Decía la ministra
inaugural de la cartera de Agricultura Urbana en su brevísima quincena de
ejercicio en el cargo y antes de ser suplantada vía Twitter, que las carencias
alimentarias serían subsanadas con una “cayapa de la siembra”, bajo el mandato
de “buscar cualquier espacio, un balconcito, una botella vieja, una latica,
para sembrar”. Ya Laureano Márquez, con su insuperable pluma y particular
gracejo, glosó esas torpes declaraciones; a ellas les remito.
Esa mirada primitiva
para remediar el hambre de los pueblos con técnicas agrícolas paleolíticas
tiene un remate peligroso en la Ley de Semillas, aprobada por la Asamblea
Nacional 2010-2015 en sus estertores finales (Gaceta Oficial Extraordinaria
6207, 28/12/2015). La ley es de tal gravedad por el desconocimiento de
conceptos biológicos modernos y por el atraso que traerá al agro y la economía
venezolanos, que las alarmas se han encendido en los sectores relacionados con
el asunto. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ya se ha pronunciado
al respecto.
Llena de frases
sesgadas políticamente (agricultura comunal y ecosocialista, valoración de la
“semilla indígena, afrodescendiente, campesina y local”, agroecología
socialista, entre otras), la ley está diseñada para prohibir cualquier uso,
multiplicación o producción de semillas transgénicas bajo la pretensión de que
con ello “se preserva la diversidad biológica y la vida en el planeta”. Se
desconocen así los avances científicos en la materia que han permitido a través
de pruebas rigurosas, el uso de aquellos organismos genéticamente modificados
(OGM o transgénicos) que se hayan demostrado beneficiosos y exentos de efectos
nocivos.
¿Ejemplos de OGM de
uso mundial, incluida Venezuela? La casi totalidad de la soya, sin que se hayan
reportado daños a la salud de los consumidores. Y provenientes de bacterias GM,
toda la insulina de uso clínico para pacientes diabéticos y el cuajo para la
producción de quesos.
En 2015, 29 países
cultivaron más de 185 millones de hectáreas de plantas transgénicas, entre
ellos, nuestros socios de China (4 millones de hectáreas) y del Mercosur:
Brasil (42,2), Argentina (24,3), Paraguay (3,9), Uruguay (1,6) y Bolivia (1,0):
18 millones de campesinos favorecidos por incrementos de 22% en rendimientos y
68% en ganancias.
Mientras todo esto
pasa en el mundo desarrollado o en vías de desarrollo, los legisladores locales
de diciembre (ex−legisladores ahora, felizmente para los demócratas de nuestro
agobiado país) decidieron que “el Estado promoverá e impulsará el conuco como
modo de producción sustentable” (art. 46), retrotrayéndonos a un modo de
cultivo precolombino, reconocidamente ineficaz, de pobre rendimiento, capaz de
erosionar el ambiente como ningún otro sistema agrícola.
Por todo eso y más,
nuestra flamante Asamblea Nacional debe derogar esa ley anacrónica y en su
defecto, producir una legislación moderna, producto de un consenso no sólo con
comunas y pueblos indígenas (art. 16), sino sobre todo con científicos e
instituciones científicas de reconocida solvencia en ingeniería genética,
agroeconomía y afines, que aportarán conocimientos validados por el método
científico, así como de productores que participen en la redacción de una ley
que, bien orientada, servirá para el desarrollo del agro y la economía
nacional, para bienestar de nuestros ciudadanos, en un momento en que tanto
necesitamos de herramientas modernas para impulsarlos.
De paso, podrían
incorporar científicos expertos en agro en el Motor Agroalimentario que el
régimen ha instalado ahora como uno de los nueve “ejes estratégicos para el
impulso de la economía productiva”, un nuevo armatoste dentro de ese tinglado
“revolucionario” que lleva 17 años de traspiés.
TUITEANDO
1.- En ocasión del
reciente fallecimiento de mi esposo, Felipe San Blas Guerra, agradezco a nombre
de mi familia y en el mío propio, la solidaridad de instituciones, amigos y
colegas que nos han acompañado en el doloroso trance. A este medio, Tal Cual
Digital, por su emotivo homenaje.
2.- No dejen de ver a
los diputados José Guerra explicando las razones para denegar el decreto de
emergencia económica presentado por el Ejecutivo y Miguel Pizarro defendiendo a
la universidad venezolana. Al escucharlos, uno siente el orgullo de haber
contribuido con esfuerzo y voto a conformar esta nueva mayoría democrática.
Gioconda San Blas
gsanblas@gmail.com
@daVinci1412
Miranda – Venezuela
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