La decisión de Juan Carlos Borbón de marcharse de su país ha despertado en la opinión publica una efervescencia tan solo comparable a la que hasta ahora venía azuzando a la sociedad española con la posibilidad de que el exmonarca fuese investigado y juzgado por supuestos actos ilícitos cometidos en el pasado cuando aún ejercía responsabilidades como jefe de estado.
Los motivos para esa agitación en redes y medios en general, aparte del morbo que despierta en la gente, la encontramos sin duda en el corazón del otro gran debate que, desde hace ya un tiempo, se viene dando en España con respecto a si debe cambiarse el actual sistema monárquico por el de una república. Un debate, por lo demás, de vieja data, entre los españoles que conllevó junto a otras causas a esa terrible agresión entre connacionales que fue la guerra civil pero que, en nuestra opinión, no sabemos si por motivos de interés partidista, por ignorancia tal vez, o por una mezcla de los dos, ha sido planteado de manera equivocada.
En efecto, en la España actual sería inexacto afirmar que manda una monarquía o que el gobierno, en sentido estricto, no es republicano, porque sería lo mismo que desconocer que al presidente, así como a los miembros del poder legislativo los eligen los ciudadanos y no un rey. Y es que no se pueden hacer comparaciones válidas entre las monarquías absolutistas de la vieja Europa y lo que queda de las monarquías hoy en día, por ejemplo, en los países escandinavos, en Holanda, en España o en Inglaterra.
Los constituyentes de 1978 en España, al igual que lo hicieron en su momento la mayoría de los países europeos, se decantaron por un sistema de gobierno parlamentario al que, siguiendo el ejemplo de Inglaterra, su país de origen, le mantuvieron una tilde monárquica, al dejar en la figura del rey las funciones de jefe de estado, pero separándolas obviamente de las funciones de gobierno y de administración propiamente dichas. Tales funciones en la práctica constitucional han quedado reducidas a meras formalidades como la de llamar a la formación del gobierno una vez realizadas las elecciones, formalizar el nombramiento del primer ministro electo, que en España recibe el nombre de presidente; recibir las credenciales de las delegaciones diplomáticas extranjeras o a los
mandatarios en visita oficial o de estado, entre algunas otras de la misma naturaleza. Las razones histórico-políticas de ello, están ahí para lo que las quieran buscar y son básicamente de conveniencia politico-institucional. La conocida expresión inglesa “el rey reina, pero no gobierna”, explica quizá de mejor manera el papel que desempeña la corona en el sistema parlamentario, y que en países como Italia o Alemania donde sus constituciones no contemplan la figura del rey, dicha jefatura del estado con facultades también formales es ejercida por un civil que lleva el nombre de presidente para diferenciarlo del de primer ministro o canciller.
Tratándose, por ende, de un cargo constitucional, que un monarca jubilado como en verdad lo es Juan Carlos Bobón, no obstante, la prosopopeya de “rey emérito” con que la se le suele adornar en los periódicos, se vaya a sus 82 años, de España o se quede, no reviste la menor importancia a la hora de responder a la justicia en caso de que le corresponda hacerlo, pues como él, mismo, lo reconoció en un discurso hace tiempo, nadie está al margen de la ley.
Por eso, en un país como España donde abundan los títulos nobiliarios, lo que a mí me preocuparía más son los reyes sin corona, esos que proliferan en el ámbito politico y que se sienten por encima de la ley. Ejemplos, sobran. Tan solo hay que buscar entre algunos de esos dirigentes políticos regionales a los que se les conoce allí por el nombre de “barones”, y que han protagonizado algunos de los escándalos judiciales, por corrupción, más sonados de la historia política contemporánea española, algunos sin resolver aun por las instancias judiciales competentes. Aunque sin duda, al rey de todos ellos lo encontramos en el señor Jordi Pujol quien gobernó a Cataluña por casi un cuarto de siglo como si fuera el patio trasero de su casa y a quien junto a los miembros de su familia se le sigue un proceso judicial que lleva ya seis años sin que ocurra nada, ni sepa de donde procede la fortuna de más de treinta millones de euros que reconoció tener sin haberla declarado al fisco, o sobre el asunto de las comisiones presuntamente cobradas durante su mandato.
Visto lo visto, pensar, por lo mismo, que Juan Carlos Borbón, a quien ni siquiera se le ha abierto oficialmente una investigación de algún tipo, pueda ser acusado de algún hecho punible y llevado a los tribunales para luego ser linchado, como muchos desearían, frente al pueblo como si estuviésemos en plena Revolución francesa, no deja de parecer una quimera.
La realidad es que enterrado Franco hace ya casi medio siglo, algunos de los grandes problemas políticos de España siguen sin resolverse, entre ellos la corrupción y los nacionalismos separatistas que en este momento la tienen en estado crítico. En un país con un gobierno cuyo presidente señalado de haber plagiado su tesis doctoral, ni siquiera se inmutó; un vicepresidente liado en los juzgados con una tarjeta telefónica en su poder que no le pertenece, y sin mucho que esperar de los partidos opositores, donde el pasado ético de algunos de sus líderes más conocidos, tampoco ayuda, es casi imposible vislumbrar una salida satisfactoria y efectiva dentro de un sistema ya muy deteriorado, en el que un cambio de gobierno sería tan solo un paño caliente.
Mucho hay que cambiar en España, pero lamentablemente, a nuestro modo de ver, no va a ser modificando únicamente la constitución, ni erradicando lo poco o mucho que queda de la monarquía, que sus problemas verdaderos, de corte mucho más profundo, van a encontrar una solución.
José Méndez
xlmlf1@gmail.com
@xlmlf
