Hace unos días cuando el ministro
de Petróleo y Minería y presidente de Pdvsa Eulogio Del Pino hablaba de uno de
los motores para superar la crisis económica se refería a la minería y a la
explotación de oro, diamantes y coltán como una de las principales palancas
para conseguir recursos rápidos. Debemos estar alertas para evitar que con esta
nueva emergencia se profundice el saqueo minero que hace tiempo comenzó en
Guayana.
La última vez que en el país se
escuchó la expresión “ley de emergencia”, se perdieron 60.000 millones de
dólares del tesoro público en manos de las redes corruptas del sector eléctrico
público y privado.
La emergencia fue decretada por
Hugo Chávez en 2010 para atender las necesidades del sistema eléctrico,
derivadas de la falta de mantenimiento e inversión de una década. Una veintena
de empresas nacionales e internacionales recibieron contratos millonarios que
hasta el día de hoy son secreto de Estado. Aduciendo supuestas cláusulas de confidencialidad, poco se sabe de las condiciones de los mismos
y del estado de la ejecución de las obras.
La emergencia eléctrica aportó
una parte importante del monto total del asalto perpetrado contra la
nación en los últimos trece años que aún
está por determinarse, sin embargo, economistas
y hasta ex funcionarios del gobierno actual ubican la cifra entre los
250.000 y 350.000 millones de dólares.
Sin duda, el mayor caudal de
irregularidades se produjo alrededor del sistema cambiario impuesto por el
control de la moneda desde 2003. El
saqueo cambiario tuvo dos escenarios principales, el de las importaciones
fraudulentas, en su mayoría realizadas con empresas de maletín a través de
Cadivi, Sitme, Sicad y Cencoex y el de las transacciones ilegales con bonos de
la República a través de la Oficina Nacional del Tesoro, Pdvsa, Bandes,
Banfoandes y otras instituciones financieras públicas y privadas, cómplices de
la trama.
Entre Cadivi y Cencoex se
liquidaron en once años (2003-2014) más de 230 mil millones de dólares
destinados a la importación de bienes y servicios, tanto de empresas públicas
como privadas. Si el monto de lo defraudado se estima en un 60% a través de
empresas de maletín, sobrefacturación e importaciones que no llegaron, el
saqueo cambiario, sólo por este concepto, se aproxima a los 140 mil millones de
dólares.
En cuanto a la tesorería
nacional, se calcula que solo entre el ex tesorero teniente Alejandro Andrade y su sucesora y
subordinada la sargento Claudia Díaz Guillén, manejaron más de 7.000 millones
de dólares en bonos a espaldas de los mejores intereses de la nación.
Es hora de empezar a sacar
las cuentas de la corrupción para
recuperar el dinero robado a la nación, como planteamos en las propuestas del
libro El Gran Saqueo.
Carlos Tablante
carlostablanteoficial@gmail.com
@TablanteOficial
Caracas – Venezuela
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