Justicia Federal:
Jujuy y Rosario, descuidos paralelos con los narcos.
El Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó:
“uno de los dirigentes más importantes” de la agrupación barrial y mano derecha
de Sala, apodado “Beto Cardozo”, es el encargado de comandar “la compraventa de
drogas” en Jujuy. Por su parte, Carlos Santillán, dirigente sindical jujeño,
acusó a Sala de “instalar la narcopolítica” en dicha Provincia.
Milagro Sala se encuentra acusada y hasta hoy
detenida por una de dos causas, una de instigación a la violencia y la otra por
defraudación asociación ilícita. Ambas tramitan en un tribunal de la Provincia
de Jujuy, es decir, no son tribunales federales.
La gran pregunta, es: ¿Si Milagro Sala está
sospechada desde hace años de administrar el narcotráfico en Jujuy, qué han
hecho los dos juzgados federales, N° 1 y 2, radicados en dicha provincia?
Como citamos, quienes tienen fundadas sospechas y
acusan a Milagro Sala de este delito federal son nada menos que el actual
gobernador de la provincia y un importante dirigente sindical.
Salta y Jujuy, interrogantes sobre sus tribunales
Federales
Entre 2011 y 2012, hubo agresiones y amenazas del
narcotráfico contra fiscales y jueces federales de Salta y Jujuy. La entonces
Ministra de Seguridad, Nilda Garré, les prometió protección, pero sobre los
autores de los ataques no se avanzó y no se respondió al pedido de los jueces
para que cubriera la desprotegida frontera noreste con más gendarmes y control
aéreo. En este contexto, la advertencia más macabra la recibió el Juez Federal
Carlos Olivera Pastor, cuando en septiembre de 2011, al salir del Juzgado Nº 2
de Jujuy, a su cargo, encontró una cabeza de ser humano decapitado, que había
sido dejada al pie de su auto. “En la tapa de la caja había un numero con cinco
dígitos, como el de un expediente judicial –contó–, y en su interior, la cabeza
de una persona, con pelo, piel, dientes y ojos”.
Llama poderosamente la atención que en marzo de
2012 este Juez debió renunciar por presiones de dos fiscales dependientes de la
Procuradora General de la Nación, Gils Carbó. Los fiscales Pablo Parenti y
Jorge Auat lo denunciaron por supuestas demoras en otras causas, pero de
Milagro Sala no se acordaron.
Similitudes con Rosario
A 1.243 kilómetros de distancia, se nota una
similitud con la justicia federal radicada en la Ciudad de Rosario. En Jujuy se
olvidaron de Milagro Sala; en Rosario, se acordaron recién en diciembre pasado
de la banda de los Monos. Raramente los dos jueces federales y sus respectivos
fiscales dejaron pasar diez años, antes que uno de ellos diera, recién el 23 de
diciembre pasado, una orden de arresto contra integrantes de la banda de los
Monos. Es decir, los arrestó después de la asunción del nuevo presidente.
Los fiscales, el Ministerio Público de Gils Carbó
Mientras tanto, en todos esos años, los fiscales
federales de primera instancia impugnaron los allanamientos efectuados por la
Justicia Provincial en la investigación de esta banda. Lo sobresaliente fue la
impugnación del Fiscal Federal Juan Patricio Murray contra una orden de
allanamiento de un juez de la Provincia de Santa Fe, porque en la misma éste
pidió que se buscaran estupefacientes.
El 4 de junio de 2013, este fiscal ahora ascendido
por Gils Carbó a otro cargo, pidió al juez federal Marcelo Bailaque la nulidad
de un procedimiento en el que fueron detenidas tres personas, con una orden de
allanamiento emitida por el juez de instrucción Juan Carlos Vienna (Justicia
Provincial), en el marco del megaoperativo que se venía desarrollando y que
investigaba originalmente el asesinato de Martín “el Fantasma” Paz,
presuntamente por la banda de Los Monos. En este allanamiento se hallaron
estupefacientes.
Arguyó Murray en dicha oportunidad. “Un juez de
instrucción, que desde un comienzo ha conocido su incompetencia para actuar, no
podía ignorar la falta de la misma para ordenar el secuestro de
estupefacientes, elementos para fraccionarlos, balanzas y todo otro elemento
incriminante tal como lo consignó en las órdenes de allanamiento libradas”. Y
agregó: “El juez (Vienna) supo o presupuso por algún elemento inherente a la
investigación que estaba llevando a cabo en relación al homicidio que se
ventilaba en la causa 913/12, que una de las hipótesis bajo pesquisa era la de
infracción a la ley federal de estupefacientes 23.737”.
El Fiscal recuerda que si bien se agregó a esta ley
el artículo 34 que prevé que las provincias podrán perseguir con su aparato
judicial la tenencia con fines de comercialización, y la venta al menudeo o a
los consumidores, Santa Fe no adhirió a esta norma y en consecuencia, según él,
el encuentro de drogas fue ilegal.
Como es lógico y jurídico suponer, aunque la
Provincia de Santa Fe no adhirió a la norma, esto no dificulta que pueda
ocuparse de un caso como auxiliar y después de hallarse estupefacientes, como
se hizo, girar el caso a la Justicia Federal. El fiscal dio así un ejemplo de
zaffaronismo “monista”, que favoreció a la banda de Los Monos.
Pero este caso no fue una excepción, Murray pidió
mas nulidades sobre otros allanamientos contra la banda de los Monos, aunque si
persiguió a otras bandas más ligadas con lo que su compañero, el diputado
Larroque, había llamado narcosocialismo. ¿Por qué contra unos no y contra otros
sí?
Como extraemos de sus propias declaraciones, Murray
estuvo mas preocupado por investigar al Juez Provincial Vienna que a la banda
narco de los Monos.
