Los comicios parlamentarios del próximo 6-D se van a realizar en medio
de características muy especiales. Por primera vez, desde el fraudulento
plebiscito de Pérez Jiménez ocurrido en
1957, vamos a unas votaciones sin que exista una campaña electoral propiamente
dicha, en la que la oposición pueda exponer sus puntos de vista a través de los
medios de comunicación.
El secuestro de la prensa escrita y radioeléctrica ha permitido la
progresiva liquidación del debate público y ha impuesto un hermético silencio
informativo. Con la excepción de Cuba, nuestro país es el único en América
privado, en la práctica, del derecho a
la información y a la libre expresión del pensamiento.
Estos derechos consagrados en nuestro constitución han sido liquidados
mediante la compra de la mayoría de los grandes rotativos nacionales y
regionales, y el control casi total de la radio y la televisión, adquirida por
oficialistas o sometidas mediante rígida censura.
Apenas a través de las redes sociales y de algunos heroicos medios, que
aún resisten las amenazas y presiones del régimen, podemos acceder
precariamente al conocimiento de los desastres que cotidianamente sacuden a la
sociedad venezolana.
A esta realidad se suma la agresiva campaña mediática caracterizada por
las amenazas y el acoso permanente, no sólo contra la disidencia política, sino
contra la ciudadanía en general. De esa manera se usa la fuerza que da el poder
para intentar doblegar al colectivo nacional tratando de hundirle en la
pasividad el hastío y la resignación. Y a la violencia ejercida de manera
permanente por el gobierno, a través de sus organismos represivos, se suma la
de la delincuencia organizada que ha tomado posesión de nuestra vida cotidiana.
Así las cosas, en medio de una espantosa crisis económica y social
Venezuela se dispone a asistir a una de las más importantes y trascendentales
consultas electorales de su historia. A pesar de la imposibilidad de transmitir
sus opiniones y planteamientos en los medios de comunicación, y a pesar de los
escasos recursos con los cuales sufragar los gastos que implican las campañas
electorales, los candidatos opositores superan ampliamente a los oficialistas.
Esta verdad no ha podido ser escondida por el régimen, al punto que
Nicolás Maduro ha dicho públicamente que estas elecciones “serán las más
difíciles en la historia de la revolución”.
Igualmente, Maduro ha declarado que el régimen está dispuesto a vencer
en esos comicios “como sea”, y que frente a un resultado adverso la revolución
entraría en un proceso diferente de mayor radicalización para impedir la
pérdida del proceso socialista. En este mismo sentido se han pronunciado los
cabecillas más importantes del Psuv, así como los ministros y otro altos
funcionarios que actúan en abierta e ilegal campaña proselitista. Y lo más
grave, en la misma comparsa participan los altos mandos militares, convertidos
desde hace tiempo en inconstitucional
brazo armado del proceso totalitario en curso.
Los canales de radio y televisión del gobierno, incluyendo la estación
televisora de la fuerza armada, dan agresivo respaldo mediático a esta abierta
manifestación de voluntad continuista que amenaza colocarse por encima, y si es necesario, en contra de la
voluntad de cambio que el pueblo exprese en las urnas electorales.
Además, el CNE, el Tribunal
Supremo de Justicia, la Contraloría, el
Defensor del Pueblo, y por supuesto la Fiscal General, han respaldado de manera
reiterada y permanente, el tejido fraudulento
construido de cara al 6D, constituyéndose en el muro institucional que protege
el descarado ventajismo oficialista. Gracias a ello, ninguno de los reclamos
formulados por la Mesa de la Unidad ante el organismo electoral han sido
considerados. Por el contrario, las denuncias han sido desechadas y calificadas
recientemente por Tibisay Lucena como argucias planteadas por “grupúsculos
minoritarios” destinadas a desestabilizar al país y a desconocer de antemano
los escrutinios que finalmente anuncie el CNE
La próxima elección parlamentaria venezolana es la única consulta
comicial latinoamericana objeto de cuestionamientos por los más importantes
sectores de la comunidad internacional. En ninguna de las votaciones celebradas
recientemente en nuestro continente se ha puesto en duda la imparcialidad de
los árbitros institucionales. En ninguna de ellas han participado los militares
como instrumentos políticos al servicio del gobierno. Y en todas se ha preservado la independencia de los
poderes públicos y la voluntad ejercida libremente por los ciudadanos.
Por el contrario, en nuestro caso, la precaria condición de nuestro
agonizante sistema de libertades se ha puesto en evidencia de manera cada vez
más evidente ante los ojos de la comunidad internacional, incluyendo a sectores
que han sido cómplices activos o silenciosos de los gobiernos de Hugo Chávez y
de Nicolás Maduro.
En los países integrantes del Mercosur y Unasur, se ha debilitado
sensiblemente el respaldo al gobierno de Caracas, ante las injustificables
prisiones de los dirigentes democráticos, la represión, la censura, el acoso a
la oposición, y la violación de derechos
humanos fundamentales. Todos estos atropellos acrecentados en las proximidades de las elecciones del
poder legislativo.
En Brasil el Tribunal Superior Electoral rechazó el veto del gobierno de
Venezuela al reconocido jurista de ese país Nelson Jobim, propuesto para presidir la comisión de
observación de Unasur. Es de recodar que
Jobim fue miembro del Gabinete del expresidente Lula. Como consecuencia de estos hechos el vecino país decidió
abstenerse de participar en la misión.
El Secretario General de la OEA Luis Almagro, en comunicación enviada a
la Presidente del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, afirma que el rechazo del CNE a la observación
electoral por parte de la Organización de Estados Americanos, se corresponde a
un “posicionamiento político”. Y le advierte
en el extenso documento de doce
cuartillas, que sin la observación con plenas garantías “usted estará faltando
a obligaciones que hacen a la esencia de
las garantías que debe otorgar”. Dice además que las elecciones venezolanas se
preparan en “un terreno de juego desnivelado”, y que “las condiciones no están
garantizadas al nivel de transparencia y justicia”.
Mientras tanto, el candidato de oposición en Argentina Mauricio Macri ha
anunciado que luego ganar la presidencia, solicitará la aplicación de la Carta
Democrática Interamericana a nuestro país, debido a la reiterada violación de
sus principios por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
En medio de estos factores que van conduciendole a un aislamiento cada vez mayor, el gobierno
parece decidido a enfrentar la adversidad profundizando la cuota de violencia y
de hostilidad que siempre le ha caracterizado. Sólo que ahora el régimen tiene ante
sí un adversario desconocido, al que le va resultando imposible dominar.
Estas elecciones del 6D no las deciden las tareas proselitistas, ni las
campañas partidistas que en nuestra vida democrática hemos protagonizado los
venezolanos. Es la descomposición de nuestra vida económica y social, con sus
terribles consecuencias sobre las grandes mayorías, la que está marcando el
camino político de la nación. Para Venezuela las elecciones parlamentarias
aparecen hoy como una última esperanza de conducir por vías pacíficas la
recuperación del país.
Las amenazas que desde Miraflores y desde los otros centros de poder nos
lanza el oficialismo, parecieran conducir a la implementación de mecanismos que
permitan adulterar el resultado electoral. Se trata del fraude como respuesta a
una derrota segura. Es la opción de una cúpula oficialista acorralada por el
repudio que se extiende más allá de nuestras fronteras, y que se traduce en
solidaridad activa con la causa de la libertad venezolana. Por ello, al
acercarse el día decisivo, suenan las alarmas democráticas.
Julio Cesar Moreno Leon
juliocesarmorenoleon6@gmail.com
Miranda - Venezuela
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