Este domingo 06 de diciembre se
realizarán las elecciones más cruciales de nuestro parlamento históricamente
reconocido como el más antiguo de Latinoamérica.
Es un proceso internacionalmente observado con
preocupación por instituciones que han emitido documentos y declaraciones,
apuntaladas últimamente en hechos de violencia que ya han producido muertes.
Tal es el caso de la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas (ONU),
Unión Europea, Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Amnistía Internacional
y gobiernos de EEUU, España, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, Brasil, Costa
Rica y el electo de Argentina.
En agosto 2000 se instaló la primera
Asamblea Nacional (AN), parlamento unicameral que sustituyó al tradicional
bicameral, característico de Estados Federales, tal se define Venezuela en
Carta Magna. Ese primogénito organismo estuvo conformado por alianza
oficialista con 115 parlamentarios, que al año se redujo a 83. Los otros 82
eran del Bloque por la Autonomía. La segunda AN
fue electa en 2005, con la absurda abstención de la Oposición y la
tercera en vías de expiración, instalada el 5 de enero 2011 fue elegida con
mayoría de votos de Oposición: 5.448.864 (48%), pero Oficialismo con 5.259.998
sufragios (46,4%) se asignó mayoría de diputados.
Para la cuarta AN se elegirán 167
diputados (dos más que los actuales). Para su conformación serán seleccionados
en forma nominal 113 parlamentarios; 51
en lista y 3 nominales por representación indígena. Para el efecto se han
constituido tres regiones: Occidente (Zulia, Mérida y Trujillo); Sur (Amazonas
y Apure) y Oriente (Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre).
La estructura unicameral impone
un doble carácter a cada diputado: representante de la entidad federal (en la
cual por expreso requisito constitucional, debe haber residido cuatro años
consecutivos) y representante popular. La función parlamentaria es de dedicación
exclusiva y estará sometida al referendo revocatorio.
Ética, moral y
constitucionalmente consideramos que deben cumplir ese mandato. Así como de
pasar a ejercer otra función en Administración Pública están impedidos de
volver al Parlamento, deben estarlo cuando en forma perversa piden permiso para
postularse a otros cargos de elección y de no ser favorecidos vuelven a su
curul.
De las atribuciones de la AN
destacan la función de control político sobre la Administración Pública.
Con votación calificada de las
dos terceras partes puede ejercer voto de censura al Vicepresidente y a los
Ministros. Otros mecanismos de control son interpelaciones, investigaciones,
autorizaciones.
La AN tendrá iniciativa en
materia de leyes, enmienda, reforma y Asamblea Constituyente. En lo relativo a la organización y
funcionamiento cuenta con un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario y
un Subsecretario. El número de comisiones queda limitado a quince.
Aplicar la Constitución Nacional
es el gran reto planteado para el nuevo parlamento, comenzando por el rescate
de su origen etimológico: parler (hablar). Un autoritario reglamento limita a
un solo día a la semana las sesiones ordinarias y la intervención de diputados.
En los debates políticos tendrán un máximo de quince minutos y una segunda de
siete. En discusión de acuerdos una inicial de cinco y la segunda de tres. Este
mismo tiempo tendrá cuando fuera aludido o referido. Y en derechos
fundamentales es prioridad el acceso al salón de sesiones, como históricamente
se hacía, de periodistas, para divulgar “reunión de representantes del pueblo”.
Rescatar la Institución es el reto de la votación del domingo.
Al MARGEN. “Las Fuerzas Armadas
se han convertido en el partido político que controla 92% de la economía del país”,
es una de las relevantes conclusiones del libro El gran saqueo de Carlos Tablante y Marcos Tarre.
Alberto
Jordan Hernandez
Jordanalberto18@yahoo.com
@albertojordanh
Aragua -
Venezuela
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