Es solo una curiosidad casual, que los Monos son
vecinos del Casino de Cristóbal López amigo de la ex Presidenta. El casino de
Rosario, se haya en el centro del barrio fuerte de Los Monos.
Por su parte el Juez federal Marcelo Bailaque
rechazó, en la citada ocasión, con buen criterio, el pedido de nulidad que
había solicitado el fiscal Murray, pero aquí nos surge otra pregunta. Entre
junio de 2013, fecha del encuentro de las drogas, y fines de 2014 pasó un año y
medio y recién en dicho año el Juez comenzó a investigar a Los Monos. ¿Porque
se dejó pasar tanto tiempo, si un allanamiento había vinculado a Los Monos
abiertamente con el narcotráfico, un año y medio antes? ¿Porque se esperó un
año más entre 2014 y el 23 de diciembre de 2015, para ordenar su detención?
Asalto a Arsenal y balas de los Monos
Entre 2010 y 2012 despareció una importante
cantidad de armamento en el Arsenal Fray Luis Beltrán, sito en la localidad del
mismo nombre de la Provincia de Santa Fe. En 2.012, este hecho delictivo,
motivo que el diputado nacional Julián Obiglio (PRO) elevara un pedido de
informe al por entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y al
Ministro de Defensa, Arturo Puricelli. Este pedido de informes nunca fue
contestado.
La causa cayó en el Juzgado Federal N° 3 de Carlos
Vera Barros, en Rosario. El Juez le pasó la investigación al Fiscal Gambacorta,
pero no se cito a declarar ni al Ministro Coordinador Abal Medina ni al
Ministro de Defensa Puricelli, este último responsable político del Ejército y
el otro el vocero que hizo público el delito..
Después de la última desaparición de municiones y
armamentos en el Arsenal, en 2.015, el Juez Federal Nro 3 de Rosario, Carlos
Vera Barro, ordenó varios allanamientos en donde se encontraron parte del
material sustraído en viviendas del personal del Arsenal. En una democracia,
esto hubiera motivado la renuncia del Ministro de Defensa o al menos su
interpelación por el Congreso, en ese entonces obedientemente kirchnerista.
En dicha oportunidad el Senador Nacional y
vicepresidente de la Comisión de Defensa de esa Honorable Cámara, Ángel Rozas,
presentó un proyecto mediante el cual convoca al ministro de Defensa de la
Nación, Agustín Rossi, para que informe ante la Comisión de Defensa Nacional
del Honorable Senado sobre el avance de las investigaciones referidas. Rossi ni
compareció ni informó.
También debido a este hecho la Diputada Nacional
Alicia Siciliani (PS) presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que
el Ministerio de Defensa brinde precisiones sobre lo ocurrido en esa
dependencia militar, ante las sospechas de que ese stock de municiones pueda ir
a manos de bandas vinculadas al narcotráfico, como la de Los Monos. El entonces
Ministro de Defensa no explicó nada, ni la Cámara aprobó su interpelación.
Un Senador y una Diputada, pidieron que el entonces
Ministro de Defensa explicara qué había sucedido e investigado, pero el Juez
Vera Barros no lo citó para que declarara, aunque el entonces ministro de
defensa era responsable político directo de lo sucedido. Recordemos que tampoco
lo había hecho con Abal Medina y Puricelli, aunque otro diputado nacional les
había pedido a ambos ministros, inútilmente, informes al respecto.
Agustín Rossi es responsable político, porque
además del cargo tenía a sus ordenes la Inteligencia del Ejército, que como es de
público conocimiento, fue bien organizada y dotada por él, el comandante de ese
entonces y la ex Presidente. ¿Cómo es que no averiguaron nada? ¿No
investigaron?
Rossi tiene que decir al respecto, pero no fue
citado judicialmente.
Es un tema grave vinculado al narcotráfico y por
declaraciones Siciliani y de la Policía de la Provincia con posibles conexiones
con la banda de Los Monos.
¿Por qué el Juez Federal Carlos Vera Barros no citó
al Agustín Rossi a declarar?
El 17 de febrero de 2.015, en un regimiento de
artillería de La Plata sustrajeron nada menos que un misil antitanque TOW 2,
con un alcance de 3.750 metros y gran poder de perforación de blindados. Rossi
declaró en la oportunidad que no se habían llevado el lanzador, pero este es
solo un trípode.
La gravedad del tema está dada en la siguiente
declaración de la intendenta de Rosario, Mónica Fein, quien opinó que “en 100
homicidios que se produjeron en la ciudad en el último año (de un total de 364)
se utilizaron balas calibre 9 milímetros. Sabemos que es el arma preferida de
los delincuentes. La mayor parte de las balas que se robaron del Arsenal son 9
milímetros, pero Agustín Rossi no tiene nada que declarar al respecto y la
justicia federal parece que tampoco.
Dada la gravedad de los delitos y de sus
consecuencias, el Juez Federal actuante en Rosario, debería investigar si están
vinculados entre sí estos robos de armamento y que vínculos debería tener con
el narcotráfico y hasta con el narcoterrorismo y Rossi debe ser citado.
Conclusiones
Jujuy y Rosario, unidas por el vacío de acción de
la Justicia Federal y del Ministerio Público (fiscales federales), en quizá,
los casos más graves de bandas de narcotraficantes en sus respectivas
jurisdicciones. Sin Justicia no hay orden social posible y quienes tienen la
obligación de imponerla “intrépidamente” como dijera González Calderón, son los
jueces. Estamos esperando que así suceda porque es parte del cambio necesario
en la República, considerando lo que los helenos llamaron “isonomía”, la misma
ley para todos.
Carlos E. Viana
carlosdeviana@yahoo.com
@ceeviana
Argentina
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