Si a las violaciones a La Constitución
de la República Bolivariana por parte del régimen que presidió Hugo Chávez, le agregamos una mayor
y brutal represión del gobierno cívico militar de Nicolás Maduro, y el rotundo
fracaso en materia de desarrollo económico del país y del bienestar de los
venezolanos, la complicidad con funcionarios públicos, señalados
internacionalmente, con vinculaciones con la corrupción y el narcotráfico, con
las mafias organizadas del hampa que controla las cárceles, domina las calles y sobre todo los barrios
más pobres donde asesinan a centenares de jóvenes en una semana, a miles en un mes y a un total
de más de 200 mil en los 16 años de gobierno autoritario, la mayoría que creyó
que Chávez iba a arreglar el país y votó por él en varias oportunidades,
comienza a buscar otro rumbo democrático y de progreso para todos los
venezolanos, porque los herederos han resultados peores.
Sin respeto alguno a
fundamentales disposiciones constitucionales, no sólo han destruido
las principales empresas públicas, como las de Guayana y PDVSA, más las privadas expropiadas y otras amenazadas,
sino también utilizado el Poder Judicial para condenar sin pruebas a dirigentes
políticos de la oposición, inhabilitar a
otros seguros ganadores en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre,
para que no puedan participar en las mismas, y secuestrar a luchadores de
prestigio popular indiscutible como Antonio Ledezma, Manuel Rosales y al Alcalde Ceballos de San Cristóbal.
La primera
manifestación de gobernar al margen de la Ley, fue la violación de la orden o del testamento del todavía Presidente de la República, Hugo Chávez, de
que Nicolás Maduro terminara el período que se vencía el 10 de enero de 2013 y
fuera escogido como su candidato en las elecciones que se realizarían de
acuerdo a lo establecido en Constitución Nacional Bolivariana, con lo que se
hizo evidente de hacia dónde nos conduciría la tendencia
autoritaria que impuso el difunto
Comandante en Jefe, desde su elección
hasta diciembre de 2012, cuando apoyado
o inspirado en esa política, los poderes Públicos se coludieron para que
el Vicepresidente continuara en el poder usurpado.
Controlado el Poder
Judicial por el Ejecutivo, los venezolanos no disponemos de una instancia nacional independiente para defender nuestros derechos
constitucionales, desconocidos o
violados por funcionarios públicos en
complicidad con diferentes poderes para abusar de los límites legales de sus
atribuciones.
Son varios los casos conocidos
públicamente de ciudadanos que han apelado a todas las instancias legales del
país y se han considerado burlados en sus derechos legales, y han tenido que
acudir a organismos internacionales investidos de autoridad por Acuerdos y Convenios ratificados por Venezuela, para
hacer valer sus derechos.
De allí que la salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos ordenada por el extinto
Presidente Chávez, no solo retrocedió
nuestro país a etapas primitivas
de gobernar sin sometimiento a las leyes nacionales e internacionales, sino a
la voluntad personal del gobernante que asume
ilegalmente todos los poderes del Estado, como en las antiguas
monarquías o en algunos regímenes
personalistas que se creen enviados por la Providencia o por mandato de una
historia creada por ellos, incluso para traspasar dicho poder a sus
descendientes.
Afortunadamente, una evidente mayoría
de electores en el país está enrumbada hacia una lucha democrática, pacífica y
electoral, según lo acordado por la Mesa de Unidad (MUD) coordinada por Jesús
(Chúo) Torrealba como Secretario Ejecutivo, y a unas elecciones en las que los
venezolanos escogerán los nuevos
diputados de la Asamblea Nacional, y en las que la Alternativa Democrática,
puede y debe triunfar para darle un vuelco a Venezuela, restaurar el sistema republicano de
independencia de los Poderes Públicos,
poner en funcionamiento las
instituciones de una democracia moderna, aprobar una Ley de Amnistía para
presos políticos y exiliados, y superar
la crisis inflacionaria, el desabastecimiento, la inseguridad y las humillantes
colas para tratar de conseguir algunos alimentos y medicinas.
Después de 16 años de violación de los
Derechos Humanos de venezolanos inocentes, sentenciados algunos a 30 años de
presidio por orden del desaparecido ¨comandante eterno¨, Hugo Chávez, como en
el caso de los comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Forero y
Vivas, los policías que también fueron encarcelados injustamente, la Juez
Afiuni sentenciada por el ex-Presidente en un programa de televisión, el país
democrático puede y debe intentar
ponerle fin a semejantes arbitrariedades, y sobre todo impedir que las
siga cometiendo el heredero Nicolás Maduro, sin una instancia internacional a
la cual apelar, derrotándolo en en las elecciones del 6 de diciembre.
Juan Paez Avila
jpaezavila@gmail.com
@jpaezavila
Miranda - Venezuela
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