LA PROPIEDAD DEL
SUBSUELO SACRIFICADA POR EL RÉGIMEN
Siendo candidato a la presidencia de la República el comandante
Hugo Chávez fue el principal adversario de la Apertura Petrolera y tal posición
fue el "leimotiv" de su campaña.
Al ganar las elecciones pidió a la Corte Suprema de Justicia la nulidad
de todo lo actuado.
La Corte -presidida por Cecilia Sosa- no lo complació; primero porque el Poder Judicial aún
conservaba su independencia y además porque la citada Apertura había cumplido
con todos los extremos legales.
En efecto, no estando claros los mecanismos para captar inversiones
privadas en el sector petrolero después de la nacionalización, PDVSA (a través
de Lagoven), había formulado una consulta a la Corte Suprema de Justicia.
En ponencia de Román Duque Corredor, la
Corte estableció el 23 de abril de 1991 las condiciones para recibir
inversiones particulares sin violar la Ley que Reserva al Estado la Industria
de los Hidrocarburos. Nacía así la Apertura Petrolera, que abarcó varias fases:
i) Convenios Operativos para Campos Marginales. PDVSA pidió al Congreso
Nacional que fijase las Bases Mínimas de Negociación. Entre 1993 y 1997 se licitaron 33 campos que
fueron asignados a 62 empresas.
ii) Contratos de Exploración a Riesgo. En 1995 el Congreso autorizó a
PDVSA para celebrarlos. Se asignaron 8 bloques a 17 empresas después de un
minucioso proceso de licitaciones.
iii) Asociaciones Estratégicas en la Faja del Orinoco. Fueron
contratadas 4 áreas con 9 empresas y
ratificados por el Congreso Nacional y una para el proyecto Cristóbal
Colón (gas natural "no asociado") en asociación con 3 empresas.
Se habían cubierto todos los extremos legales, razón por la cual la
Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el 17 de agosto de 1999 la nulidad
de la Apertura que solicitaba el
presidente Chávez.
Pero Chávez no aceptaba fácilmente una derrota. Como Jalisco que si no
gana arrebata, recurrió a otras vías para alcanzar sus objetivos. Tal como lo
reconoció ante la Asamblea Nacional en la presentación del Informe Anual y
Cuenta en el 2004, fue él mismo quien provocó el paro petrolero que condujo al
despido de 23.000 trabajadores de PDVSA que en conjunto acumulaban más de
300.000 años experiencia.
Se propuso además derrotar la Apertura Petrolera mediante una nueva Ley
Orgánica de Hidrocarburos que fue aprobada el 16 de mayo del 2006.
En materia impositiva varios cambios fundamentales fueron introducidos.
El primero de ellos tuvo que ver con el ISLR, que fue aumentado desde un 34%
hasta un 50%. Además la Regalía se elevó
de un 16 2/3 % hasta un 33,3% mediante la creación de un nuevo impuesto a la
extracción petrolera.
Por otra parte, las figuras de las Asociaciones Estratégicas, los
Convenios Operativos y los Convenios de Exploración a Riesgo fueron
substituidos por Empresas Mixtas en las cuales la participación accionaria del
Estado llegaba hasta un 60%.
En el caso de las Asociaciones Estratégicas de la Faja, se procedió a un
cambio cosmético de nombres, recibiendo denominaciones emblemáticas como
Petrocedeño, Petromonagas, Petropiar y Petrojunin.
El Proyecto Cristóbal Colón fue reducido a Mariscal Sucre, con otros
socios. De allí no ha salido un pie cúbico de gas comercial.
Más allá del simple cambio de nombres, se modificaron de manera
substancial los contratos suscritos con motivo de la Apertura Petrolera. A las
empresas afectadas no se les dio posibilidad alguna de negociación. Se les dijo
simplemente: "lo toman o lo dejan". Si lo dejaban, se verían forzadas
a retirarse del país, no sólo por lo que respecta a tales contratos, sino
también en cualquier otro negocio que tuviesen en Venezuela. Eso ocurrió con
Exxon Mobil que se mudó a Guyana dónde está descubriendo grandes reservas en
zonas marinas que Venezuela reclama.
Mientras aquello ocurría los precios del petróleo estaban experimentando
una escalada sin precedentes. Eso impulsó a muchas empresas a aceptar las
nuevas condiciones. Otras no lo aceptaron y recurrieron a arbitrajes
internacionales que de manera sistemática PDVSA viene perdiendo. El mayor de
todos esos arbitrajes -el de Conoco Philips (que demanda $ 30.000 millones)-
está por decidirse.
Por otra parte, el gobierno ofreció a quienes aceptasen las nuevas
condiciones una compensación excepcional: la propiedad de hasta un 40% de las
reservas petrolíferas existentes en el subsuelo en las áreas donde operan. Esto
implicaba un sacrificio inexplicable de la soberanía nacional.
Vale la pena detenernos aquí. Bajo la Apertura Petrolera los contratistas
privados debían realizar el 100% de las inversiones y asumir el 100% del
riesgo. Si encontraban reservas de hidrocarburos estas pertenecían en un 100% a
la Nación y el petróleo que producían pertenecía en un 100% a PDVSA, la cual
los remuneraba conforme a mecanismos y fórmulas previamente negociados.
Por el contrario, bajo la figura de las Empresas Mixtas, siendo PDVSA
propietaria del 60% de las acciones, debe aportar el 60% de las inversiones
requeridas (y asumir el 60% del riesgo); en tanto que a los socios privados que
aportan el restante 40%, se les otorga la propiedad del 40% las reservas del
subsuelo y de la producción que se obtenga.
Siendo la propiedad del subsuelo la mayor expresión de soberanía, el
régimen la sacrificó brutalmente a cambio de unos ingresos fiscales
adicionales.
El resultado final ha sido devastador. Asfixiada por otras obligaciones
y careciendo PDVSA de los recursos para aportar el 60% de las inversiones,
estas se han retrasado de tal forma que la producción petrolera del país ha
caído en términos dramáticos y las instalaciones han sufrido una degradación
tremenda. De haberse continuado la Apertura Petrolera, hoy Venezuela debería
estar produciendo más de 5 millones de barriles diarios. Apenas producimos algo
más de 2 millones y se espera una caída aparatosa.
En el caso de la Apertura, el Congreso Nacional desempeñó un papel
protagónico en todas las fases del proceso. Además los convenios y contratos se
otorgaban a través de licitaciones cuya transparencia fue reconocida
mundialmente. Hoy en día todo se asigna "a dedo", de espaldas al país
y en base a las preferencias de carácter geopolítico del régimen.
Cabe señalar que la revolución creyó que los precios del petróleo
subirían indefinidamente y que el régimen estaría en condición de imponer todo
lo que le viniese en gana. La realidad los ha dejado en la estacada.
La otra triste realidad es que populismo, dogmatismo y corrupción han
resultado ser una mezcla perversa que ha dañado profundamente tanto a nuestra
industria petrolera como a Venezuela en su conjunto. Hoy tenemos a una PDVSA
eunuca, politizada y endeudada a más no poder. "La peor petrolera del
mundo", según afirma Steve Hanke en Forbes. ¡Qué tristeza!
Jose Toro Hardy
petoha@gmail.com
@josetorohardy
Miranda - Venezuela
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