social, comunitaria, pública, estatal o familiar, son todas formas de
esconder al verdadero propietario: el Gobierno y la burocracia arrogante que lo
dirige. Quien carece de las competencias para vender, alquilar, hipotecar o
dejar como herencia un bien que usufructúa, no es propietario, sino solo
beneficiario en los términos y condiciones fijados por el verdadero dueño, que
en el caso de las viviendas es el Gobierno.
Para
negar la proposición presentada por la alternativa democrática de la Asamblea
Nacional, Nicolás Maduro y los diputados oficialistas han esgrimido los
argumentos más insólitos. Han dicho que las casas y apartamentos van a
convertirse en mercancías que circularán en mercado capitalista, contaminado y
putrefacto. Han señalado que los beneficiarios de la Misión Vivienda rechazan
la propiedad privada. Han llamado a movilizarse contra la pretensión de
mercantilizar las viviendas. Ni Proudhon, el distraído socialista utópico,
autor del opúsculo ¿Qué es la
propiedad?, en el que afirma que la propiedad es un robo, habría apelado a tal clase de
argumentos. Marx estaría sorprendido y desconcertado. La socialización de la
que hablaba era la de los medios de producción. Jamás habló de socializar o
colectivizar los bienes particulares. Nunca dijo que las viviendas familiares
deberían ser controladas por el Estado.
Los
chavistas se quedaron en la fase anterior a Marx. En el siglo XXI pregonan el
comunismo primitivo, del cual el autor de El Capital hablaba con sarcasmo. ¿Por
qué lo hacen? No todo forma parte de la telaraña ideológica. Hay poderosas
razones prácticas para apelar a los excesos. La propaganda oficial habla de una
cantidad de viviendas inexistente. La cúpula roja sabe que el número de
soluciones habitacionales está muy lejos del millón que vociferan y de la
comodidad que proclaman. El registro de los títulos revelará que esa cifra es
fraudulenta y que numerosas casas se encuentran en condiciones deplorables. La verdad es que se
han construido bastante menos viviendas de las prometidas y el monto de la
inversión, o es menor o no ha sido utilizado para la edificación de casas
confortables, sino para engordar los bolsillos de los empresarios cercanos al
gobierno y de los funcionarios que tramitaron las órdenes de pago.
Otra
razón para lanzar tantos fuegos artificiales es que mientras el Gobierno sea el
propietario legítimo de las viviendas, los beneficiarios son presas fáciles del
chantaje, la amenaza y la extorsión por parte del PSUV y de la burocracia
gubernamental. La falta de títulos de propiedad transforma a los beneficiarios
de las viviendas en inquilinos transeúntes. En personas que pueden ser
desalojadas del recinto cuando la ira del mandatario lo disponga. Maduro ya ha
dado muestras de cómo entiende el poder y la inversión pública. Amenazó a los
taxistas favorecidos con la Misión
Transporte con despojarlos del vehículo otorgado. Encolerizado por la derrota
del 6-D amenazó con parar la construcción de viviendas populares.
A
Maduro y al PSUV hay que quitarles la capacidad de extorsionar, siempre
inaceptable. Las viviendas fueron construidas con el presupuesto público para
favorecer a los más necesitados. Ahora hay que convertirlas en un patrimonio
inalienable de las familias pobres. El empoderamiento vendrá con el Título de
Propiedad.
Trino Marquez Cegarra
trino.marquez@gmail.com
@trinomarquezc
Miranda -
Venezuela
Excelente articulo Trino. Saludos
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